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El cambio de Gobierno acelera el ocaso del carbón en España

Las electricas preparan la clausura de centrales mientras se acerca el fin de las minas subterráneas

Central térmica de Soto de Ribera (Asturias).
Central térmica de Soto de Ribera (Asturias).

Lada, Guardo, Compostilla, Teruel, Anllares... La cuenta atrás para el cierre de estas centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad ha comenzado. Las eléctricas se preparan ya para acometerlo. “No son económicamente viables”, señala una de las compañías sobre las costosas obras que se deben hacer para cumplir a partir de 2020 con los exigentes estándares europeos contra la contaminación y el cambio climático. “Es más fácil ahora acometer los cierres”, admiten en el sector, porque el nuevo Gobierno ha abandonado la idea de impedir por decreto el fin de las centrales de carbón que proyectó el Ejecutivo del PP. Las 15 térmicas que funcionan ahora en España son responsables del 14% de los gases de efecto invernadero de todo el país.

Las normas que la UE ha ido aprobando para luchar contra el cambio climático y la contaminación apuntan hacia un mismo lugar: el fin del uso del carbón para generar electricidad. Porque cada vez serán más duras las restricciones sobre los contaminantes que expulsan las centrales que queman este combustible; porque la UE ha modificado el sistema de comercio de derechos de gases de efecto invernadero para que cada vez sea más caro emitir CO2 a la atmósfera; porque los Veintiocho también han acordado que en 2018 se acaban las ayudas estatales a la minería del carbón...

En definitiva, porque el compromiso contra el cambio climático —que Europa dice abanderar en el mundo— ha hecho que la UE construya en los últimos años un armazón legal para que se deje de quemar carbón.

El 17,2% de la electricidad que se consumió en España en 2017 procedía de las 15 centrales térmicas que usan este combustible y que aún están operativas. Para producir esa energía esas instalaciones expulsaron a la atmósfera 46,5 millones de toneladas de CO2 equivalente (la medida que se emplea para los gases de efecto invernadero). Esto supone que esas 15 centrales acumulan ellas solas casi el 14% de los gases de efecto invernadero que emitió toda la economía española en 2017.

Las centrales son propiedad de las cinco grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EDP y Viesgo. Y, según la información que las empresas trasladan a EL PAÍS, hasta ocho de las 15 centrales están en riesgo de cerrar en un plazo máximo de dos años. Iberdrola quiere clausurar de aquí a 2020 las térmicas de Lada y Guardo, las dos únicas de carbón que esta multinacional aún tiene abiertas en el mundo. Endesa hará lo mismo con Compostilla y Teruel, porque la empresa no considera que sea rentable acometer las obras para reducir los contaminantes que la UE exige a este tipo de centrales si quieren seguir operando más allá de junio de 2020. Gas Natural ya tiene decidido que Anllares no continuará y está a punto de decidir qué hace con Meirama. Viesgo sostiene que no tiene una decisión tomada, aunque en el caso de su térmica de Puente Nuevo en este momento no están “considerando una importante inversión” debido a “los requerimientos regulatorios y las condiciones de mercado”. Y si no acometen las obras para reducir los contaminantes, en dos años tendrá que cerrar.

Al coste de realizar las mejoras que exige la UE se añade otro factor: en lo que llevamos de año se ha duplicado el precio del CO2 que esas centrales tienen que pagar por cada tonelada que emiten de ese gas de efecto invernadero. Con la reforma de este mercado acordada por los Veintiocho la previsión es que sigan subiendo. Cada vez será menos rentable usar carbón. “No son económicamente viables”, resumen en el sector sobre algunas de estas instalaciones de España.

En el caso de la central de carbón de Alcudia es el Gobierno de las Islas Baleares, donde está esa térmica, el que exige que se deje de quemar este combustible... Si todas estas térmicas se clausuran en los próximos dos años desaparecerá casi la mitad de la potencia instalada de térmica de carbón que hay ahora en España.

