“El feto era inviable y se lavaron las manos”

El Hospital de La Paz, uno de los mayores centros públicos de Madrid, se ha negado a practicar un aborto a Daniela, una mujer de 32 años que había sufrido una rotura de la bolsa y que con 20 semanas de gestación estaba sin líquido amniótico. En esas condiciones, el feto es inviable, según los especialistas consultados, y hay riesgo de infección grave para la madre. Pese a que cumplía los requisitos que marca la vigente ley del aborto —que el Gobierno planea endurecer—, el centro se negó a interrumpir el embarazo. A Daniela, que se encontraba ingresada y con antibiótico intravenoso, le dieron el alta para que acudiera a una clínica privada después de que la Comunidad de Madrid constatara que cumplía los requisitos para someterse a un aborto. Una portavoz del hospital confirmó que en ese centro todos los médicos son objetores y que el servicio de Ginecología y Obstetricia decidió en bloque en 2010 no practicar abortos en ningún caso.

Daniela, fisioterapeuta de profesión, relata su trauma con entereza. Lleva el pelo recién lavado y habla con un suave deje brasileño: “Era un niño muy deseado, llevábamos dos años en tratamiento de fertilidad”, cuenta en su piso en el norte de Madrid junto a su marido, Miguel, un profesor de universidad.

Daniela recuerda las fechas con precisión. “A las 13 semanas tuve un sangrado, pero me dijeron que era normal. El 27 de diciembre, cuando estaba de 16 semanas, me desperté con todo lleno de sangre”. Comenzaron entonces las pruebas, pero pese a los indicios los médicos de La Paz descartaron que tuviera rota la bolsa de líquido amniótico en la que crece el feto. El día de fin de año volvió al hospital y ahí la ingresaron y le pusieron antibiótico como prevención. Una rotura de la bolsa puede generar una infección a la madre.

El día 7 de enero la mandaron a casa ya con un diagnóstico de oligoamnios severo, que implica que hay poco líquido amniótico. Ella está convencida de que entonces ya tenía la bolsa rota, pero poco importa si hubo un error de diagnóstico. “Nos decían que el feto tenía pocas posibilidades, pero decidimos esperar porque era un niño muy deseado”, dice Miguel.

El 23 de enero, embarazada de 20 semanas, Daniel vuelve a urgencias de La Paz, el hospital público más cercano a su casa, de nuevo con pérdida de líquido. “LA [Líquido Amniótico] ausente, imposible realizar medidas por plegamiento fetal”, señala el informe clínico. El diagnóstico ya es inequívoco: “RPM [Rotura Prematura de Membranas] en gestación previable”. La bolsa está rota y le ponen antibiótico intravenoso.

Sin líquido amniótico, el útero presiona al feto, que no desarrolla capacidad pulmonar y puede sufrir malformaciones, explica Juan Fernández, jefe de sección de Obstetricia del hospital Severo Ochoa, de Leganés, uno de los pocos públicos que practica abortos. Este señala que si la rotura de la bolsa se produce con el embarazo más avanzado puede tener opciones de sobrevivir, pero si no hay líquido amniótico antes de la semana 20, “la evolución natural de ese cuadro es que el feto se morirá. No es viable y hay riesgo de infección para la madre”. Se puede dar una infección grave que pase a través del útero a la madre llamada corioamnionitis.

El caso también está claro para Javier Pérez-Pedregosa, especialista en diagnóstico prenatal en la clínica Sanitas La Moraleja. “Con una rotura de membrana tan precoz la falta de líquido amniótico provoca indefectiblemente una hipoplasia pulmonar: una alteración gravísima que impide que los pulmones se desarrollen. Además, hay grave riesgo de deformidades en las articulaciones por la falta de movilidad. Un feto con esas características no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Puede llegar a nacer, pero entonces morirá”, explica.

Ahí empieza lo que Daniela y Miguel califican como una tortura. “Nos decían que al niño no se le formarían los pulmones y que había riesgo de infección para Daniela. Pintaban un panorama terrible pero no daban una solución. Teníamos una semana para decidir porque se acercaba el plazo que marca la ley”, dice Miguel.

