Encierro en Alcázar de San Juan contra la privatización del suministro de agua

Una cincuentena de vecinos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se encerró el martes en el Ayuntamiento de forma indefinida contra la privatización parcial de la empresa que suministra el agua al pueblo. La policía ha impedido este miércoles que nadie entrara al centro, aunque fuera para llevar comida. La Plataforma contra la privatización del agua en Alcázar reclama que la alcaldía, gobernada en coalición por el Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar (un grupo independiente fundado por un exmiembro del PSOE), abandone el plan de vender el 52% de las acciones de la empresa pública que gestiona el suministro a Aqualia, una compañía privada. Para conseguirlo, quieren que el Gobierno municipal organice una consulta popular entre los 32.380 habitantes.

La empresa municipal Aguas de Alcázar tiene una deuda de casi 8 millones con el Ayuntamiento. El acuerdo con la privada, según la memoria histórica, aportará 1.141.922 euros de capital y otros 6,5 millones en forma de préstamo. Según la oposición, tendrá un interés del 4%. El alcalde Diego Ortega califica este acuerdo como "la mejor de las soluciones" y considera la deuda una "tropelía" del anterior Gobierno municipal. El grupo socialista apoya la plataforma vecinal. El anterior regidor José Fernando Sánchez (del PSOE) defiende que la deuda contraída era sostenible porque se mantenía entre el Ayuntamiento y la empresa municipal, que a cambio realizaba obras para este pueblo manchego. 

"Cada vez nos apoya más gente", afirma por teléfono Juan Garrido, portavoz de la plataforma ciudadana. Los últimos cuatro viernes se han congregado en la plaza del pueblo –"al principio éramos 700 y ahora vienen 2.000"– y desde el pasado julio han recogido 11.000 firmas para que el Pleno del Ayuntamiento lleve a debate su propuesta de realizar una consulta popular. La plataforma también se queja de que la alcaldía pretende debatir la iniciativa el mismo día que firme el contrato de venta con Aqualia. El alcalde lo niega.

"Seguramente se debata en el pleno del próximo 1 de febrero", afirma Ortega, quien no piensa desviarse de su objetivo aunque cree que "los vecinos tienen todo el derecho a manifestarse". Prefiere no pronunciarse sobre la posibilidad de que el resultado del referéndum sea contrario a la venta de las acciones: "Primero habrá que ver si hay consulta, lo demás es hablar por hablar". 

"Quieren hipotecar lo mejor que tiene el pueblo", lamenta Garrido. "El agua en Alcázar tiene mucha tradición. Cuando en los pueblos de alrededor todavía llevaban cubos, aquí ya teníamos agua del grifo." El suministro depende del sobreexplotado Acuífero 23, que también alimenta el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. La empresa municipal se constituyó en 1992; previamente la gestión había sido privada. "Mis abuelos eran accionistas, todos hicieron mucho por el agua... es la joya de la corona del pueblo", explica el portavoz de la plataforma. "Dejaremos de ser ciudadanos para convertirnos en clientes cautivos", remata, citando al químico Pedro Arrojo de la Universidad de Zaragoza.