Los profesores de Baleares se atendrán a la anulación judicial del trilingüismo

El Gobierno de Baleares (PP) quiere esquivar los vetos a su política educativa de las tres sentencias y cuatro autos unánimes del Tribunal Superior de Justicia que anulan la vigencia y suspenden la aplicación del polémico modelo trilingüe de enseñanza. Mientras los profesores, directores de centros e inspectores mantienen lo contrario que el Ejecutivo, pretenden atenerse al veto judicial, dejar de implantar el modelo y sustituirlo por otro donde está en desarrollo.

“El TIL (Tratamiento Integrado de Lenguas) ha muerto”. “Cumpliremos las resoluciones judiciales, la legalidad”. Así se resume la posición de los representantes del sector mayoritario de la Asamblea de Docentes de Mallorca. En sintonía se posicionan los tres sindicatos del sector educativo (STEI, CC.OO y UGT) y las corporaciones de directores de instituto e inspectores.

En Baleares el conflicto del trilingüismo vive otro punto álgido tras un año de pugna social desde las escuelas, el Parlamento y la calle. La polémica con el PP se abrió en septiembre de 2013 con una huelga de tres semanas en las escuelas y una manifestación de 100.000 personas en las calles el 29 de septiembre. El eje del rechazo es la aplicación sin consenso con el sector de la enseñanza en inglés, castellano y catalán.

A ocho meses de las elecciones autonómicas, el Gobierno de José Ramón Bauzá del PP mantiene vivo un asunto de gran impacto social y público en las islas. Los jueces consideran firmes y sin posibilidad de esquivar con meros recursos el cumplimiento de tres sentencias y cuatro autos que desactivan el decreto y la norma del TIL (Tratamiento Integrado de Lenguas) en su segundo curso de implantación.

La mayoría de docentes entiende que el TIL “no se ha de aplicar más en los centros, si estos no tienen un proyecto lingüístico”. Y se han de cambiar los proyectos en los de las escuelas que cuenten con uno aprobado de acuerdo al marco legal desautorizado por el Tribunal.

El presidente del Gobierno de Baleares, José Ramón Bauzá, calla, evita opinar sobre la cuestión central de su política. Tampoco habla la controvertida consejera de Educación Juana María Camps. Desde el Gobierno se sostiene que el fondo del TIL no ha sido cuestionado por el Tribunal por lo que el marco legal y su normativa están ‘vivos’. En medios jurídicos se sostiene que el TIL está claramente anulado y bloqueado por las decisiones de los jueces, sin probabilidad de que un recurso suspenda los autos en el ámbito contencioso administrativo.

Unos 300 profesores reunidos este jueves en asamblea en Petra y en paralelo cuatro decenas de directores en su asociación y de la asociación de inspectores celebran que el Tribunal les da la razón. Ven amparada por los jueces su intención de objetar o cambiar la aplicación de la actual normativa TIL de enseñanza en inglés, castellano y catalán.

El Gobierno balear del PP, por el contrario, quiere desactivar las siete sentencias y autos del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que se han conocido esta semana. El tribunal es máxima instancia judicial en cuestiones autonómicas. Una réplica en casación ante el Tribunal Supremo, según distintos letrados, solo es posible si debaten aspectos de leyes estatales o europeas, que no es el caso.