Colau sumará este mandato 1.500 pisos más al parque de alquiler social

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no podrá llegar a su compromiso de aumentar el parque público en 4.000 viviendas, pero al final de mandato la ciudad tendrá 1.500 pisos de alquiler social más que cuando llegó a la alcaldía en 2015. Serán 800 pisos nuevos —iniciados en este mandato o anteriores— y 700 viviendas compradas por el Ayuntamiento.

Con todo, ayer el equipo del área municipal de vivienda, quiso subrayar el legado que dejará más allá de 2019, cuando acaba su mandato, y aseguró que, gracias a los 66 proyectos que tiene en marcha, el parque de alquiler público se habrá doblado en 2022 hasta un total de 13.000 viviendas gestionadas por el consistorio. El coste de aumentar el parque será de 580 millones de euros.

Las promociones en marcha son ocho iniciadas en mandatos anteriores, 16 que están en obras, 27 en proyecto y 15 solares con los trámites iniciados. Total, 4.547 pisos de alquiler social. “Habremos doblado el parque de viviendas de alquiler público que se había hecho en Barcelona en 80 años”, presumió el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner.

Montaner y el gerente de Vivienda, Javier Burón, destacaron también el esfuerzo de financiación que está haciendo el Ayuntamiento prácticamente en solitario. La Generalitat solo aporta el 5% del coste de estas promociones, para las que se ha logrado financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Banco del Consejo de Europa (BEC)

“No tenemos noticia de que haya ninguna administración pública en España que esté llevando a cabo un mayor programa productivo en alquiler, y en un contexto adverso”, alertó Burón, que aclaró que es mucho más difícil obtener financiación para promover alquiler social (cuya rentabilidad se obtiene a largo plazo) que viviendas de protección de venta, por las que se obtiene parte del coste en la entrega de llaves. “Desde 1981 no ha habido ningún momento en que el 95% del coste y de la compra haya sido soportado por el Ayuntamiento”, concluyó Burón.

Sobre el ritmo de promoción de vivienda pública, el gerente de Vivienda también destacó el cambio legislativo que se ha producido y que obliga a hacer tres concursos públicos para cada promoción: uno entre despachos de arquitectos, otro para la redacción del proyecto y otro para las obras.

Con su presentación de ayer, realizada precisamente en una de las promociones que están a punto de terminarse —en la calle de Tanger, una promoción premiada por la patronal de promotores de vivienda pública— el ejecutivo de Colau sacó pecho de su política de vivienda. Fue uno de los puntales de su programa electoral. La alcaldesa dejó claro que sería su prioridad al llegar a la plaza de Sant Jaume.

Pero la vivienda también ha resultado ser una de las principales fuentes de críticas por parte de la oposición. Porque, por mucho que Colau esté haciendo un esfuerzo insólito y “la promoción de vivienda pública alcance un récord histórico”, el mandato se acabará sin que Colau haya podido cumplir su compromiso.

En este sentido, el concejal Montaner reconoció su responsabilidad en la redacción del programa electoral que prometía 8.000 pisos: 4.000 construidos y 4.000 incorporados al parque público entre compras, y cesiones de particulares o grandes tenedores.