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El PSOE reactiva el debate sobre la eutanasia

El partido del Gobierno llevará su propuesta para regularla al Pleno la próxima semana y cree que saldrá adelante

Eutanasia
Pedro Sánchez y la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, durante la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva del partido. EFE

El PSOE ha decidido impulsar la despenalización de la eutanasia que promovió en la oposición y reactivarla ahora que Pedro Sánchez ha alcanzado la presidencia del Gobierno. El grupo parlamentario socialista llevará a debate al Pleno del Congreso la próxima semana la propuesta de ley que registró el pasado mayo en el Parlamento y que regula la eutanasia como un derecho y una prestación sanitaria. La portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha mantenido ya contactos con el resto de grupos y su convicción es que saldrá adelante.

La proposición de ley del partido en el Gobierno llega después de que el Congreso diera el pasado mayo el primer paso para regular esta práctica. La Cámara baja aprobó en mayo la toma en consideración de una proposición de ley del Parlament de Cataluña para despenalizar la eutanasia con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. Esta norma solo contemplaba que esta práctica deje de ser un delito, pero la de los socialistas regula todo el proceso y lo convierte en una prestación sanitaria.

La proposición del Parlamento catalán fue aprobada con los votos del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, y PDeCAT, esto es, la misma mayoría que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa con la moción de censura. Aunque la ley del PSOE es más amplia que la catalana, y los grupos discutirán probablemente todos los detalles, hay una mayoría parlamentaria favorable a que esta práctica se despenalice. Esa situación es la que aprovecha el PSOE para reactivar su propuesta que tiene visos de salir adelante.

La proposición de ley que registró el PSOE en el Congreso regula la eutanasia como un nuevo derecho individual y efectivo, de forma que se convertiría —si su propuesta prospera— en una prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los mayores de edad con una enfermedad grave e incurable —que les produzca sufrimientos físicos o psíquicos insoportables— y los discapacitados graves crónicos tendrían derecho a que el sistema público les ayudara a morir.

Según la proposición de ley, el procedimiento para lograr el suministro de una sustancia que acabe con la vida del paciente requeriría de la concurrencia de dos médicos que valoraran el caso. Uno será el que atienda habitualmente al paciente (normalmente, en cuidados paliativos), y el segundo, uno externo que avalará que se cumplen las condiciones de sufrimiento insoportable para el paciente —será el enfermo el que decida—. Si los médicos no dan la razón al afectado, una comisión autonómica deberá revisar el caso.

Los profesionales sanitarios que tengan relación directa con el paciente podrán alegar objeción de conciencia. Pero esta declaración deberá hacerse por escrito previamente a que estén involucrados en un caso concreto, para evitar que su voluntad pueda verse influida por la cercanía al enfermo.

Claves del proyecto del PSOE

Los supuestos. Podrán beneficiarse de la ley las personas que padezcan “una enfermedad grave e incurable” o una “discapacidad grave crónica” si no se espera que su situación mejore y les causa gran sufrimiento físico o psíquico. Es, por tanto, un planteamiento más abierto que el de leyes como la holandesa y la belga, y podría haberse aplicado en casos como el de Ramón Sampedro, el tetrapléjico que se suicidó en 1998 porque no soportaba su situación de dependencia absoluta, aunque no estaba terminal.

Suicidio asistido. La proposición incorpora también la regulación del suicidio médicamente asistido. Es decir, el profesional facilitará al paciente la sustancia con la que quitarse la vida, pero será este el que la ingerirá por sus medios. Ahora esa cooperación necesaria con el suicidio está castigada en el Código Penal.

Plazos. Las solicitudes deberán hacerse dos veces con 15 días de diferencia. Con ello se da un plazo para que el afectado medite su decisión.

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