Las empresas no deberán cotizar por las prácticas de universitarios

El Gobierno ultima el borrador del decreto que elimina la obligación de cotizar por las prácticas universitarias y que promete poner fin a un embrollo que dura años. Desde la implantación de Bolonia en 2007, hacer estas pasantías es obligatorio para obtener la titulación de muchos grados. El problema es que la legislación vigente es la de 1981, cuando adquirir experiencia en la carrera era algo inusual. La reforma de las pensiones de los socialistas, promovida en 2010 por el Ministerio de Trabajo, complicó la situación al obligar a cotizar a la Seguridad Social siempre que hubiera cualquier contraprestación económica para que los universitarios —que se incorporan a la vida laboral más tarde que el resto de los trabajadores—, contaran con más años cotizados. Pero Educación, que temía que este cobro a las empresas las ahuyentase, consiguió una reforma posterior de la ley para quitar las cotizaciones. El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) recurrió y el Tribunal Supremo le dio la razón por un problema de forma —no había pasado por el Consejo de Estado— sin entrar en el contenido.

Ahora, por tanto, existe lo que los rectores llaman “un limbo legal” que crea inseguridad jurídica. “Para no tener problemas con la Seguridad Social, en casi todas las universidades se opta por cotizar. Por ejemplo, es difícil discernir si es importe económico o no que los alumnos reciban vales para comer o de transporte gratuito”, dice Nicolás Díaz de Lezcano, coordinador del área de Empleo de la Conferencia de Rectores.

Los alumnos proponen no abonar las tasas de este tipo de pasantías

El reglamento nuevo es muy claro: de las prácticas “no se derivarán en ningún caso obligaciones propias de una relación laboral”. Este es un hecho que divide a toda la comunidad educativa. CC OO considera que se deben pagar los aproximadamente 40 euros mensuales de Seguridad Social (34 la empresa y seis el alumno) cuando se recibe alguna contraprestación económica. La confederal de UGT comparte esta posición, pero no cuenta con el total respaldo de su federación de enseñanza (FETE). Hay voces que sostienen que el pago frena la disposición de algunas pequeñas empresas a esta experiencia dentro del currículo. Lo creen también los rectores y una parte de los alumnos.

“No es tanto una cuestión económica como de gestión. Las altas y las bajas suponen una complicación para las empresas. Y más cuando en muchas trabajan solo dos o tres personas. Las condiciones no están claras y eso crea inquietud”, sostiene Díaz de Lezcano. “Hoy no hay ninguna dificultad. Se hace telemáticamente”, matiza Julio Serrano, responsable de Universidad del sindicato CC OO. “Si con el nuevo decreto sigue sin haber cotización volveremos a recurrir”, adelanta Serrano.

Bolonia impulsa que en los grados se obtenga “toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir” y el esfuerzo de las universidades es enorme. En Canarias, por ejemplo, todas las titulaciones exigen créditos de prácticas desde hace dos años. “Tenemos que gestionar entre 2.500 y 3.000 becas y es muy complicado”, explica Díaz de Lezcano, también vicerrector de estudiantes y extensión universitaria de Las Palmas. Los propios rectores elaboraron un documento sobre las prácticas que ha servido de base al proyecto ministerial.

El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (Ceune) propone que los alumnos no abonen las tasas de prácticas, que cuestan lo mismo que cualquier crédito de la carrera. “Estás recibiendo una formación, pero tú a su vez estás aportando algo a la empresa. Revierte en ella”, razona Ezequiel Valentín, vicesecretario del consejo. Que suceda parece una quimera cuando el presupuesto de los campus se ha reducido en más de 1.240 millones de euros desde el inicio de la crisis. Díaz de Lezcano tiene otra visión: “Son créditos académicos. No estás en clase, pero exigen un proyecto previo, un seguimiento, tener un tutor...”.

Ceune mostró la semana pasada su “sorpresa” porque en el borrador del decreto de prácticas se aseguraba que ellos habían “informado favorablemente”, cuando la reunión con el ministerio no había tenido lugar. Apenas unas horas después les recibió —tras cinco meses sin verse— el secretario de Universidades, Federico Morán. “Es una pena no haber podido aportar nada antes”, se lamenta Valentín.