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“No sé por qué la Xunta quiere acabar conmigo”

Una anciana ourensana se traslada a vivir a un hotel tras sufrir acoso inmobiliario por el Gobierno gallego

Lucila Vázquez, en la cafetería del hotel de Ourense en el que vive actualmente.
Lucila Vázquez, en la cafetería del hotel de Ourense en el que vive actualmente.

"¿Por qué me están haciendo esto a mí? Soy mayor y quieren acabar conmigo, no sé por qué”. Cumplidos los 90, Lucila Vázquez ve pasar los meses alojada en una pequeña habitación interior de un hotel al que se trasladó el pasado agosto tras romperse la cadera, después de que el Gobierno gallego, su casero, clausurase el ascensor del edificio de Ourense en el que vive en alquiler desde 1963.

La Xunta de Galicia, que se hizo con el inmueble en 2001 y quiere destinarlo a oficinas de sus departamentos para ahorrarse los alquileres que ahora paga, lleva desde entonces intentando desalojarla del piso. Tras un fracaso del intento de desahucio por vía judicial, acabó suprimiendo el mantenimiento básico del inmueble (los servicios de limpieza y luz) y, finalmente, el pasado enero, clausuró el ascensor —apelando a problemas técnicos no resueltos de momento— que le permitía a la anciana salir y entrar a su cuarto piso tantas veces como quería. “Al principio me conformaba con salir por la mañana a la calle, comía algo por ahí y volvía a la noche pero en cuanto me rompí la cadera, este verano, me tuve que encerrar en casa, así que acabé viniendo al hotel”, cuenta, agitada, desde la cafetería del establecimiento en el que se aloja.

Está a escasos metros del piso de su hija, en el que tampoco puede instalarse porque no está acondicionado para ella. “Tanto en mi casa como en el hotel tengo ducha y mi hija tiene una bañera en la que no puedo meterme”, explica ejemplificando alguno de los inconvenientes. Consciente de que tiene al día sus pagos del alquiler y el contrato en vigor, la mujer cree que está siendo perseguida. La Fiscalía, también.

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, se ha querellado contra dos cargos del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo (PP): la secretaria general técnica, Socorro Martín Hierro y el subdirector de Patrimonio de la Consellería de Facenda. Los acusa de acoso inmobiliario. Sostiene la Fiscalía que el Gobierno gallego está utilizando con la inquilina “medidas de compulsión irregulares y no amparadas en Derecho, con dejación consciente y manifiesta de las obligaciones” de propietario-arrendador. Asegura además el ministerio público que la supresión de los servicios básicos del edificio, convertido en “insalubre”, se produce tras fracasar en el desahucio judicial, alude al intento de la Xunta de “forzar y doblegar” la voluntad de la anciana para que abandonara el piso o aceptara un acuerdo “sin especificar” y que “de antemano sabía que no iba a ser concretado ni aceptado porque habría de ser con condiciones peores que la situación actual”.

Feijóo, que se ha mostrado muy sorprendido por la querella, asegura que la Xunta solo busca “recuperar un bien de la comunidad”. “No se trata de recuperar un inmueble para altos cargos, sino para el patrimonio de la comunidad, que es bien distinto”, ha señalado para salir en defensa de los funcionarios acusados. “Sé perfectamente que tienen absoluto rigor en sus decisiones y son honorables”, ha destacado, asegurando que “por supuesto” que los defenderá. “Porque no me parece aceptable que se diga que quieren cometer delitos”. Lucila Vázquez lo escucha atentamente desde la cafetería del hotel y se remueve en la silla. “¿Se imaginan estos señores de la Xunta que les hicieran lo mismo a sus madres?” “¿Se imaginan lo que es hacerse mayor? No sé si alguno de ellos podría mantenerme la mirada; no la tienen alta”, sentencia.

 

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