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Las mujeres con el anticonceptivo Essure logran que se les extirpe con seguridad

Sanidad crea un protocolo para que los médicos identifiquen los síntomas adversos del implante, retirado en 2017

Reunión este martes en el ministerio de Sanidad entre las afectadas por el Essure y la ministra.

El Ministerio de Sanidad lanzará una guía para que los médicos sepan como actuar ante los efectos dañinos de un anticonceptivo retirado en 2017. Essure, una especie de muelle que bloquea las trompas de Falopio, dejó de comercializarse en España en 2017 porque provoca graves secuelas en las mujeres afectadas. Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 962 mujeres que lo tienen implantado han referido efectos adversos. Aunque la plataforma de afectadas Libres de Essure habla de casi 2.000 perjudicadas. "Y las que saldrán", cuenta Carolina Hernández, una de las coordinadoras, mientras sube la escalera del ministerio. La propia AEMPS estima que alrededor de 80.000 españolas tienen uno.

El protocolo que ha lanzado Sanidad se ha elaborado junto con la Sociedad Española de Ginecología y ha contado con los testimonios de las afectadas para que se puedan identificar los síntomas. La titular de la cartera, María Luisa Carcedo, no ha concretado la fecha exacta en la que se publicará la guía, pero sí ha asegurado que será próximamente. El texto estará disponible en la web de la AEMPS para que puedan seguirlo médicos y centros sanitarios y también se enviará a las comunidades autónomas.

La ministra ha reiterado que las mujeres que manifiesten los graves efectos secundarios del anticonceptivo deben acudir a su médico de cabecera para que se le extraiga en una operación que cubrirá el Sistema Nacional de Salud. "Hay casos en los que los médicos las han ignorado y han tenido que acudir a la sanidad privada", cuenta Vázquez. Y aclara que la intervención cuesta alrededor de 7.000 euros.

Un mulle del anticonceptivo Essure que se coloca en las trompas de Falopio.
Un mulle del anticonceptivo Essure que se coloca en las trompas de Falopio.

Para las integrantes de este colectivo, esta es la primera victoria de una batalla que comenzaron hace tres años, cuando crearon la plataforma. Hernández tiene 46 años y viene de Bilbao. Toma café junto a otras cuatro mujeres de la plataforma en una terraza a unos 20 metros del Ministerio de Sanidad, en Madrid, donde este martes se han reunido con la ministra, María Luisa Carcedo, para hablar de ese "infierno" que es el Essure. "Infecciones; barriga inflamada; reglas abundantes; hemorragias; cansancio y dolor, sobre todo, dolor", enumeran indignadas. Una de ellas explica que estos síntomas son compartidos por el 80% de las mujeres a las que este anticonceptivo les amarga la existencia, y al que acudieron por ser la alternativa a la ligadura de trompas. "Essure era el método sin efectos y sin problemas", cuenta Hernández, que se lo implantó cuando tenía 37 años.

La plataforma exige que se asuman responsabilidades, porque "el daño ya está hecho". La guía de Sanidad, que actualiza un protocolo de 2016 de la AEMPS, introduce una novedad: debe realizarse un TAC si el dispositivo, una especie de muelle que bloquea las trompas de Falopio, no se detecta mediante una ecografía. Algunas mujeres han tenido que pasar hasta dos veces por quirófano porque "el muelle se parte y se desplaza hasta el útero", cuentan desde la plataforma de afectadas, algo que lo deja inutilizado. Además, se quejan de que debido al desconocimiento de los facultativos la retirada de Essure no se realiza de forma eficaz, lo que en algunos casos conlleva la pérdida de todo el aparato reproductor.

Las afectadas llevan años batallando. "Lo peor es que muchos médicos nos dicen que estamos locas cuando les contamos los efectos, los ridiculizan y los reducen a si somos felices o si estamos gordas", coinciden todas. Y Susana Vázquez, otra de las coordinadoras, advierte de que, después del avance conseguido este martes, el siguiente paso es que Bayer, el laboratorio que comercializa Essure, reconozca estos efectos secundarios. En España, la Audiencia Nacional abrió en julio la vía penal contra la farmacéutica.

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