El Congreso debatirá la eutanasia, que cuenta con apoyos suficientes

El Partido Popular (PP) ha apostado por desencallar en el Congreso la proposición de ley del PSOE para regular la eutanasia en España. La formación que lidera Pablo Casado, sin embargo, no persigue con esta decisión facilitar que los pacientes que sufran una enfermedad incurable puedan acortar su vida, sino todo lo contrario: hacer visible su frontal rechazo a la regulación de esta práctica médica y marcar así un perfil de enfrentamiento con los socialistas. El resultado de la estrategia de los populares será que la tramitación de la ley empiece formalmente hoy. La iniciativa fue lanzada por el PSOE la pasada primavera y tomada en consideración por el Congreso en junio. Tras varias prórrogas solicitadas por el PP, hoy terminaba el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad y Casado ha decidido entrar de frente al debate.

Los populares harán pública la suya y presentarán un texto alternativo a la proposición de ley del PSOE, que consagra la eutanasia como un “derecho individual” al que podrán acogerse quienes sufran “una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado” o “una discapacidad grave, crónica e irreversible” que les causen “un sufrimiento insoportable”. El adelanto de la muerte podrá ser prestado, según el texto, tanto por la sanidad pública como por la privada, y los médicos que no deseen participar en el proceso podrán declararse objetores de conciencia. La norma tiene rango de orgánica y lleva aparejada una modificación del Código Penal.

El PP mantiene su no rotundo a regular la eutanasia y su propuesta trata de alinearse con otra iniciativa de Ciudadanos sobre la llamada muerte digna y los cuidados paliativos. Los partidos favorables a regularla —mayoritarios en el pleno, ya que PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT suman 178 escaños— consideran que ambas prácticas asistenciales no están enfrentadas, sino que son complementarias. Incluso con un pleno desarrollo de los cuidados paliativos, estiman estos partidos, seguirá habiendo personas sin un pronóstico de muerte inminente que necesiten una ley que les permita adelantar el fin de sus vidas con plenas garantías tanto para ellos como para los facultativos.

El jueves de la próxima semana, 25 de octubre, el pleno del Congreso celebrará el debate sobre la eutanasia a través de la enmienda a la totalidad que hoy está previsto que presente el PP. No parece que vaya a haber sorpresas cuando los grupos tengan que debatir la posición del PP. Ya el pasado mes de junio la tramitación de la propuesta socialista contó incluso con el apoyo de Ciudadanos —que por ahora no rechaza abrir el debate de la eutanasia, aunque sigue apostando por los cuidados paliativos— y recibió 208 votos favorables. Además de los populares, solo votaron en contra UPN y Foro Asturias. Coalición Canaria se abstuvo.

Antes de empezar la tramitación, la ley deberá superar un primer escollo en forma de enmiendas, tras lo que se celebrará el primer gran debate sobre la norma. Si, como es previsible, la enmienda a la totalidad del PP es rechazada, la ley pasará primero a la fase de ponencias —en la que los grupos tratarán de consensuar un texto—, luego irá a la Comisión de Justicia y por último regresará al pleno. Allí, al tratarse de una ley orgánica, deberá ser votada en su conjunto y lograr la mayoría absoluta: 176 votos favorables. En toda esta tramitación, el texto seguirá abierto a enmiendas.

El bloque favorable a la regulación de la eutanasia, sin embargo, mantiene algunas diferencias sobre cómo plasmar el nuevo derecho en la práctica. El más importante es la creación de unas comisiones de control que deberán autorizar el adelanto de la muerte después de que dos médicos hayan considerado que el caso cumple con la ley. El PSOE defiende, en una posición compartida por el PNV, que estas comisiones darán “más seguridad a médicos y pacientes”, que también podrán recurrir a ellas ante un hipotético rechazo de los facultativos. Para Podemos y ERC, en cambio, este control previo es innecesario y restrictivo, y ponen como ejemplo que las leyes de Bélgica y Holanda no lo contemplan.

Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran que la mayoría de la población española está a favor de regular la eutanasia y el suicidio asistido. “Es un apoyo claro y, además, consistente en el tiempo desde hace más de una década”, afirma Rafael Serrano-del-Rosal, investigador y director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados-CSIC. En un estudio publicado este año en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Serrano-del-Rosal, destaca que el 58% de los españoles contestan que “sí” cuando se les pregunta si apoyan la regulación de la eutanasia frente a solo el 10% que se muestra en contra “con seguridad”. Entre el resto de opciones intermedias, la más importante (15%) es la que afirma: “Creo que sí, pero no estoy totalmente seguro”.

Sobre el suicidio asistido, la posición favorable es también mayoritaria, con un 39% a favor y un 19% en contra, con un 14% de ciudadanos favorables aunque con dudas. Sobre estos porcentajes, el investigador destaca el papel de entidades “muy castrantes socialmente”. “Vimos que las posiciones individuales son mucho más favorables a la eutanasia y el suicidio asistido de lo que a menudo refleja el debate público. Por ello, hicimos estudios cualitativos que revelaron que personas en principio favorables a estas prácticas, pero sin un discurso muy elaborado, a menudo reculan ante las posiciones contrarias de medios y organizaciones que lanzan duros mensajes como ‘esto es estar contra la vida”, concluye Serrano-del-Rosal.