El Consejo de Universidades cierra un máster que multiplicó por 11 los alumnos autorizados

El Gobierno, a través del Consejo de Universidades, ha cerrado un máster online que habilita para profesorado de secundaria y FP que impartía la Universidad Isabel I de Castilla, una institución privada de enseñanza a distancia radicada en Burgos desde hace seis años. En el Registro de Universidades, Centros y Títulos se afirma que puede matricular a 110 personas, pero la universidad llegó a inscribir a 1.227 el pasado año. Alega que hay un problema de “interpretación” del cupo, porque su intención siempre fue apuntar a 100 personas en cada una de sus 10 especialidades (Matemáticas, Música...), lo que suma el millar.

El Consejo de Universidades tomó la decisión de no renovar el título a finales de 2017, tras analizar un informe de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, pero la medida entra este curso en vigor. La universidad la ha recurrido en la Audiencia Nacional.

Sin el máster, la Isabel I ha perdido este curso una sexta parte de su alumnado y unos ingresos brutos de cerca de seis millones de euros. La agencia recomendó al campus que aumentase escalonadamente el número de matrículas y que tuviese una planificación docente previa a saber el número de inscritos.

La agencia de calidad castellanoleonesa juzga que la universidad no contaba con suficientes medios técnicos, materiales ni humanos para atender a un millar de matriculados. Pues, a su juicio, eran profesores poco experimentados o que, en ocasiones, impartían asignaturas para las que no estaban capacitados. Por ejemplo, en un informe negativo de 2016 se menciona a un licenciado de Prehistoria que daba clase de Procesos y contextos educativos.

Con el Plan Bolonia, Educación dejó en 2010 de ofertar el CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) que convertía a los licenciados españoles en potenciales profesores de secundaria con un pequeño examen y unas prácticas muy cortas. Desde entonces, para ejercer de docente, hay que cursar un máster. El que ofertaba la Isabel I constaba de dos asignaturas obligatorias y cinco optativas, 120 horas de prácticas y un trabajo final. La agencia cuestiona que se convalidasen optativas con experiencias profesionales.

El título comenzó a impartirse en el 2013 con 50 profesores —el 44% de ellos doctores, cuando la ley exige un 50%— y 423 alumnos, según datos de la universidad. Es decir, el campus cuadruplicaba los alumnos autorizados. Al curso siguiente, se aumentó en un 60% su claustro, se cumplió el porcentaje de doctores y sus estudiantes crecieron un 78% (755 alumnos). En 2015, los inscritos pasaron a ser 902 y, el pasado curso, 1.227 graduados pagaron los 4.680 euros del posgrado.

El rector de la Isabel I, Alberto Gómez Barahona, defiende que el título tenía una ratio de 20 alumnos por profesor, “muy por debajo de lo que dice la ley”. El decreto de titulaciones establece que debe de contarse con un profesor a tiempo completo (40 horas a la semana) por cada 50 o 100 alumnos, dependiendo del grado de experimentalidad y presencialidad del título. La agencia de calidad señala, por el contrario, que muchos docentes trabajan allí a tiempo parcial —hace un año toda la plantilla fija del campus sumaba 98 personas— y recuerda que es un máster semipresencial. “Hay que cursar prácticas en centros educativos reales y se necesita mucha supervisión. ¿Cuántos alumnos del máster pueden meterse en el aula de un instituto para que aprendan viendo enseñar al profesor? ¿Uno? ¿Dos?”, se pregunta un portavoz de la agencia. La Isabel I afirma que tiene acuerdos con 2.000 centros educativos en España.

“Estimación”

Gómez Barahona sostiene que en la memoria de verificación para impartir el máster redactada en 2012 se hizo una “estimación” de 100 plazas porque pecaron de “novatos”. La universidad nacía entonces, cuenta, y tuvieron siempre en mente la idea de modificar el número de estudiantes en función de la demanda. En 2014, 2015 y 2016 la universidad pidió a Educación las 1.000 plazas, pero se rechazó una y otra vez la modificación tras analizar los informes de la agencia regional, que se pronunció siempre en contra. Los informes son públicos en la página de la agencia, que depende de la Consejería de Educación de Castilla y León pero es autónoma.

El rector recuerda que cada año informaba a la Consejería de Educación de que iba a disponer de 1.000 plazas en el máster del año siguiente y esta no ponía objeciones. Gómez Barahona reconoce, no obstante, que esta entidad tampoco se pronunciaba a su favor: “No hay una resolución escrita”.

El rector, profesor de Derecho Administrativo, ha presentado personalmente el recurso ante la Audiencia Nacional. Cree que son víctimas de una campaña en contra por “no ser un centro de la Iglesia ni afín a ningún partido”, pero ganaremos.