Valencia es la primera comunidad que permite entrar en la policía a personas con VIH y diabetes

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Por primera vez en más de 30 años, una comunidad no excluirá a las personas que tengan VIH de las pruebas para acceder a la policía autonómica. El decreto 180/2018, de 5 de octubre, del Gobierno valenciano (PSOE, Compromís y Podemos) establece que serán excluidas de las pruebas para pasar de interino a tener plaza en la policía municipal aquellas personas que tengan "enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomáticas que imposibiliten el desempeño del puesto de trabajo". Esta redacción, dada la vuelta, quiere decir que serán admitidos quienes tengan una enfermedad inmunológica sistémica (en este caso, infección por VIH) si son asintomáticos, explica Julio Gómez, presidente de la Coordinadora de ONG Trabajando en Positivo, que se dedica, precisamente, a combatir la discriminación laboral de las personas con VIH.

Tanto las policías como el Ejército y la Guardia Civil son las profesiones de la función pública que tienen lista de excepciones para admitir a personas con determinadas patologías. En el caso del VIH, al principio se basó en el riesgo de que un agente portador infectara a otra persona en el transcurso de sus tareas. Luego, en que no estuviera en condiciones para ejercer su trabajo. Pero los tratamientos de alta eficacia actuales tienen como consecuencia que la mayoría de los infectados no puedan transmitir la infección, y que muchos no tengan complicaciones.

No son los únicos afectados por enfermedades que han visto modificada su situación. En anteriores convocatorias también se excluía a afectados por diabetes, que ya no aparecen en este decreto. Ni psoriáticos ni celiacos. Los diabéticos aplauden esta iniciativa pero esperan que se extienda a todos los ámbitos administrativos. Desde la Federación Española de Diabetes (Fede) están en conversaciones con todos los partidos políticos para que las oposiciones de la Administración General del Estado tampoco discrimine estas enfermedades en sus oposiciones para cuerpos de seguridad, bomberos, etcétera. "Se aprobaron iniciativas en el Congreso y el Senado en este sentido pero nunca llegaron a implantarse los cambios", dice una portavoz de esta organización.

Fede sostiene que "para ellos es una novedad no figurar en las exclusiones", pero advierte de que esta es solo una orden autonómica y que van a "por las leyes nacionales donde se excluye a personas con diabetes, VIH, celiaquía, psoriasis y otras y que son de las que emanan las órdenes autonómicas". Los afectados por diabetes recuerdan que hay una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso y que quieren que se desarrolle".

Esa proposición pide que no se excluya a las personas en función de diagnósticos que tengan, sino de su estado de salud en función de cómo afecte al desempleo de su trabajo.

En ningún caso, como sucede actualmente, afectará a quien contraiga o desarrolle un enfermedad se estás una vez esté en el cuerpo.

"Pedimos que no se excluya a las personas en función de diagnósticos que tengan, sino de su estado de salud en función de cómo afecte al desempleo de su trabajo. En ningún caso, como sucede actualmente, afectará a quien contraiga o desarrolle un enfermedad una vez esté en el Cuerpo", prosiguen en la Fede.

Por su parte, Julio Gómez destaca que su organización, sobre todo a nivel regional, el Comité Antisida de València y la Coordinadora valenciana CALCSICOVA, han trabajado desde 2016 para convencer a las autoridades de que la situación actual del conocimiento del VIH no justificaba esa limitación. Para ello ha sido fundamental una recomendación al respecto de este año del Plan Nacional sobre el Sida del Ministerio de Sanidad que, revisando las condiciones de admisión de los cuerpos y fuerzas de seguridad, concluyó que "en el ámbito laboral, el estado serológico de las personas con VIH no sería causa de exclusión, ya que actualmente en España, más del 90% de las personas con VIH están recibiendo tratamiento y, de estas, más del 90% presentan carga viral indetectable. Solo aquellas personas que no cumplen o no responden al tratamiento antirretroviral, o que presentan ciertas comorbilidades, pueden presentar una pérdida de funcionalidad y una incapacidad laboral como consecuencia de su estado clínico". 

Además, como señalan las ONG autonómicas en una nota, en este caso ha sido fundamental el apoyo de diversas instancias del Ejecutivo autonómico, que "han respaldado mediante informes la mejora de la capacidad física y del estado de salud de las personas con VIH gracias a los avances farmacológicos de los últimos años, así como la ausencia de riesgo de transmisión a terceras personas debido al desempeño de las funciones inherentes a estos Cuerpos, puesto que las medidas de precaución universal serían suficientes".

En verdad, este decreto en concreto va a tener poco efecto práctico. Las ONG y Sanidad conocen casos de personas con VIH en los distintos cuerpos de seguridad, pero si no se les ha aplicado la exclusión se debe a que "no lo han dicho", explica Gómez. De hecho, en una encuesta sobre la situación laboral de las personas con VIH que hizo el Ministerio de Sanidad en 2017 participaron militares, policías y guardias civiles (estos cuerpos no hacen pruebas de detección del VIH en sus reconocimientos médicos, como avala el informe del Plan Nacional sobre el Sida acerca de ellos). En España hay unas 150.000 personas con VIH, un dato que no se puede afinar más porque se calcula que alrededor del 13% no lo sabe.

En Valencia esta primera excepción se va a aplicar a policías interinos que van a consolidar plaza, por lo que serán pocos aspirantes. Pero para las organizaciones que lo han impulsado tiene el mérito de romper el bloqueo existente, y confían en que las demás comunidades y la Administración central sigan su ejemplo.