Los registros deben responder en tres meses a los posibles afectados por robo de bebés

La ley de niños robados ha arrancado este martes por la tarde en el Congreso con la unanimidad de los 344 diputados presentes y un emocionado aplauso de reconocimiento de todo el hemiciclo, sin colores políticos, a los representantes de las asociaciones de víctimas.  Y también con algunas novedades relevantes.

Es la primera vez que se legisla en España a nivel nacional sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas y que se plantea la obligación de que todos los registros, públicos y privados (sobre todo en este caso de la Iglesia católica), tengan que responder en menos de tres meses las cuestiones de los posibles afectados o interesados. Si el registro es público la respuesta deberá ser gratuita. Todos los partidos consensuaron, tras la histórica votación, que la ley se tramite con la mayor urgencia para que pueda entrar en vigor antes del verano.

El pleno del Congreso ratificó así el primer paso para el impulso de una ley estatal que reconozca de manera integral todos los derechos de las familias víctimas de bebés robados. Iniciativas similares ya habían salido adelante en los Parlamentos autónomos de Navarra, Andalucía o la Comunidad Valenciana. La proposición de ley fue registrada en el Congreso este pasado septiembre a propuesta de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CaAqua) y otras 17 asociaciones de bebés robados y ayer fue presentada por los grupos del PSOE, Unidos Podemos, ERC y Mixto.

La ley establece el acceso a documentación de los citados registros públicos y privados en menos de tres meses, la creación de una base de datos nacional de ADN controlada por el Ministerio de Justicia, una fiscalía y una unidad de la policía judicial especializadas y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad.

El portavoz del PSOE que defendió la propuesta, Antonio Hurtado, destacó en el debate la importancia de la obligación de dar respuesta a los interesados que tengan dudas sobre el posible robo de un niño en el plazo inferior a tres meses, en el caso de los públicos de forma gratuita y en el caso de los privados sufragada por el propio ministerio. Muchos afectados por el robo de bebés se han encontrado durante estos años con trabas, especialmente de instituciones relacionadas con la Iglesia católica, para obtener datos.

Tras la aprobación unánime en el pleno, los diputados que componen esa comisión salieron a hacerse una foto con las familias de las asociaciones de víctimas en las puertas del Congreso y allí mismo adquirieron el compromiso de agilizar al máximo los trámites necesarios antes de la entrada en vigor de la ley. Si esa promesa se cumple, y sobre todo el PP y Ciudadanos no registran bloqueos en los trámites de enmiendas y de la mesa, la ley podría entrar en vigor para mayo o junio de 2019.

Registro estatal de ADN

Hurtado ha resaltado en el debate que la ley estatal dotará entonces a las familias víctimas de "herramientas, instrumentos normativos y los recursos necesarios" para que el Estado cumpla con "su obligación de investigar la verdad de los hechos, que las víctimas obtengan justicia, reparación, y asegurar que este terrible crimen no se vuelva a repetir jamás”. Esos recursos se definirán cada año por parte de la citada Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad en los Presupuestos Generales del Estado.

Con respecto al registro estatal de ADN gratuito la ley es un poco más precisa que la normativa vigente. En 2012 ya se creó una base de datos similar, entonces entre los Ministerios del Interior, Justicia y Sanidad, a la que se apuntaron muy pocos interesados. El nuevo registro lo supervisará ahora Justicia y en el mismo se podrán inscribir todos los que se consideren víctimas. Figurarán en un catálogo que revisará cada año también la Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad. Ese registro será gratuito como lo será también, si es necesario, practicar alguna exhumación.

Hurtado valoró especialmente en su intervención que con esta ley “España empieza a cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas para investigar y juzgar estos crímenes" y para acabar, tras 40 años de democracia, con la impunidad de los que robaron niños en cárceles, hospitales y clínicas, públicas y privadas.