Médicos alertan de 50.000 abortos clandestinos con la nueva ley

Sesenta sociedades españolas, 26 europeas—de estas 20 de la Unión Europea como The European Society of Contraception— y más de 40 iberoamericanas han firmado un manifiesto en el que exigen la retirada del anteproyecto por "inadecuado, injusto y peligroso para la salud y la vida de las mujeres". Dicho documento señala que la reforma de la actual legislación supondría que más del 90% de los abortos que se han realizado en los últimos años serían ilegales. Las instituciones piden la retirada del proyecto de ley del aborto advirtiendo de que si este se aprueba al menos 50.000 mujeres tendrían que recurrir cada año a abortar ilegalmente en condiciones de inseguridad.

El doctor Modesto Rey Novoa, de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), ha puesto el acento en las consecuencias que para la salud de la mujer tendrá la nueva ley y ha explicado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra entre un 20 y un 520 la tasa de mortalidad anual por cada 100.000 abortos inseguros.

Aunque Rey Novoa se ha mostrado prudente a la hora de extrapolar los datos concernientes a España—que supondría entre 10 y 260 muertes anuales como consecuencia de los 50.000 abortos clandestinos que traería consigo la nueva ley—, asegura que "lo que sí es seguro es que estas consecuencias se pueden producir". En cuanto al papel que van a jugar los médicos, este explica que "van a seguir del lado de las mujeres para intentar que los abortos clandestinos sean lo más seguros posibles".

Rey Novoa incide en que la interrupción voluntaria del embarazo es una práctica universal, que se da en todos los lugares y entre todas las mujeres, "y se van a seguir dando a pesar de lo que digan las leyes". Este ha criticado también que el proyecto considera "estúpidas" a las mujeres e "iguala a España a las legislaciones más restrictivas".

Isabel Ramírez, presidenta de la Confederación Iberoamericana de Contracepción, una de las firmantes del manifiesto, subraya que el modelo que se pretende imponer situará a España al nivel de los países en desarrollo.

El manifiesto pone de relieve también que el coste de realizar un aborto seguro es diez veces menor que el coste de tratar las consecuencias de uno inseguro. Ramírez destaca que a ello hay que sumar los costes indirectos—sociales y familiares—que supondrá el que la ley no incluya la malformación del feto entre los supuestos para abortar. Según el presidente del SEC, "la actual ley funciona y no genera ningún tipo de conflicto".