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COLUMNA

Derribo del poder local y del Estado social

Tras la reforma local se oculta la intención de derribo de una parte del Estado del bienestar

El dramatismo de un accidente de tráfico con seis muertos en Naveros de Pisuerga, una pedanía en la provincia de Palencia, dejó al descubierto en agosto de 2012 el deterioro de los puentes sobre el Canal de Castilla en su cabecera. La reparación planteaba un verdadero laberinto institucional: Los titulares de las carreteras afectadas son las diputaciones provinciales, el Canal es competencia del Estado, pero en él nadie mueve una piedra sin autorización de la Junta de Castilla y León, que ejerce su tutela sobre el patrimonio cultural de la comunidad.

¿Cómo se ha resuelto el asunto? Con una subvención de la diputación de Burgos al Ayuntamiento de Zarzosa del Río Pisuerga -34 habitantes-, que ha sacado los pretiles del fondo del Canal y los ha colocado sobre los puentes como ha podido.

Estos hechos ilustran el simplismo ideológico de la consigna “una administración, una competencia”, bajo la que el Gobierno ha presentado la reforma local que está a punto de ver la luz. La gestión de competencias en una sociedad compleja y democrática se organiza en sistemas que articulan el valor de la distancia que da perspectiva para garantizar la equidad en la producción normativa y la función de proximidad, para prestar los servicios al calor de las condiciones de vida y convivencia de la ciudadanía. En todo caso si otros no pueden, no saben o no quieren, los ayuntamientos siempre están. Son el Estado en traje de faena, pero se les va a prohibir seguir siéndolo.

La otra falacia de esta reforma es que las economías de escala ahorran gasto en los servicios públicos, por eso hay que expropiar a los municipios sus competencias para ponerlas en manos de las diputaciones provinciales o de las comunidades autónomas. Los datos sobre la deuda en relación con el tamaño de las instituciones, incluidas las locales, dicen exactamente lo contrario, hasta llegar a los desmanes que ilustres liberales han perpetrado en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora el Gobierno fía a los ayuntamientos el cumplimiento del objetivo de déficit pactado con Bruselas. ¿En qué quedamos?

Este modelo de gestión pública, de moda en los setenta, verdadero pilar de la reforma, ignora que la escala de eficiencia es diferente para cada servicio, en cada territorio y con cada nivel tecnológico, y pasa por alto tanto las deseconomías de escala, como los problemas de equidad que crean las desigualdades en el acceso a los servicios.

Tras estos lugares comunes se oculta la doble intención de desempoderamiento del poder local y de derribo de una parte del Estado del bienestar, blindado por los compromisos en primera persona de la política de proximidad.

En este debate la voz de los alcaldes no suena con la fuerza de quién está siendo desposeído de su espacio político. Están acostumbrados a subordinar su discurso político a fuerza de depender de otras administraciones para cumplir su programa electoral, por la precariedad de la financiación local. Tampoco son ajenas a esta docilidad sus aspiraciones a una carrera política, cuando no a simultanear otro cargo que siempre ha dependido de los aparatos partidarios nacionales o autonómicos.

En este menesteroso estado los alcaldes han llegado a crear la expresión, humillante para un político democrático, de competencias impropias para referirse a las que consideraban insuficientemente financiadas. Esta reforma, que convierte en ilegal gran parte del programa de cualquier alcalde de España, les va a dejar sin nada. Convertidos en autoridad impropia.

Las comunidades autónomas se verán desposeídas de sus competencias locales a favor del Estado, que en esta reforma tiene la osadía de ignorar los estatutos de autonomía pactados con aquéllas.

Los Ayuntamientos urbanos pierden sus competencias en servicios sociales a favor de las comunidades autónomas y los rurales prácticamente todas a favor de las diputaciones, con grave riesgo de multiplicación de costes, privatización y supresión de servicios, deterioro de las economías locales por la contratación centralizada en las diputaciones –que debilitará la diversificación de la economía rural-, además de la multiplicación de oportunidades para la corrupción política que esta centralización propicia.

La hora del poder local, siempre diferida, ha llegado para acabar con los ayuntamientos democráticos, que han sabido hacerse cargo de las condiciones sociales del espacio público. Ahora sólo les quedará la responsabilidad sobre sus condiciones materiales.

En los partidos políticos esta reforma supone el retorno de las élites provinciales –y provincianas- y la disolución del poder autonómico. En la arquitectura del Estado una renuncia a la homologación con el mundo local europeo que, como media, gestiona casi el doble de presupuesto público que el español. Para la ciudadanía un recorte de servicios contante y sonante que, sin eufemismos, el propio Gobierno en el Plan Presupuestario 2014 comprometido con Europa cifra en 3.282 millones de euros sólo en 2014 y 2015. Estamos avisados.

Francisco Ramos Antón es Sociólogo, parlamentario autonómico del PSOE en las Cortes de Castilla y León.