Las Administración viola los derechos de los menores inmigrantes no acompañados

Samîr llegó hace cuatro años a España. Cruzó la frontera desde Tánger escondido bajo el chasis de un camión, después de "tres o cuatro meses" intentando encontrar el modo de llegar a la tierra prometida. Como por aquel  entonces todavía no había cumplido los 18 años, la Administración se hizo cargo de él. Pero solo por un tiempo. La Fiscalía General de Estado no le dio validez ni a su pasaporte, ni a su certificado de empadronamiento; ni siquiera a la carta del cónsul de Marruecos que aseguraba que los documentos que el joven llevaba consigo eran auténticos. Las pruebas radiológicas, que según los expertos dan resultados dentro de una horquilla de dos años, determinaron que era mayor de edad y le dejaron en la calle de un día para otro. El de Samîr (nombre ficticio) es solo uno de los 40 casos que la Fundación Raíces y la Fundación del Consejo General de Abogacía han recopilado en un informe para denunciar la continua violación de los derechos de menores migrantes que llegan solos a España.

"La Fiscalía no acusa directamente a los menores sino a los países de los que proceden", señala Carmen Moles, abogada de la fundación. "En muchas ocasiones reconocen que los documentos están legalmente expedidos, pero consideran que su contenido no es válido porque creen que los registros civiles de esos Estados no son fiables". Se somete a jóvenes que portaban documentación válida a pruebas para determinar su edad, "contraviniendo así el artículo 35 de la ley de extranjería", ilustra la abogada. "Y las Adminsitraciones públicas suelen priorizar el resultado, siempre relativo, de estos tests sobre la documentación de los menores".

"Todo esto crea una situación de indefensión absoluta a los menores", estima la presidenta de la fundación, que ha llegado a acoger en su casa a muchos de estos jóvenes. " Si la Fiscalía determina que son mayores de edad y, por tanto, no pueden seguir bajo tutela del Estado, se quedan en la calle con pasaportes que acreditan su minoría de edad y no pueden trabajar ni pedir el permiso de residencia". Para solucionar esta situación, la fundación ha puesto en marcha un proyecto llamado cocina a conciencia, al que se acogió Samîr. "Estudié durante tres años para conseguir un título de ayudante de cocina y ahora estoy trabajando en el hotel Adler de cinco estrellas", comenta orgulloso el joven marroquí. "Para nuestra fundación, la integración laboral de los jóvenes es un objetivo prioritario porque la consideramos una llave fundamental para el desarrollo personal y la integración social", opina Reyzábal. "Cocineros de todo el territorio español ofrecen la posibilidad de entrar en el mundo laboral a chicos que necesitan un empujón para salir adelante en nuestra sociedad".