Convencidos de que no quedaba otra, y después de esperar cuatro semanas desde la primera pérdida de líquido, pidieron al hospital acabar con el embarazo. “Nos dijeron que allí no lo hacían, que si el feto no tenía latido me lo sacaban pero que si tenía no iban a hacer nada”, recuerda Daniela.

En estos casos, si el hospital no practica abortos, lo normal es derivarlo a una clínica privada. Pero Daniel cuenta que le dijeron que no sabían qué hacer, que si quería interrumpir el embarazo debía tomar el alta y gestionárselo ella. “Para mí no es algo voluntario, sino terapéutico. No había solución. Me duele que pongan que yo pedí interrumpir el embarazo”, señala Daniela.

Era viernes y, ante las trabas, Miguel y Daniela deciden irse con el alta médica. Le retiran el antibiótico intravenoso y se lo recetan vía oral. Entonces acuden a una oficina de la Comunidad de Madrid —la única que hay en toda la región— para que, ahora sí, les deriven a la clínica privada Dator, especializada en abortos. “Es una hipocresía que te digan que el feto es inviable pero luego ellos se lavan las manos a la hora de resolver la situación”, reflexiona Miguel. La pareja ha querido contar su caso para que se conozca la realidad del aborto en Madrid y pedir que la sanidad pública lo garantice “al menos en el caso de interrupciones terapéuticas debidas a que el feto no es viable”.

Una portavoz del hospital La Paz señaló ayer que todos sus médicos se declaran objetores, tras una decisión tomada en bloque por el servicio. Este hecho contraviene la Ley del Aborto de 2010, que señala que la objeción de conciencia es un derecho “siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito”. En La Paz no existe un registro de este tipo. La Ley también afirma que los profesionales tienen ese derecho “sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia”.

Ante la posibilidad de que hubiera algún problema genético, la pareja pidió a La Paz que realizara una necropsia al feto, y de nuevo hubo problemas. Les pidieron que ellos mismos recogieran los restos de la clínica Dator y lo llevaran al hospital, trago del que le salvó una hermana de Miguel que es enfermera.

En Madrid se realizaron 20.134 interrupciones voluntarias del embarazo en 2012. Solo 27 de ellas (0,13%), en centros hospitalarios públicos, según datos del Ministerio de Sanidad. En España, hubo 112.390 interrupciones, de las cuales el 6,5% se realizaron en centros públicos. Hace unos años no llegaban al 3%.

La presidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Francisca García, explica que los hospitales públicos, en general, se niegan en toda España a practicar abortos, aunque se trate de fetos inviables y exista riesgo para la gestante. “Si el feto está vivo, lo habitual es que se mande a la mujer a las clínicas privadas acreditadas”, señala. Mientras en País Vasco, Cataluña, Galicia y Valencia sí hay hospitales públicos que practican abortos terapéuticos, en Andalucía, Murcia, Madrid, Navarra, no, señalan desde las clínicas.

En Andalucía existe un protocolo según el cual son los hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) los que contactan con la clínica acreditada, le envían los papeles necesarios y gestionan la cita. Se hace así para evitar molestias a las mujeres, explica Eva Rodríguez, directora médica de la clínica privada El Sur, de Sevilla. Señala también que en algunos casos los hospitales se encargan del traslado. “Si tienen a una mujer ingresada, por ejemplo, en Almería, nos la mandan a Sevilla —son 500 kilómetros— en ambulancia”, explica. “Si no se encuentran mal y son de Sevilla, les dan el alta y vienen por su propio pie”, añade.

“En Andalucía los médicos están acostumbrados a que los abortos no se hagan en la pública y ya ni se lo plantean. Para qué liarse preguntando si hay ginecólogos que sí lo harían. No se hace y punto”, señala Rodríguez. En Madrid ocurre algo similar. Muchas veces son los jefes de servicio los que deciden no realizarlos, explica un ginecólogo que trabaja en Madrid. En cambio, a otro del País Vasco le extraña que en un caso como el de Daniela su hospital no se encargue de practicar el aborto cuando “en realidad no es una interrupción voluntaria”.