El nuevo plan del Ebro abre otro frente con Cataluña

La política del agua en España sale poco a poco del atasco en el que llevaba años. El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Plan Hidrológico del Ebro, el que hace el número 14 de los 17 planes de cuenca que el Gobierno está obligado a aprobar para cumplir con la legislación europea. Los planes, que ordenan los usos de los ríos, deberían haber estado listos en 2009, pero lo delicado de la gestión del agua, en la que se mezclan intereses agrícolas, turísticos, industriales y de abastecimiento, los ha ido retrasando. El del Ebro ya está aprobado, pero la controversia que arrastra desde que, hace año y medio, se publicó el primer borrador, tiene visos de ir para largo. La Generalitat catalana anunció a las pocas horas que va a recurrirlo “con contundencia”.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente explicó este viernes que el plan contempla unas inversiones de más de 2.500 millones de euros, a pagar entre todas las Administraciones, y establece un caudal que queda por encima de los 3.200 hectómetros cúbicos anuales, lo que “satisface las necesidades del delta”, según el ministerio. Sin embargo, la Generalitat había pedido más del doble, 7.000. Una distancia “descomunal”, según dijo ayer el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, que tildó de “lesivo” para la conservación del río el caudal aprobado.

La Generalitat anunció que, en primer lugar, piensa recurrir el plan “por la vía administrativa”, y además está estudiando si el caudal mínimo aprobado contraviene la directiva marco del agua de la UE. El portavoz de Medio Ambiente de CiU en el Congreso, Martí Barberà, aseguró directamente que “Bruselas no aceptará en ningún caso este plan hidrológico que el Gobierno se verá obligado a modificar en poco tiempo”. Barberà recordó que la Unesco ha declarado recientemente las Tierras del Ebro como reserva natural de la biosfera e insistió en que la propuesta de caudales presentada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) “incumple la normativa estatal vigente y la legislación comunitaria”.

La organización ecologista Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) también avanzó este viernes que piensa acudir a la Comisión Europea para tumbar el plan, al considerar que vulnera no una, sino dos directivas marco, la del agua y la de hábitats, según explicó su portavoz, Susanna Abella. La entidad organizó ayer mismo el primer acto reivindicativo en contra del plan en Amposta (Tarragona). La PDE lideró las manifestaciones que tuvieron lugar durante la tramitación del plan cuando José María Aznar presidía el Gobierno. Abella señaló que el nuevo plan es “exactamente el mismo que el del año 2000” y apuntó a que abre la puerta a que en un futuro se puedan permitir trasvases hacia otras cuencas. También la diputada de ICV en el Congreso, Laia Ortiz, anunció ayer que llevará ante la Comisión el plan.

“La determinación del caudal ecológico no es un tema político”, señaló este viernes por la noche el ministerio en un comunicado. “Los caudales ecológicos fijados en este plan se han definido con criterios científico-técnicos, tras analizar más de un centenar de estudios sobre caudales ecológicos en el tramo, y que estos caudales mínimos son coherentes con la realidad física del río Ebro”. El caudal, añadió, “se ha elevado hasta los casi 3.300 hectómetros cúbicos, es decir, cerca de un 10% con respecto al vigente, de poco más de 3.000”.

Las actuales quejas de CiU contrastan con la postura que mantuvo en 2001 la coalición nacionalista, cuando estaba en el Gobierno con el apoyo del PP. Aquel Ejecutivo se pronunció a favor del Plan Hidrológico Nacional (PHN) propuesto por los populares. Además del polémico trasvase de agua a zonas secas del Mediterráneo, aquel texto garantizaba un caudal mínimo de 3.156 hectómetros cúbicos, prácticamente el mismo que aprobó ayer el Consejo de Ministros y contra el que se ha manifestado CiU.

En las tierras del Ebro, las heridas abiertas en 2001 por el PHN nunca llegaron a cerrarse. El principal proyecto de este plan era el trasvase del Ebro para transferir agua a Castellón, Valencia, Murcia, Almería, Alicante y Barcelona. Entonces, el balear Jaume Matas era ministro de Medio Ambiente y Miguel Arias Cañete, de Agricultura, como ahora. El texto preveía trasvasar de las aguas del Bajo Ebro 1.050 hectómetros cúbicos al año, de los que 190 se emplearían en Cataluña y el resto viajarían al sur. El 45% del agua trasvasada se destinaría al abastecimiento de la población, mientras que el 55% restante acabaría en cultivos de regadío ya existentes, según contemplaba el polémico proyecto en junio de 2003.

Uno de los aspectos que más preocupan, tanto a la PDE como a otros grupos ecologistas y a la propia Generalitat, es la puesta en marcha de 495.000 nuevas hectáreas de regadío, lo que implica mayor consumo de agua. La previsión es pasar de las 965.700 hectáreas de regadío actuales a 1,4 millones. El plan hidrológico vigente data de 1998. Pese a que estaba previsto revisarlo cada ocho años, no llegó a hacerse porque en 2000 se aprobó la nueva directiva europea de agua que todos los Estados miembros debían trasponer a sus legislaciones aprobando planes de cuenca.

Con una extensión de 85.600 kilómetros cuadrados, la del Ebro es la cuenca hidrográfica más extensa de España. Representa más del 17% del territorio peninsular y se distribuye en nueve comunidades. En la cuenca se produce el 32% de la energía nuclear, el 21% de la energía hidráulica y el 11% de la energía térmica convencional de España.

El alcalde de Tortosa, Ferran Bel, aseguró ayer que el caudal mínimo aprobado “no cubre las necesidades de agua del delta”. La PDE transformó ayer una asamblea informativa ya prevista en Amposta en el primer acto reivindicativo. “Vamos a empezar a movilizar a la ciudadanía porque este plan puede tener consecuencias devastadoras para el territorio”, aseguró Abella.

Con información de Mercè Pérez Pons y David García Vázquez.