El Supremo de EE UU estudia si las empresas pueden negar anticonceptivos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos estudiará esta semana nuevo caso relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres, la reforma sanitaria del presidente Obama y la libertad religiosa. Tras la avalancha de normativas que desde hace tres años aumentan las restricciones al aborto en diferentes Estados, la máxima instancia judicial del país volverá a pronunciarse acerca de si las empresas pueden negarse a proporcionar a sus empleadas seguros médicos que cubran el coste de anticonceptivos.

Los nueve jueces del Supremo escucharán este martes los argumentos acerca de si las empresas pueden citar su confesión religiosa para solicitar su exención de la ley de salud que les obliga a proporcionar seguros médicos a sus trabajadoras y que éstos cubran el gasto de métodos anticonceptivos y otros servicios, aunque sea por razones médicas. Los dos casos plantean ante los magistrados si tanto los dueños de un negocio como la entidad en sí tienen derechos religiosos protegidos por la Primera Enmienda y la Ley de Libertad Religiosa.

El Tribunal aceptó el pasado mes de noviembre estudiar dos casos planteados por la cadena de tiendas Hobby Lobby y los dueños de la empresa Conestoga Wood Specialties. Ambos parten de la obligación establecida por la reforma del sistema de salud firmada por Obama en 2010 y cuya constitucionalidad respaldó el Supremo dos años después. En esta ocasión, no está en duda la ley sino si el Gobierno federal puede obligar a las empresas a proporcionar pólizas médicas que incluyan métodos anticonceptivos cuando esto vaya en contra de las creencias religiosas de los dueños.

Kyle Duncan, abogado de los demandantes, explica que sus clientes “se han visto obligados” a cubrir el coste de medicamentos abortivos, en contra de su religión. “Las empresas ya ofrecen pólizas médicas a sus empleados, pero no pueden incluir este tipo de tratamientos de buena fe", argumenta.

Las dos familias demandantes defienden que se les está haciendo partícipes de una práctica que va en contra de sus creencias religiosas

La Constitución estadounidense establece que el Gobierno no puede regular las creencias religiosas de los ciudadanos. Sin embargo, la cuestión planteada por estos empresarios -si la Primera Enmienda y la Ley de Libertad Religiosa protege a una empresa igual que a sus dueños- no ha sido aclarada por la máxima institución judicial del país, hasta ahora.

Las dos demandas surgieron a partir de la aprobación de la reforma sanitaria y han tenido distinta suerte en los tribunales, por lo que la Administración Obama pidió al Supremo que las estudiara después de que llegaran a una corte de apelaciones en el verano de 2013. "Lo que la Casa Blanca ha argumentado hasta ahora es que estas corporaciones no pierden sus derechos religiosos dentro del ámbito de sus negocios", dice Duncan.

El revuelo causado por este apartado de la reforma sanitaria, especialmente entre empresas y organizaciones religiosas, empujó a la Administración Obama a crear un sistema para que no fueran las compañías, sino las aseguradoras, las que deban garantizar que las pólizas incluyen esos anticonceptivos. Sin embargo, para los demandantes, no basta con eso.

Duncan explica que no es suficiente que el Gobierno haya creado la opción de que una tercera parte, un intermediario -las aseguradoras- asuman el coste de los anticonceptivos en nombre de las empresas. Las dos familias demandantes defienden que se les está haciendo partícipes de una práctica que va en contra de sus creencias religiosas.

"La mayoría de los tribunales que han estudiado estos casos están de acuerdo en que los dueños pueden practicar su religión, como en el caso de no querer abrir los domingos", dice el abogado. "Confiamos en que a pesar de tener que estar sujetos a más regulaciones, podamos conservar nuestros derechos".

Terry O’Neill, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres -National Organization for Women (NOW), asegura que quien está limitando los derechos de las trabajadoras son este tipo de empresas al imponer sus creencias religiosas y limitar el seguro médico al que tienen acceso. "Se trata de un caso de abuso de poder y es inconstitucional", dice O'Neill.

"Millones de mujeres confían en este tipo de tratamiento por razones de salud, si dejamos de proporcionarlos, estamos condenando su salud", asegura. O'Neill plantea también que puede tratarse de un caso de discriminación sexual, ya que en ningún momento ninguna de las organizaciones ha planteado modificar el seguro médico al que tienen derecho sus empleados masculinos. "¿Por qué deberían ver las empleadas cómo se impone un dogma religioso sobre ellas?"

Se espera que los jueces pronuncien su sentencia el próximo mes de junio, apenas unos meses antes de que se celebren unas elecciones legislativas en las que los derechos reproductivos de las mujeres, así como el acceso al aborto y métodos anticonceptivos, pueden ser protagonistas. El Supremo decidirá entonces si la ley interfiere con los derechos religiosos de los dueños de estas empresas, obligándoles a dirigir sus negocios en contra de sus creencias, y si las corporaciones cuentan en este ámbito con las mismas protecciones que los ciudadanos.