La Universidad y el círculo cuadrado

Las universidades públicas son una contradicción en los términos: niegan lo que afirman y predican lo contrario de lo que hacen. En nombre de la libertad de investigación y opinión, gracias al ficticio proceso de Bolonia, han creado un asfixiante sistema de control burocrático que acosa a alumnos y profesores mediante obsesivos sistemas de evaluación, cuyo único propósito es validar la existencia de unos evaluadores cuyas conclusiones nunca tendrán efecto en nada que no sea controlar a las personas y distribuir discrecionalmente recursos.

Tras un período, entre 1978 y 2000, en el que, gracias a los Gobiernos de Felipe González, las universidades llegaron a equipararse con las europeas en medios materiales y recursos humanos, y en el que su principal defecto fue concebirse como mímesis del cuerpo político, comenzó una nueva etapa con la llegada al Gobierno de Aznar. Coincidiendo con el inicio del proceso global de adelgazamiento y crisis de las universidades occidentales, comenzó en España el despliegue de esta contradicción.

Partiendo de una mera declaración sobre la estructura de los estudios superiores que se dividirían en grado, máster y doctorado, basándose en el número de créditos, con el propósito de facilitar la movilidad y la convalidación de los títulos, se llegó al resultado contrario. Se trataba de favorecer la autonomía de los estudiantes en su formación, de internacionalizar el saber y de flexibilizar las universidades adaptándolas a la realidad. Pero lo que se hizo fue lo contrario.

Desde la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y otros organismos evaluadores y con la anuencia de los rectores se permitió que la ideología pedagógica de las competencias y habilidades convirtiese a las universidades en gigantescos centros de enseñanza secundaria, utilizando los mismos procedimientos y haciendo que todo quedase regulado como en un colegio, pero solo desde el punto de vista formal. La clave de la Universidad consiste en pensar que el control jamás ha de entrar en el contenido. Por eso se alaba la calidad pero solo se valora la cantidad: de alumnos, de créditos, de publicaciones, de patentes, y sobre todo de dinero público conseguido como subvención, creyendo que quien consigue un objetivo gastando más es más competitivo que quien lo consigue gastando menos.

Todo vale si se sigue el procedimiento y no hace falta incumplir la ley para que algunos puedan hacer lo que desean, porque las universidades crean miles de normativas que a veces desvirtúan las leyes superiores y que consiguen que siempre sea legal lo que sus autores desean que lo sea. Por eso en la Universidad nadie encontrará supuestos delincuentes ni corruptos notorios, porque las palabras en ella significan lo que los que mandan quieren que signifiquen. Sus gobernantes alaban la empresa privada como si no fuesen funcionarios. Como lo son, y además casi omnipotentes, no admiten crítica que no sea la suya y se consideran exclusivos cronistas de sus instituciones. Por eso sus contradicciones nunca salen a la luz, a menos que intervenga la política y deje a la Universidad convertida en un esperpento. Lo peor es que quizás lo es.

José Carlos Bermejo Barrera es catedrático de Historia antigua en la Universidad de Santiago y autor, entre otros, del libro Rectores y Privilegiados, crónica de una universidad.

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