“La sentencia europea es un castigo al Estado y un triunfo para la gente”

Decenas de carpetas y papeles se amontonan en todos los rincones del despacho de Irene Mallol, la abogada de 32 años de Tarragona que ha liderado la cruzada contra el céntimo sanitario aplicado en España. Su vida laboral dio un vuelco el pasado jueves con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró ilegal el impuesto. Prueba de ello es que la pequeña empresa familiar en la que trabaja, Mallol Assessors, fundada por su padre y su tía hace tres décadas, no para de recibir llamadas de potenciales nuevos clientes y visitas de vecinos que se acercan a felicitarla por su triunfo. El dictamen establece que el Estado deberá devolver los 13.000 millones recaudados por el recargo al consumo de hidrocarburos aprobado en 2002 para financiar la sanidad.

"Esta sentencia es un castigo al Estado, contra las cosas mal hechas, y es una victoria para la gente de la calle, no solo para mis clientes. Hemos llevado a la Administración a los tribunales y hemos ganado. Pocos abogados llegan a Luxemburgo, no sé si puedo aspirar a algo más. Mi WhatsApp echa humo con tantas felicitaciones", expresaba Mallol el viernes mientras revoloteaba por su despacho vistiendo chándal y zapatillas de deporte, intentando no dar un paso en falso que derrumbase los montones de documentos apilados en las esquinas. "Jugué a baloncesto de los ocho a los 29 años, pero ahora ya no sudo, lo he cambiado por el banquillo; entreno a chicos de entre 16 y 18 años y hoy la sesión se ha alargado", explica. "La gente no entiende que después de tantas horas de trabajo pueda hacerlo. Pero es que el baloncesto es mi vía de escape, me permite despejar la mente", añade risueña.

La abogada estudió Derecho en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, y después cursó un máster de asesoría de empresas. Mallol, que está especializada en derecho fiscal, abrió en 2003 el departamento jurídico en la asesoría familiar. La empresa emplea a diez personas. Ella es la única abogada de la familia. Su padre, que es economista, fue secretario de una federación de transporte y está muy vinculado al sector, algo que fue determinante para llevar adelante el proceso contra el céntimo sanitario.

La aventura arrancó en 2008. "La Comisión Europea abrió un procedimiento por infracción a España por este tema, entonces descubrimos que había una base potente para conseguir el dinero perdido", narra Mallol. En 2009, por iniciativa propia, empezó a contactar con empresas de transporte. Consiguió 60 clientes, que con el tiempo han ido aumentando a 80, a los que la decisión europea permitiría ahora recuperar 6,1 millones de euros. "No dudé ni un momento, les pedí que jugasen conmigo. Empecé a impulsar reclamaciones a nivel administrativo ante Hacienda, haciendo los cálculos de lo que habían pagado por los céntimos sanitarios con sus facturas de gasolina. ¡Empleé tantas horas en ello!", exclama.

Ganar a la Administración es muy gratificante, porque parece que lo que dice un inspector va a misa

Después el pleito desembocó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). "Aquí hubo la gran batalla. El tribunal dijo que tenía una duda razonable sobre la legalidad o no del impuesto, y como un tribunal interno no puede decidir sobre esto, lo planteó a la Unión Europea", recuerda Mallol. Entonces contactó con Josep Jover, el abogado que llevó hasta instancias europeas el canon digital, para preparar la estrategia. "Desde los despachos pequeños podemos conseguir grandes cosas. Cuando empecé no sabía la dimensión de la recaudación del céntimo sanitario. Después, fuentes de Hacienda desvelaron que alcanza 13.000 millones de euros. No he recibido la llamada de ningún político y nunca me planteé dar marcha atrás. ¿Cómo iba a decirles a mis clientes que desistieran? Imposible", sentencia. Su argumento siempre ha sido el mismo: demostrar que el céntimo sanitario no tenía una finalidad específica.

Pero Mallol ya está pensando en ir más lejos. "En España se legisla muy mal. La sentencia europea dice que ha habido mala fe del Estado, con lo que hay una vía llamada responsabilidad patrimonial que permitiría demostrar que se legisló mal a conciencia. Esto posibilitaría devolver, a quien guarde las facturas de la gasolina, lo perdido en el céntimo sanitario desde 2002, no solo desde 2010 [el derecho a obtener cantidades indebidamente abonadas a Hacienda prescribe a los cuatro años]", desvela emocionada.

La abogada habla de su profesión con pasión. "Ganar a la Administración es muy gratificante porque parece que lo que dice un inspector va a misa y que los ciudadanos siempre vamos un paso atrás", subraya Mallol. Tras la repentina fama cosechada, no se plantea abandonar la empresa familiar para trabajar en un bufete de más prestigio. "Impulsé esto para crear un despacho sólido. Es mi familia, quiero que la empresa se beneficie de esto y que los clientes vengan aquí cuando tengan un problema", concluye.