Basta una semana para apagar 24 años

“Cerrar Canal 9 no representa un problema desde el punto de vista jurídico. En esta crisis se ha hecho ya con muchas empresas públicas”, señalaban ayer fuentes judiciales de la Comunidad Valenciana. Tampoco requiere mucho tiempo, añadía el profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia Antonio Sotillo: los pasos básicos para liquidar la televisión pública valenciana, creada hace 24 años, podrían darse “en cuestión de una semana”.

 Cuestión distinta, coincidía con otras fuentes jurídicas consultadas, es que lo prudente, después del fracaso del ERE, anulado por los jueces, es que el Gobierno valenciano cuide los detalles para evitar nuevos sobresaltos. Esa es la línea asumida por el Ejecutivo autonómico, según explicó ayer el vicepresidente José Ciscar. Ello supondrá ampliar los plazos, aunque tampoco en exceso, aseguran los expertos.

Un nueva televisión pública tendrá que esperar, para no incurrir en fraude

El primer paso para cerrar el canal, aseguran los juristas, deberá consistir en cumplir la sentencia del Tribunal Superior valenciano que ha desencadenado la clausura readmitiendo al millar de despedidos. Ese mismo día podría anunciarse el expediente de regulación extintivo para toda la plantilla (en total, 1.660 personas). Para evitar problemas como los que tuvo el ERE anterior, tendría que abrirse un periodo de consultas con el comité de empresa. Los sindicatos podrían plantear planes de viabilidad, pero el propietario —el Gobierno de Alberto Fabra— no encontraría problemas para rechazarlos con el argumento de que tiene decidido el cierre.

Casi simultáneamente, las Cortes Valencianas deberían modificar la ley de Radio Televisión Valenciana (RTVV). Cabría para ello que la Generalitat utilizase un decreto ley como el que ha empleado para recobrar el control del canal, pero el profesor de Derecho Administrativo Andrés Boix advierte de que con ello se expondría a que el Tribunal Constitucional lo tumbase por falta de urgencia y necesidad. Lo más probable es que el Gobierno lo tramite como proyecto de ley de lectura única, la fórmula más rápida.

RTVV correrá a continuación la suerte de cualquier empresa en su situación: los activos serán liquidados para hacer frente a los pasivos. Al tratarse de una empresa pública, la liquidación deberá hacerse mediante subasta pública, si bien los bienes físicos podrán venderse en grandes paquetes. Más problemas planteará la venta de la frecuencia, que está reservada para servicio público. La creación de una nueva televisión que cumpla ese fin, sea directamente de la Generalitat o de gestión privada, deberá esperar para evitar que los jueces lo consideren una sucesión de empresas, una de las más antiguas fórmulas de fraude a los trabajadores.