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CARTA PÚBLICA A ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento (II)

Señor ministro, ¿a qué quiere usted condenar a nuestra sociedad? ¿A vivir de nuevo en épocas que nunca debieron existir?

Esta carta es una triste continuación de la publicada en EL PAÍS el 25 de julio del año pasado. Su objetivo es expresar de nuevo mi indignación por la decisión del Gobierno de aceptar el anteproyecto de ley presentado por el ministro de Justicia y hecho público el 20 de diciembre de 2013.

No voy a exponer de nuevo mis antecedentes profesionales como neurocirujano infantil, ya que fueron suficientemente expuestos en la carta anterior. Solamente señalaré que he ejercido como neurocirujano durante 40 años, siendo jefe del Servicio de Neurocirugía Infantil en el hospital 12 de Octubre desde el año 1982 hasta mi jubilación hace tres años.

Como profesional de la medicina, lo más destacable es la completa eliminación del supuesto de malformación fetal como causa de interrupción del embarazo, lo que en mi opinión sencillamente nos coloca de nuevo en épocas pretéritas de la historia de la medicina en España. Estoy además convencido de que muchos españoles tenían la esperanza durante todo este año de que el ministro tuviera en cuenta la gran cantidad de opiniones que se han escuchado y publicado en contra de la eliminación de este supuesto. Desgraciadamente, no ha sido así.

Antes de la primera ley de 1985, los médicos que teníamos que enfrentarnos a los casos de malformaciones fetales más severas, como son entre otras las del sistema nervioso central, estábamos desgraciadamente muy acostumbrados a tratar a estos pobres niños. Concretamente los niños con espina bífida abierta (de uno a tres niños por cada 1.000 recién nacidos vivos) se contaban entre las malformaciones más frecuentes.

Los que padecían esta enfermedad en sus grados más severos eran sin duda los más complicados de tratar. Son los que presentaban parálisis completa de ambas piernas, y del control de los esfínteres urinario y fecal, deformaciones severas en los pies y en la columna vertebral, hidrocefalia (acumulación de líquido en el interior del cerebro) y muchos tenían además déficit mental de diversos grados. Tenían que ser tratados por diversos equipos de especialistas (pediatras, neurocirujanos, traumatólogos, urólogos...) y, finalmente, después de una vida llena de sufrimientos, algunos podían morir por las complicaciones tardías que se presentaban años después del nacimiento.

Como regla general, cuanto más severa es la malformación más fácil es su diagnóstico en el periodo prenatal, por eso el número de malformaciones fetales graves disminuyó rápidamente después de la implantación de la ley de 1985, con lo que muchos de nosotros nos alegramos profundamente. Esto es fácilmente constatable si se consultan los datos hospitalarios de la época o, sin ir más lejos, las estadísticas de las unidades de neurocirugía infantil. ¡Tanto es así que actualmente muchos profesionales jóvenes no han tenido la oportunidad de tratar estas malformaciones en número suficiente de casos para adquirir la experiencia necesaria!

Puesto que en Europa este tipo de malformaciones han dejado hace muchos años de existir, ¿qué pueden hacer nuestros jóvenes profesionales? ¿Señor ministro, podría darse el caso de que algunos tengan que visitar hospitales de países sudamericanos o africanos que nunca hayan tenido una ley de interrupción del embarazo?

Las malformaciones fetales pueden ser muy diversas según los órganos afectados y también dependiendo de la severidad y grado de incapacitación que pueden dejar en los niños. Actualmente, las unidades de diagnóstico prenatal existentes en algunos hospitales españoles (no en todos) son perfectamente capaces de conseguir un diagnóstico de malformación fetal correcto, tanto en el tipo como en la severidad de la malformación.

Señor ministro, ¿no hubiera sido más fácil hacer un pequeño esfuerzo de coordinación con la ministra de Sanidad (la que por cierto no parece darse por aludida en este grave problema) y realizar a nivel estatal una clasificación de las malformaciones, evaluando en profundidad los grados de severidad e incapacitación futura de los niños no nacidos, proporcionando de esta forma a las madres una amplia información para que de esta manera puedan decidir con serenidad?

Por otra parte, y dado que los recortes han afectado también a la Ley de Dependencia, ¿ha previsto el Gobierno alguna medida de protección para esta nueva población con graves minusvalías? ¿O quizá estamos ante una ley que no ha tenido en cuenta en absoluto las consecuencias de su aplicación para los ciudadanos?

Señor ministro, ¿a qué quiere usted condenar a nuestra sociedad? ¿A vivir de nuevo en épocas que nunca debieron existir? ¿O también a que los niños con malformaciones fetales graves, sus familias, sus médicos y, en definitiva, la sociedad entera tengan que padecer por sus creencias? No creo que nadie tenga ese derecho y usted tampoco, señor ministro.

 

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