Desalojada una joven con un 66% de discapacidad

El desalojo de Safira Sánchez se ha ejecutado. Esta joven de 23 años sufre una discapacidad del 66% debido a una enfermedad cardiovascular catalogada como rara. Cobra una pensión de 380 euros al mes como único ingreso. En 2014 ocupó una vivienda de protección oficial en Guadalajara, donde ha vivido sola hasta este lunes, cuando ha sido desalojada. Pese a que carece de una alternativa habitacional; pese a que el comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU instó a España, mientras estudia el caso, a tomar medidas para "evitar daños irreparables, incluyendo la suspensión del desahucio o la entrega de una vivienda alternativa"; pese a que varias decenas de personas se han concentrado frente a la casa para intentar frenar el desalojo. 

Eran aproximadamente las diez y media de esta mañana cuando Safira Sánchez se quedó sin un lugar en el que vivir. En ese momento, tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital. "Estaba muy nerviosa. Comenzó a perder movilidad en un brazo y temimos que fuera un infarto. Llamamos a la ambulancia, la atendieron en su casa, pero al final tuvieron que llevársela", explica por teléfono su abogado, Diego Herchhoren. "Tiene el corazón muy dañado debido a su enfermedad, arteritis de Takayasu", añade. Horas después fue dada de alta y ella, "en estado de shock, fue a descansar. Ahora está en casa de su madre, donde ya son muchos, viven unos ocho", cuenta Gustavo Rioja, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara, que ha pasado la noche junto a ella para intentar frenar el desalojo. "Los sanitarios de la ambulancia trataron de que la policía no entrara por la fuerza, pero fue imposible. Nos fueron apartando uno a uno y tiraron la puerta abajo. Ha sido intimidatorio y muy desagradable. Ella está destrozada".

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La joven ocupó una vivienda de protección oficial en 2014. Según explica su abogado, la casa estaba vacía desde 2009, cuando una familia fue desahuciada. Kutxabank adquirió entonces la vivienda. La entidad ha informado de que el procedimiento judicial para el desalojo se inició en noviembre de 2016. "En febrero de 2017 expiró el periodo de protección de la vivienda", cuenta el abogado de Sánchez. "Cuando Safira se puso en contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ya había sentencia", apunta. Han logrado paralizar dos desalojos, uno en junio y otro el pasado septiembre. Pero ha sido imposible frenar el tercero. "Y ello, pese a la postura del comité de la ONU, que el pasado septiembre admitió a trámite la denuncia de la PAH". 

"España firmó y ratificó el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2009 y 2010, respectivamente", explica Alfonso Sánchez, portavoz de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha. "Contempla, entre otros asuntos, el derecho a la vivienda. Los órganos judiciales han hecho caso omiso [a la postura del comité], pese a que deben cumplir las resoluciones de órganos de la ONU", continúa. Él formaba parte de las decenas de personas que esta mañana se han manifestado frente a la vivienda. "La resolución establecía que debía paralizarse el desalojo a no ser que se diera una alternativa habitacional, y no se han dado opciones". 

La Consejería de Bienestar Social sostiene que el hecho de que la vivienda fuera ocupada de forma irregular impide a la Administración otorgar una solución habitacional definitiva. "Existe un registro de demandantes de vivienda social que en Guadalajara cuenta con más de 2.000 inscritos", señala, y no pueden "saltarse ese listado de manera arbitraria". Fuentes de la Delegación de la Junta de Castilla-La Mancha en Guadalajara señalan que se enviaron tres burofaxes a Sánchez planteándole las ayudas de emergencia social a las que podía acogerse y que ella no respondió ni acudió a las citas para tratar su caso. Gustavo Rioja, de la PAH de Guadalajara, asegura que esto es falso. "No contestamos a burofaxes porque no tiene posibilidades económicas, pero sí acudimos personalmente", prosigue. 

"Lo que ofrece la Junta de Castilla-La Mancha no soluciona el problema", asegura el abogado de Safira Sánchez. El letrado explica que en septiembre le dieron la opción de una ayuda de emergencia social, acogida en un centro de atención residencial para personas sin hogar o alojamiento temporal para situaciones de emergencia social. "Estas dos últimas opciones son la misma: un albergue. La única solución que dan es que Safira se vaya a un centro al que se puede acudir por días, con personas sin hogar, algo que no se acoge a sus necesidades. No es una alternativa habitacional, es simplemente una opción temporal. La ayuda de emergencia social es algo puntual, insuficiente, tampoco aporta una solución al desahucio", critica Herchhoren. "No quisieron intermediar con Kutxabank", prosigue.

Desde la Delegación de la Junta en Guadalajara puntualizan que la oficina de intermediación no puede intervenir en este caso dado que se trata de una ocupación, no de un desahucio por impago de hipoteca. Su abogado responde: "No vamos a permitir que Safira se quede desamparada. Si hay que ocupar otra casa, la ocuparemos".