El Gobierno presenta un Plan de Inclusión social que ya existe

El programa contra la pobreza que ha presentado este viernes el Gobierno para hacer frente a los efectos de la crisis tiene poco de novedoso. El Plan Nacional de Acción Para la Inclusión Social 2013-2016 consiste en una recopilación de medidas, en su aplastante mayoría ya existentes, que integran las políticas contra la pobreza y la exclusión social que desarrollan las Administraciones estatal y autonómicas en España. De los 136.000 millones de euros a los que asciende esta iniciativa, solo 17 millones correspondientes a un “fondo extraordinario” para la lucha contra la pobreza infantil suponen una nueva inversión del Ejecutivo.

El plan se divide en tres ejes. El primero de ellos tiene que ver con medidas relacionadas con el empleo, y entre ellas se incluyen, por ejemplo, acciones de formación y orientación profesional o de autoempleo. El segundo incluye las prestaciones económicas con los más vulnerables, como las pensiones no contributivas, que el ministerio tiene la intención de “reorganizar” para “evitar lagunas de cobertura”. La tercera pata sobre la que descansa el plan es “el compromiso con los servicios básicos enfocados a la población más desfavorecida” (educación, sanidad, servicios sociales...). Además, el Gobierno promete medidas específicas para sectores vulnerables (personas con discapacidad, en situación de dependencia, mayores, víctimas de violencia de género, población gitana, víctimas de discriminación, reclusos o exreclusos y personas sin hogar).

El presupuesto destinado a esta iniciativa asciende a 136.600 millones de euros, según ha anunciado este viernes la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la comparecencia que ha ofrecido tras el Consejo de Ministros. Repartidos entre los cuatro años de vigencia del plan, a cada año corresponden 34.150 millones de euros. Esta cifra es incluso ligeramente inferior a los 34.582 millones de euros que se han destinado este año al programa, según un documento del Ministerio de Sanidad al que ha tenido acceso este diario. De ellos, 25.131 han correspondido al Estado y 9.389, a las comunidades autónomas, ha indicado Salomé Adroher, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, quien ha destacado el aumento de 4.000 millones de euros en la inversión en este tipo de políticas desde 2007, cuando se destinaron a ellas 30.600 millones.

El Gobierno ha rastreado los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y los de las comunidades autónomas y ha contabilizado el dinero invertido en inclusión social. En base al resultado obtenido, ha hecho una estimación de la cantidad que se dedicará a estas políticas hasta 2016. Del monto anunciado —136.000 millones de euros—, solo suponen una nueva inversión los 17 millones de euros que el Gobierno destinará a la lucha contra la pobreza infantil, que el Ejecutivo considera un “objetivo transversal” en todo el plan presentado este viernes. También supondrían un desembolso extra los 40 millones que se pagarían a principios de enero como adelanto del Fondo de Ayuda a los más Desfavorecidos, que previsiblemente se aprobará en Europa en 2014 y cuya partida no llegará a España hasta final de año.

Pese a que la cantidad anunciada prácticamente no incluye nuevas inversiones, la ministra ha adelantado su intención de incorporar novedades como el diseño de una estrategia integral estatal para atender a las 23.000 personas sin hogar que se estima que hay en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que contabiliza los ingresos en centros de acogida, es decir, que seguramente el número de personas en esta situación sea mucho mayor. Mato apuntó que este plan “pretende ser una herramienta para articular las políticas de prevención y atención” ya existentes y conseguir “una adecuada atención en todas las comunidades autónomas”. Ni la cantidad que será destinada a esta medida ni la fecha en la que estará aprobada ha sido adelantada este viernes. En este sentido, directora general de Familia e Infancia ha destacado que el dinero invertido hasta 2016 será “mucho mayor” a la cantidad anunciada porque incluye planes que aún se están preparando.

Algunas de estas iniciativas se piensan desarrollar en colaboración con el llamado tercer sector, integrado por entidades sin ánimo de lucro, “cuyo apoyo es esencial”. De hecho, Mato ha aludido en su comparecencia a la elaboración de tres normas: la ley del tercer sector, del voluntariado y del mecenazgo, que irían en este sentido. Adroher ha explicado que la intención del Ejecutivo no es que estas entidades asuman el papel de las Administraciones públicas, sino reconocerlas como interlocutor, dado el papel “que ya están desempeñando en la sociedad”, garantizar que cobren las subvenciones acordadas (a través del plan de pago a proveedores) y dotarlas de un marco jurídico que les dé mayor estabilidad.

Este mismo viernes, poco después de anunciar la medida, se han alzado las primeras voces críticas contra el plan del Ministerio de Sanidad. Entre ellas, la de José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que recela de la apuesta por las entidades sin ánimo de lucro o, directamente, el sector privado clásico para asumir funciones que tradicionalmente correspondían a las Administraciones públicas: “Esto es un cambio de modelo”.

Ramírez se ha mostrado crítico con el plan del Gobierno: “No hay nada nuevo, se plantean medidas que ya existen; y el problema [de la creciente desigualdad y pobreza] se ha creado con estas mismas iniciativas ya existentes”. “Más que medidas dirigidas a grupos marginales, la prioridad es atender a la clase media empobrecida, hay que cambiar el enfoque”, ha añadido. Y ha destacado la paradoja que supone que se presente un plan para combatir la pobreza mientras el mismo Gobierno que la impulsa es el que ha diseñado una nueva ley de Administración local que vacía de contenido a los servicios sociales municipales, la herramienta sobre la que ha descansado la lucha contra la desigualdad en los últimos 25 años en España. Ante ello, Adroher ha manifestado que lo importante es establecer un marco común de actuación en todo el Estado y que posteriormente esos servicios deberán ser prestados por las comunidades autónomas o los municipios, “en función de lo que se decida”.