Solo tres funcionarias gestionan los abortos que cubre la sanidad pública

Un cartel pegado a la pared de la exigua sala de espera informa de que la hora de la cita es solo orientativa. No es fácil cumplir los horarios en la Unidad de IVE, la oficina de la Consejería de Sanidad por la que tienen que pasar obligatoriamente todas las mujeres que pretenden que su interrupción voluntaria del embarazo (IVE) la pague la sanidad pública. La unidad consiste en tres despachos, situados en la planta baja de una de las sedes de la Consejería, en Sagasta, 6. En cada uno de ellos, una funcionaria atiende a las mujeres que demandan información o que presentan la documentación necesaria para tramitar la prestación con cargo a los Presupuestos. Tres funcionarias para toda la Comunidad de Madrid.

Las trabajadoras adelantan los casos que no pueden esperar

Gestionar todas las peticiones de la región con semejante plantilla ha dado como resultado demoras de hasta tres y cuatro semanas en las citas. Las funcionarias, simplemente, no dan abasto. Además, al volumen de trabajo habitual se suman los casos especiales. Chicas menores, mujeres que han sufrido violencia de género, casos de malformación del feto... En esas situaciones, las trabajadoras tratan de encontrar huecos en las apretadas agendas para adelantar las citas. Hay casos que no pueden esperar.

Pero no es necesario ponerse en situaciones extremas. Desde la aprobación de la nueva ley de salud sexual y reproductiva, que entró en vigor el 5 de julio pasado, el aborto es libre en las 14 primeras semanas de gestación. Tres o cuatro semanas de espera solo para conseguir una cita pueden suponer un retraso crucial en embarazos que se acercan al primer trimestre. Las clínicas privadas, que son las que realizan el 98% de los abortos, llevan semanas recibiendo quejas. "Supone una desigualdad en el acceso a la prestación", afirma Francisca García, vicepresidenta de la asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI). En otras comunidades, asegura, no se están produciendo estos retrasos.

"Cuando una mujer decide no seguir adelante con su embarazo, ver pasar las semanas provoca mucho estrés emocional. Esto no es como operarse de un menisco", añade. La nueva ley del aborto constata que la intervención está incluida en la cartera de servicios de la sanidad pública. Antes también lo estaba, pero muchas mujeres lo desconocían.La interrupción voluntaria del embarazo ya estaba incluida en las prestaciones del sistema nacional de salud. Sin embargo, muchas mujeres desconocían que tenían ese derecho y muchas comunidades no lo publicitaban lo suficiente. De hecho, antes de la entrada en vigor de la ley, los sistemas autonómicos de salud financiaban, de media, el 30% de las intervenciones. El 70% restante corría a cargo de las propias mujeres.

En Madrid, acceder a la prestación de forma gratuita significa pasar por la Unidad de IVE de la calle de Sagasta, 6 y por los despachos en los que trabajan las tres funcionarias, dos esta semana al estar una de vacaciones. El circuito, tal y como lo ha diseñado la Consejería de Sanidad, empieza en el centro de atención primaria. La mujer pide cita con su médico de familia, que comprueba su embarazo. Allí le entregan un sobre con información, tal y como exige la ley (en muchas ocasiones son las clínicas las que lo entregan). Cuando lo recibe empiezan a contar los tres días que, a modo de periodo de reflexión, deben mediar entre su intención de abortar y la intervención. El siguiente paso es acudir a una de las siete clínicas privadas acreditadas en la región.

Suelen ser estos centros los que, a su vez, piden cita a la mujer en la Unidad de IVE para que solicite la tramitación con cargo al Servicio Madrileño de Salud. Es en este punto donde el proceso se dilata. Muchas veces, para no retrasar más la intervención, las clínicas la programan al día siguiente o incluso horas después de haber pasado por la Unidad de IVE. En esta oficina, las funcionarias piden el DNI o pasaporte y la tarjeta sanitaria. Cuando comprueban que la mujer tiene derecho a la prestación, le entregan una carta de pago. Con ella, ya puede someterse a la intervención de forma gratuita, ya que es la clínica la que después remite esa carta al Servicio Madrileño de Salud para que le abone la intervención.

Al recoger de forma explícita la gratuidad para la mujer de la IVE -"esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud", dice literalmente el artículo 18- las comunidades autónomas están empezando a recibir más solicitudes para financiar la intervención. Las clínicas de abortos calculan que del 30% anterior a la ley se ha pasado a un 60% de media en toda España.

