“Si mi padre no hubiera tenido el arma, ella quizás habría escapado”

Piedad Pacheco recogía aceitunas cuando su exmarido, al que había denunciado en dos ocasiones por amenazas, fue a su encuentro y cumplió lo prometido. El 1 de enero de 2006, Manuel Campaña disparó tres tiros: dos de ellos por la espalda, de lejos; uno a quemarropa. Piedad tenía 39 años. Su asesino usó una escopeta que le había sido requisada cuando ella acudió al juzgado por segunda vez y que, posteriormente, al ser absuelto “por falta de pruebas”, le fue devuelta. La Administración no tuvo en cuenta sus antecedentes. Ahora, casi siete años después de que Beatriz, la hija de la víctima, reclamara responsabilidad patrimonial al Estado, la Audiencia Nacional le ha dado la razón y establece una indemnización de 25.000 euros. Para ella no es cuestión de dinero. Es justicia: “Si mi padre no hubiera tenido arma, mi madre quizás habría podido escapar”.

Ese día, Beatriz dormía cuando su padre comenzó a silbar desde el callejón que da a la casa de su abuela, en la localidad andaluza de Priego de Córdoba. Allí vivían ella —que entonces tenía 13 años— y su madre desde que, dos años atrás, “después de dos décadas de malos tratos psicológicos”, Piedad se hartó de aguantar y decidió poner fin a su matrimonio. Y así llamaba Manuel a su hija cada vez que iba a recogerla. Al oír la señal, ella bajaba a su encuentro. Pero en esa ocasión el hombre estaba furioso porque la niña no había pasado la Nochevieja con él.

Beatriz recuerda los golpes: “Él saltaba por todo y aporreaba paredes y mesas”

“Me había llamando muchas veces durante la cena. Yo había estado el 24 de diciembre con él y quería dividir las fiestas para estar con los dos. Vino a por mí y yo no lo escuché. Después fue a buscar a mi madre y la mató. Nunca sabré qué quería hacer conmigo, yo era lo más importante del mundo para ella, y él era consciente de eso, así que siempre me quedará esa duda”, cuenta la joven, que hoy tiene 21 años y afirma, rotunda, que aquel día se quedó huérfana de madre y padre. Manuel está en la cárcel —fue condenado a 20 años— y Beatriz no quiere saber nada de él.

Piedad Pacheco se quedó embarazada de su primer hijo con 17 años y entonces se casó con quien sería su asesino. Ella, ama de casa; él, agricultor. Los malos tratos psicológicos eran constantes. “Yo era muy pequeña y no entendía nada, pero veía que mi madre no estaba bien, siempre le dolía la cabeza, tenía depresiones y recibía tratamiento médico. Incluso intentó suicidarse”, relata Beatriz. “Mi padre saltaba por todo. Recuerdo los golpes. Esos se me han quedado grabados. Se enfadaba y empezaba a aporrear las paredes, las mesas... Nunca vi que le pegara, pero años después me enteré de que llegó a violarla mientras la cogía del cuello, asfixiándola”, dice la joven. Teodora Valverde, su abuela, no supo del calvario por el que pasaba su hija hasta que se separó. “Algo le ocurría, aunque nunca me lo contó. Yo sospechaba que las cosas no iban bien en su relación porque lo conocía a él, pero me enteré de todo después”, se lamenta.

“Vino a por mí antes que a por ella. No sé por qué”, cuenta la joven

En diciembre de 2003, Piedad fue al médico y, a las puertas del centro de salud, se puso a hablar con un vecino. Manuel los vio, le pegó un puñetazo al hombre y la agarró del brazo a ella mientras le decía: “Vete para el coche, que te mato ya, hoy te mato”. La mujer escapó y corrió hasta la policía, que estaba cerca. Puso su primera denuncia por amenazas y se fue a casa de su madre. El agresor fue condenado a una multa de 100 euros por una falta de amenazas. Ese fue su castigo: cinco euros diarios durante 20 días. Y continuó acosando a Piedad, llamándola por teléfono y yendo a su encuentro. Ella vivía con miedo. Así lo asegura Beatriz.

La segunda denuncia llegó en abril de 2004, cuando el hombre se presentó de madrugada en casa de Teodora diciendo que iba a llevar a la niña a un centro de menores. Tuvieron que llamar a la policía. Y volvió a haber amenazas, insiste Beatriz. Durante este procedimiento, a Manuel le fue retirada la licencia de sus dos escopetas de calibre 12. Pero, cuando fue absuelto, la Subdelegación del Gobierno en Granada decidió devolverle las armas. Para tomar esa decisión solicitaron un informe de la Guardia Civil de Algarinejo (Granada), donde vivía el agresor. Pero fueron las autoridades de Priego de Córdoba las que atendieron a Piedad. A ellas no se les consultó. Tampoco se tuvo en cuenta la condena anterior por una falta de amenazas. Amenazas de muerte. La Audiencia Nacional considera ahora que la Administración actuó de forma “deficiente”.

En poco más de un mes se cumplirá el octavo aniversario del asesinato de Piedad, y su familia reconoce que su vida sigue rota. Beatriz, que antes sacaba “muy buenas notas”, dejó de estudiar cuando acabó la ESO: “No pasa un solo día en que no necesite a mi madre. Ya es tarde para ella, para nosotras. Cuento esta historia para que no se repita”.