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Los ecologistas desmontan los argumentos para no demoler Valdecañas

El Supremo declaró ilegal la urbanización pero Extremadura se resiste a cumplir la sentencia

El Tribunal Supremo ordenó en febrero pasado el derribo del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, una macrourbanización situada en una isla del embalse de Valdecañas (Cáceres) construida en zona protegida por la Red Natura 2000. La Junta de Extremadura se resiste a cumplir la sentencia alegando que la demolición sería muy gravosa --34 millones de euros-- y que el medio ambiente sale ganando si se deja como está. Ecologistas en Acción y Adenex acaban de contestar a los argumentos de la Junta: ni sería tan caro el derribo ni es cierto que la urbanización haya mejorado las condiciones ambientales de la zona.

Las organizaciones ecologistas ya han remitido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) el escrito en el que desmontan también otros argumentos del Gobierno extremeño para no restituir el terreno a su estado anterior: el complejo de lujo no ha creado empleo de forma significativa en la zona. Así lo asegura un informe, consultado por este diario, en el que el catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla Manuel Delgado y otros expertos concluyen que la generación de empleo que muestran las estadísticas públicas en los dos municipios vinculados al complejo turístico "son muy modestos en términos absolutos en el caso de El Gordo y negativos en el caso de Berrocalejo". 

En el caso de algunas empresas "presentadas como las más relevantes" en los informes aportados por la Junta, estos expertos aseguran que "se constata que no hay conexión entre el complejo turístico y la creación de empleo". Su informe desmonta empresa a empresa la relación entre su actividad y Marina Isla de Valdecañas. Como en el caso de Cárnicas Dibe, que se abrió antes de que empezara la construcción y cuyo mercado principal "está fuera de la comarca". Las estadísticas muestran, según estos expertos, que en El Gordo el empleo creció en 219 puestos, de los cuales solo 78 estaban directamente relacionados con el complejo turístico. En El Berrocalejo se redujo en una persona. "Estas cifras de generación de empleo resultan insignificantes en términos de procesos de desarrollo local y regional, especialmente si se tiene en cuenta que éste compromete alternativas de desarrollo sostenible en el futuro", escriben.

El escrito de los ecologistas repasa todos los argumentos de la Junta de Extremadura. En cuanto al coste de la demolición, señalan que la Junta incluyó en el presupuesto de 34 millones tareas innecesarias como el desmantelamiento de la estación depuradora y el desbroce y tala de toda la superficie vegetal. "Solo este arranque de vegetación supone un gasto de 14 millones de euros, algo a todas luces innecesario y contraproducente puesto que en gran parte se trata de especies autóctonas, que deberían permanecer en la isla recuperada", aseguran.

La Junta también argumentó que algunas especies de aves se encontraban en mejor estado después de construido el complejo. Los estudios de los ecologistas, entre ellos el elaborado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), aseguran en cambio que 13 de las 14 especies de avifauna más importantes de la zona protegida en la que se asienta la urbanización han disminuido sus poblaciones. Ponen como ejemplo el caso de los tres patos más representativos de Valdecañas en invierno, el silbón europeo, el ánade friso y el azulón, que "entre 2003-2005 y 2012-2014 han dividido sus poblaciones por 13, 116 y 11, respectivamente".

"La Junta asegura que no puede ir contra su propia normativa", recuerdan las organizaciones ecologistas, que sin embargo recuerdan que los cambios normativos se efectuaron "a la carta" para tratar de legalizar el proyecto a posteriori. El Gobierno de Extremadura aprobó, en 2007, el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, en el que se recalificaban los terrenos para permitir la construcción de un complejo turístico de lujo. Los ecologistas lo recurrieron en el TSJE que, cuatro años después, en marzo de 2011, les dio la razón, declaró nulo el proyecto y obligó a restituir los terrenos a su estado anterior. Solo tres semanas después el Parlamento extremeño modificó la Ley del Suelo de la región para permitir la urbanización en los espacios integrados en la Red Natura 2000. Es decir, para dar cobertura legal al complejo turístico. Para los ecologistas, estos cambios "no son admisibles en un estado de derecho".