Marruecos ya no libra de la cárcel al violador que se case con su víctima

Marruecos ha decidido, por fin, eliminar el artículo del Código Penal que libra de la cárcel al violador de una menor si acepta contraer matrimonio con ella. Fue el caso de Amina Filali, ocurrido hace dos años. La joven, de 16, se suicidó tras siete meses de convivencia marital con un hombre que la violó y nunca dejó de maltratarla. El caso conmocionó a buena parte de la opinión pública del país, donde se sucedieron las protestas. Ayer, la cámara baja de un Parlamento muy mermado aprobó por unanimidad eliminar el artículo que amparaba a estos violadores y condenaba doblemente a sus víctimas. La enmienda fue defendida por representantes de todos los partidos (las intervinientes fueron mujeres) y finalmente se arrancó el apoyo de los islamistas. La Cámara de Representantes marroquíes no endurecerá, en cambio, las condenas de los violadores que oscilan entre uno y cinco años. En España van de 6 a 12.

Ha sido una larga batalla de la sociedad civil marroquí llevada al Parlamento por el Partido Autenticidad y Democracia (PAM) fundado en 2008 por Fouad Ali el Himma, un amigo del rey Mohamed VI nombrado en 2012 consejero real.

El suicidio de Amina Filali en su aldea del norte del país, a mitad de camino entre Arcila y Larache, parece tener, finalmente, una recompensa que para ella llega tarde. La muchacha, de origen muy modesto, se dio muerte tragando matarratas porque no soportaba el matrimonio con el hombre, de 23 años, que la violó. Quiso volver a casa de sus padres, pero estos la conminaron a regresar con su esposo, lo que precipitó el fatal desenlace. El violador se había acogido al artículo 475 del código penal marroquí. Este estipulaba que el que “secuestra o pervierte o trata de secuestrar o de pervertir a una menor de menos de 18 años” no sería condenado a prisión si aceptaba casarse con su víctima. El artículo no mencionaba la violación, pero los jueces interpretaban que se aplicaba también a los estupros.

En Marruecos, sobre todo en las clases humildes, la chica violada es considerada “impura” y con frecuencia su entorno, incluida su familia, la rechaza. De ahí que los padres de Amina aceptasen de buen grado la propuesta del tribunal de Tánger que juzgaba al violador de su hija de “lavar la mancha” contrayendo matrimonio.

“Esta muchacha ha sido violada dos veces, la última cuando se vio obligada a casarse”, declaró entonces el portavoz del Gobierno, el islamista Mustafa el Khelfi. Se hacía eco del sentir popular a principios de aquella primavera de 2012.

No ha sido, sin embargo, la formación islamista, el Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD), la que ha llevado la voz cantante en el Parlamento. La iniciativa la tomó el PAM y en origen era más ambiciosa. Los islamistas arrastraron los pies.

El PAM, que está en la oposición al Gobierno dirigido por el islamista Abdelilá Benkiran, quiso también endurecer las penas a los violadores, que fueran entre 5 y 10 años. Se trataba de acercarse así a lo que suelen estipular los códigos penales de la mayoría de los países europeos. En Francia, cuya legislación inspira en parte a la marroquí, la condena prevista es de 15 años.

La Comisión de Justicia del Parlamento adoptó por unanimidad, el 8 de enero, la supresión de la impunidad para el violador, pero, en cambio, no aprobó el aumento de las penas. Esto decepcionó a las feministas.

En una campaña organizada a través de la plataforma ciudadana Avaaz la activista estadounidense Dalia Hashad recogió casi 1,2 millones de firmas, la gran mayoría fuera de Marruecos, solicitando al Parlamento de Rabat que “garantice que no habrá nunca más tragedias como la de Amina”.

“Acabar con el derecho para un violador de librarse de la justicia casándose con su víctima es solo una primera etapa”, insistía la petición. “(...) Es necesario adoptar reformas globales y honrar así la memoria de Amina como debe ser”.

Los islamistas han arrastrado los pies, pero al final apoyan la modificación

Ibtissam Lachgar, cofundadora del Movimiento Alternativo de Defensa de las Libertades, uno de los grupos más radicales de la sociedad civil, sostiene que la eliminación de la impunidad del violador “es solo un pequeño avance”. Teme además que los jueces, en general conservadores, se resistan a tener en cuenta la modificación legislativa. “Hay que cambiar no solo las leyes, también las mentalidades”, recalca.

El nuevo código de familia (moudawana), que el Parlamento marroquí aprobó hace ya 10 años, atendiendo a las recomendaciones del monarca, mejora sustancialmente los derechos de la mujer. Aun hoy en día, sin embargo, las asociaciones feministas señalan que los jueces son, a veces, reacios a aplicarlo sobre todo en zonas rurales.