En Madrid los datos oficiales también muestran un incremento, aunque bastante menor. Dado que la ley entró en vigor el 5 de julio, la comparación se establece entre los meses de julio y agosto de 2009 y el mismo periodo de 2010. El año pasado, la Unidad de IVE atendió en esos meses 1.041 solicitudes de mujeres que pedían que su intervención la pagara la sanidad pública. En julio y agosto de este año, se registraron 1.121, según datos de la Consejería de Sanidad. El aumento, por tanto, ha sido del 7,7%.

ACAI, que agrupa a más de 30 clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo en toda España, está preparando un balance sobre la aplicación de la nueva ley del aborto en las diferentes comunidades autónomas. Entre otras cosas, quiere recoger el porcentaje de intervenciones que paga la sanidad pública y el que pagan las propias mujeres, y cuánto ha variado esa proporción ahora que está más claro que las mujeres tienen derecho a que se lo financien sus sistemas de salud. En Madrid, según cálculos de profesionales de las clínicas, solo entre un 20 y un 25% de los abortos los pagaba el Servicio Madrileño de Salud.

Entre los profesionales cunde la sospecha de que el retraso en las citas para pasar por la Unidad de IVE es un obstáculo intencionado para disuadir a las mujeres. "Algunas no pueden soportar seguir esperando y deciden pagárselo", explica Victoria Virtudes, experta en salud sexual y reproductiva de la clínica El Bosque. "Sin embargo, una gran mayoría no tiene más remedio que esperar porque no cuenta con recursos para pagarlo de su bolsillo", añade. Un aborto en una clínica privada cuesta entre 350 y 450 euros.

Con la nueva ley, la factura pública del aborto -no así el número de abortos, según las previsiones del Ministerio de Sanidad, que cree que disminuirá- crecerá. Por eso varias comunidades pidieron más dinero al departamento de Trinidad Jiménez en el último Consejo Interterritorial de Sanidad antes del verano. El Ministerio respondió que no tiene previsto ampliar el presupuesto y recordó que el aborto ya era una prestación reconocida antes de la entrada en vigor de la nueva norma. Es decir, que si las comunidades pagaban pocas IVE era porque incumplían la ley.

A falta del informe que ACAI prepara para octubre, lo que sí constatan las clínicas es que en ninguna otra comunidad se están produciendo retrasos tan llamativos como en Madrid. Su vicepresidenta compara la situación con la de Andalucía, donde trabaja. Allí la sanidad pública concierta los abortos con clínicas privadas desde 1985 y aproximadamente un 80% de las intervenciones las paga el sistema público. "Aquí la ley no ha supuesto un gran cambio, porque existe mucha conciencia de que es una prestación que paga la Seguridad Social", explica. La mujer va directamente a la clínica con un papel que le entregan en el centro de salud, como si fuera un volante para el especialista.

El real decreto 831/2010 complementa a la ley del aborto e incide en el derecho a acceder a la prestación. Su objetivo es, según afirma, "garantizar a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación, con independencia del lugar donde residan". El espíritu de la normativa es que solicitar la intervención -y su financiación pública- sea un proceso sencillo y, una vez la mujer está decidida después de haberse informado convenientemente, rápido. No faltan las comunidades que están poniendo trabas a la ley. Navarra envía a las mujeres a abortar fuera de sus fronteras alegando que el 100% de sus médicos son objetores. En Cataluña, las mujeres adelantan el importe de la IVE a menos que puedan demostrar falta de recursos.

Madrid suma al peregrinar obligado de las mujeres (centro de salud, clínica privada, oficina de la administración, vuelta a la clínica privada) y el retraso de tres semanas la imposibilidad de elegir un centro público para realizar la intervención. En el protocolo que Sanidad ha repartido no existe la opción de solicitar cita en un hospital de la red pública. Madrid tampoco aplica el artículo de la ley en el que se establece que la información que se entrega a las mujeres debe ser "clara, objetiva y comprensible". Siete de cada diez puntos de información a los que las remite son de organizaciones autodenominadas provida.

Madrid es la tercera comunidad con la tasa más alta de abortos de España: 15,79 por cada mil mujeres entre 15 y 44 años. Bastante por encima de la media estatal, que está en 11,78, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que corresponden al año 2008. En números absolutos, en Madrid se practicaron 22.126 interrupciones voluntarias del embarazo.