En el sector admiten que el cambio de Gobierno facilita este ocaso del carbón, que ya se ha producido en países como el Reino Unido y al que otros Gobiernos —como el de Francia, Italia o Portugal— se han comprometido a acelerar en los próximos años. Cuando en noviembre de 2017 Iberdrola anunció su intención de cerrar sus dos térmicas, el entonces Ministerio de Energía —que dirigía Álvaro Nadal— salió en tropel y anunció que impediría esa clausura (y otras que se preveían) por decreto. Pero Nadal no encontró apoyo de ningún partido en el Congreso para aprobar su norma; recibió un rapapolvo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; e, incluso, fue advertido de oficio por Bruselas. Nadal argumentaba que se podría producir un aumento de los precios de la electricidad con el cierre de esas centrales. Pero hasta el comité de sabios que el ministerio puso en marcha para ayudar a diseñar el futuro energético de España partía en su informe final de recomendaciones de un escenario en el que no había carbón en 2030.

“Por esa vía no se iba a ninguna parte”, resumen fuentes del PSOE sobre la posición que adoptó Nadal. El Gobierno ha cambiado y Pedro Sánchez ha situado las competencias de energía en el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica. Su titular es Teresa Ribera, especialista en cambio climático y responsable del llamado Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, que asesoraba a Sánchez antes de llegar a La Moncloa. Ese consejo elaboró un informe sobre el futuro energético en el que ya se contemplaba el “el cierre paulatino de las centrales de carbón antes de 2025”. Una vez nombrada ministra, Ribera dio por bueno ese horizonte y admitió que “el carbón tiene poco futuro”.

El ministerio ha rechazado concretar a EL PAÍS los planes que maneja ahora para este sector. En todo caso, este departamento tendrá que pronunciarse, por ejemplo, en el plan de energía y clima que tiene que presentar ante Bruselas este 2018 y donde deberá esbozar una hoja de ruta energética para los próximos años.

Las primeras declaraciones de Ribera poniendo en duda el futuro del carbón despertaron las críticas en las pocas cuencas mineras que aún quedan en España. El 86% del carbón que utilizaron las 15 centrales españolas el pasado año era importado, según datos de la patronal del sector. La condena para estas zonas mineras viene, de nuevo, desde Bruselas. La UE estableció en 2010 que a partir de 2019 ninguna mina de carbón podría seguir recibiendo ayudas. Además, el Gobierno español y la Comisión Europea acordaron que después del 31 de diciembre de 2018 las minas que quisieran seguir operando deberían devolver todas las ayudas para el cierre que las empresas han recibido desde 2011.

Estas ayudas ascienden a más de 524 millones de euros, según la patronal Carbunion. La empresa que más ha recibido es la pública Hunosa, que a su vez acumula alrededor de la mitad de las 2.265 personas que aún están en España dentro del Régimen Especial de la Minería del Carbón.

En el sector se estima que, ante el escenario de devolución de las ayudas al cierre, la mayoría de minas subterráneas cerrarán este año. Algunas de las que son a cielo abierto —con mucho más impacto medioambiental pero más baratas de explotar— podrían continuar al haber recibido muchas menos ayudas algún tiempo más. En todo caso, su futuro también estará ligado al de las centrales térmicas que se construyeron para quemar este combustible y que ahora enfilan el proceso de cierre.

Contratos de transición ecológica en las comarcas afectadas

En la dirección del PSOE preocupan las comarcas que puedan verse afectadas por el cierre del carbón, tanto de las centrales como de las minas. Aunque el empleo relacionado con esta actividad se ha reducido considerablemente —en los ochenta eran 50.000 las personas que estaban dentro del régimen especial, frente a las menos de 2.300 de ahora—, el malestar de algún barón territorial y de parte de UGT ha hecho saltar alguna señal de aviso en la dirección socialista. "Esperamos que el partido en Asturias y el sindicato se incorporen al proceso de transición justa", sostienen fuentes socialistas.

Con este término se refieren a la búsqueda de salidas para los trabajadores afectados. Ya existe una plataforma europea de comarcas en transición y en la futura directiva de la UE de renovables se contemplarán fondos para esas zonas. En el PSOE tienen en la cabeza fórmulas como los "contratos de transición ecológica" que el Gobierno francés ha puesto en marcha para las áreas de influencia de cuatro centrales de carbón que cerrarán en 2022. "Se trata de implicar a las tres Administraciones, a las empresas y a los trabajadores", señalan desde el PSOE. "Hay que generar empleo para que no se produzca un colapso social", resumen estas fuentes.