Los servicios sociales de Barcelona, desbordados por la crisis de la vivienda

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona vuelven a lanzar un SOS, esta vez a propósito de la crisis de la vivienda. Alertan en una carta de que el día a día, donde se suman desahucios por impago y la finalización de contratos de alquiler, “ha desbordado tanto las oficinas de vivienda como los centros”. Los pisos y las pensiones están llenos, dicen, y lamentan no poder dar respuestas adecuadas, lo que perjudica el vínculo de confianza con las familias. También piden, de nuevo, no tener que acudir a los desahucios.

El texto lo firman 33 de los 41 centros de servicios sociales de Barcelona. Los firmantes reconocen que ha habido nuevas contrataciones en el área y el esfuerzo del gobierno de la alcaldesa Ada Colau para evitar desahucios y ampliar el parque de alquiler público, pero señalan que están desbordados y alertan de que el problema trasciende a la ciudad. La carta la suscriben los sindicatos CC OO, UGT y CGT del área y ha sido enviada a los responsables de Servicios Sociales del Ayuntamiento, a los colegios profesionales del sector y al Síndic de Greuges y la Síndica de Barcelona.

Fuentes municipales respondieron ayer valorando el esfuerzo de los servicios sociales y agradeciendo el tono constructivo de la carta. También se comprometieron a revisar el protocolo de actuación y reclamaron a la Generalitat que aumente sus aportaciones.

Los centros de servicios sociales denuncian en su carta la lista de espera de meses en la mesa de pisos de emergencia; que se recurre con frecuencia a las pensiones para alojar a las familias; y que la demanda es tal que se está enviando a familias fuera de Barcelona, lo que comporta “desvinculación con el barrio, sus recursos, su red de relaciones, lejanía con las escuelas, los recursos de salud...”. De media, el Ayuntamiento está alojando a diario a unas 450 personas en pensiones.

Los profesionales consideran que el hecho de que la mesa de emergencias tenga lista de espera de hasta un año, “provoca que el recurso no sea de emergencia”; cuestionan que los casos se estén resolviendo con “realquileres, apoyo familiar o pensiones que se alargan en el tiempo y suponen un gasto muy elevado” y creen que “no es una respuesta adecuada”. “Es un techo pero no un hogar”, concluyen.

Por todo ello aseguran que su presencia en el momento del desahucio “puede resultar negativa por el vínculo establecido con la familia”. Y piden, como ya hicieron hace un tiempo, no tener que asistir a los alzamientos. También detallan que en el momento del desahucio se producen situaciones contradictorias que generan tensión con las comitivas judiciales. Por una parte, dicen, se les encarga estar presentes y atender a la familia; y por otra entrar al domicilio para “dar salida a la situación”.

Los firmantes alertan de que las situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda están monopolizando la atención de familias que tienen otras problemáticas; que les lleva también mucho tiempo (profesionales que en un día deben acudir a dos o tres desahucios); que la incertidumbre sobre las fechas de los procesos judiciales (“aumentan los desahucios con fecha abierta”) añade estrés a los casos.

Como conclusión, los centros de servicios denuncian “la situación grave de crisis de la vivienda que está sufriendo la ciudadanía de Barcelona”, con ciudadanos atrapados entre unos precios que no pueden pagar y un parque público insuficiente. “Atendemos el problema de forma micro, pero las soluciones se sitúan en otros ámbitos legales o de políticas de vivienda, que es necesario reformular de forma prioritaria”. Aseguran, en fin, que abordan una problemática que está “bloqueada” por el aumento de demanda y saturación de los recursos existentes.

"Más recursos que nunca"

Fuentes del consistorio respondieron ayer que “el Ayuntamiento tiene muy en cuenta la opinión de los servicios sociales y valora enormemente el esfuerzo de todos los profesionales para contener los efectos de la crisis”. Además, agradecieron “el tono constructivo y la profesionalidad” de la carta. “Compartimos la voluntad que se expresa”, aseguraron y revelaron que los equipos de Vivienda y Servicios Sociales trabajan en una propuesta de “para dar mayor cobertura a los profesionales en situaciones de lanzamiento y rebajar la presión”.

El ejecutivo califica la exclusión residencial de “problema de una gravedad enorme” y defiende que el consistorio barcelonés fue el primero “en ponerlo sobre la mesa”. “El consistorio destina más recursos que nunca y ha puesto en marcha políticas concretas”, afirman y repiten que saben que “no es suficiente ni tan rápido como sería necesario”. “Por eso volvemos a interpelar al resto de administraciones para cuestiones tan concretas como cambiar la actual ley de alquileres (LAU) para limitar los aumentos desmedidos o al nuevo Gobierno de la Generalitat para que aumente la dotación económica y la aportación de pisos a la mesa de emergencias”.