Obligada a dejar su casa y vivir en un hotel tras el acoso inmobiliario de la Xunta

Hace ya varios meses que Lucila Vázquez —una anciana ourensana a la que la Xunta de Galicia, su casero, lleva 17 años intentando desalojar del piso en el que vive desde 1963— se ha trasladado a un hotel. Los infructuosos intentos del Gobierno gallego por desahuciarla judicialmente culminaron con la supresión de la limpieza, iluminación y mantenimiento del inmueble y, finalmente, del servicio del ascensor. Incapaz de subir y bajar las escaleras a diario, la inquilina, que ronda los 90 años, acabó confinándose en el piso. Devastada por el encierro y tras sufrir una caída, se trasladó a un hotel. Ahora, el ministerio público se querella contra dos cargos del Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo (PP): la secretaria general técnica y de Patrimonio de la Consellería de Facenda, Socorro Martín Hierro, y su subdirector, Pablo Jacobo Moure. Los acusa de acoso inmobiliario.

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Lucila Vázquez suspira por regresar al piso, en el que ha vivido más de medio siglo, en un céntrico edificio de Ourense propiedad del Gobierno autonómico, que lo quiere libre para trasladar a él oficinas administrativas. Pero, de momento, se gasta la pensión pagando un hotel: se estaba muriendo en vida sin poder salir a la calle desde que, tras fracasar en el intento por desalojarla por vía judicial, la Xunta abandonó el mantenimiento del inmueble suprimiendo la limpieza de las zonas comunes y, el pasado enero, el servicio de ascensor. Esa fue la puntilla. Un caída sufrida en verano le rompió la cadera. Acabó trasladándose a un hotel.

Aún reconociendo el Ejecutivo autonómico el pasado mayo a este diario su intención de "rehabilitar y dar nuevos usos administrativos" al edificio con el objetivo de "reducir el gasto en alquileres" de sus dependencias en Ourense, negó que la clausura del ascensor obedeciese a un "intento de forzar una salida del inmueble o causar molestias" a la anciana.

La Xunta achacó la supresión del ascensor a unas "deficiencias técnicas detectadas por la empresa responsable de la inspección" en aquel momento. Transcurridos cinco meses, no han sido solventadas.

La inquilina tiene sus dudas de que el edificio cumpla con la normativa de agua y luz ya que sostiene que lleva años sin pasar inspecciones. "Es cierto que el alquiler es de renta baja, pero lo es porque el propietario no se molestó nunca en revisar la Ley de Arrendamietos Urbanos de 1994", sostiene.

La Fiscalía entiende que la mencionada actuación de la Xunta constituye acoso inmobiliario. Asegura que con el objetivo de disponer del inmueble los cargos del Ejecutivo gallego están utilizando con la inquilina "medidas de compulsión irregulares y no amparadas en Derecho, con dejación consciente y manifiesta de las obligaciones que, como propietarios-arrendadores cuya representación ostentaban, tenían", según consta en la querella firmada por el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado.

El ministerio público, que sostiene que la supresión de los servicios básicos del edificio, convertido en "insalubre", se produce tras fracasar en el desahucio judicial, alude al intento de la Xunta de "forzar y doblegar" la voluntad de la anciana para que abandonara el piso o aceptara un acuerdo "sin especificar" y que "de antemano sabía que no iba a ser concretado ni aceptado porque habría de ser con condiciones peores que la situación actual".