Enseñar a engañar

La ofensiva del Gobierno contra las pseudoterapias es científicamente impecable. Si estos elixires de la salud que carecen del menor soporte empírico fueran meramente inútiles, los ministerios de los que estaríamos hablando serían los de Economía y Justicia, a los que compete perseguir la estafa. El mero hecho de que el protagonismo sea de Sanidad y Ciencia revela un aspecto más grave aún: que las pseudoterapias matan, porque inducen al paciente a abandonar o retrasar los tratamientos basados en la ciencia. Uno de los santos contemporáneos de las masas acríticas, Steve Jobs, pagó con su vida esa fe en los chamanes. Y hemos conocido otros casos espeluznantes en los últimos tiempos.

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De las medidas incluidas en el Plan de protección de la salud frente a las pseudoterapias propuesto por el Gobierno, la más contundente es seguramente la de eliminar las pseudoterapias de los centros sanitarios. Si las pseudoterapias no solo no sirven para curar nada, sino que además suponen un riesgo para la vida del paciente, esta medida debería ser tan obvia como el amanecer. Sacarla adelante, sin embargo, tendrá muy ocupados a los servicios jurídicos de dos ministerios. Hay un enjambre de decretos ley que, ahora mismo, garantizan el negocio y la impunidad de los estafadores sanitarios. Una de las trabas más chocantes es una directiva europea de hace casi 20 años que obliga a considerar los productos homeopáticos como "medicamentos", cuando no lo son, puesto que no han demostrado ni su seguridad ni su eficacia en ensayos clínicos.

Pero, si esa es la medida más contundente, la más importante a largo plazo es otra bien distinta: expulsar de la universidad las titulaciones en estas pseudociencias. Será difícil, o imposible, impedir que una "medicina alternativa" se venda en un mercadillo de hortalizas ecológicas, pero que una universidad expida títulos sobre patrañas pseudocientíficas es insoportable en un sistema de educación superior que se pretende serio. Eso es validar la farsa, perpetuar el enredo, engañar a gente. Peor aún: enseñar a la gente a engañar a la gente. No hay por dónde cogerlo, y el Gobierno hace bien en proponer eliminarlo. Veremos hasta dónde llega la autonomía universitaria en su defensa de lo irracional.

El resto del paquete también es interesante, porque plantea campañas de información "basadas en el conocimiento y la evidencia científica" (es decir, de información) y restricciones a la publicidad engañosa de estos productos. Una buena campaña, seguramente, sería construir unas webs oficiales que ofrecieran una información puntual, transparente y fundamentada de la mejor ciencia disponible. Sabemos que es posible, porque los NIH (institutos nacionales de la salud) y los CDC (centros de control y prevención de enfermedades) norteamericanos lo llevan haciendo 20 años. Adelante, pues.