“Mis carencias eran el paraíso al lado de los indígenas”

Aún recuerda la fecha, haciendo un esfuerzo. Era por la mañana, el 6 de junio de 2001, cuando Edgar Pérez se presentó en la oficina de Gestión Penal de los juzgados de Guatemala y, con un grupo de víctimas, registró una querella contra el expresidente del país, el general José Efraín Ríos Montt, por genocidio contra los mayas de la etnia ixil. Los hechos sucedieron entre 1981 y 1982. Pasarían 12 años hasta que aquella denuncia dio lugar a una sentencia, el pasado 10 de mayo, que cambió la historia, en sentido retroactivo, del país centroamericano. Ríos Montt fue el primer jefe de Estado condenado por genocidio por la justicia de su propio país.

El pasado 23 de octubre, Pérez estuvo junto a Juan Francisco Soto, director de la principal ONG que ha impulsado el proceso contra el dictador, explicando esta odisea judicial a un grupo de abogados españoles en la sede de la Fundación Abogacía Española.

Desde mediados de los noventa, en Guatemala se daba una situación que puede sonar familiar. Las víctimas de la guerra civil, con sus propios medios, buscaban a sus muertos en fosas comunes, con la ayuda de voluntarios. Pérez era uno de ellos. “Acompañaba a víctimas en los procesos de exhumación, me contaban las historias de las masacres, ubicábamos las fosas comunes y presentábamos a la fiscalía las denuncias sobre la existencia de los cementerios clandestinos”. “En esa época era casi imposible que los jueces fueran receptivos”, recuerda. La discriminación era tan fuerte en el país que hasta los indígenas le miraban con recelo, a pesar de su aspecto, por llevar chaqueta y corbata.

Pérez, de 44 años, nació en la Ciudad de Guatemala, en un barrio marginal llamado Colonia Sakerti. Era un área roja, conflictiva (en términos guatemaltecos). De padres obreros, creció con siete hermanos. “Me quejaba de muchas carencias. Después conocí la historia de los pueblos indígenas. Mis carencias eran el paraíso”.

Salir de las duras calles de Guatemala para interesarse por el campo y los derechos humanos fue un proceso extraño. Antes de ser abogado, Pérez se dedicó a la lucha grecorromana. Estuvo en el equipo nacional de Guatemala.

“Así pude viajar y tener otra perspectiva de la realidad del país”, afirma. “Dentro es difícil darse cuenta. Viajando es como se toma conciencia. En algunos sitios me preguntaban: ‘¿Cómo está la guerra?’, y yo decía: ‘¿Qué guerra?’ no teníamos información objetiva para saber. Era una vergüenza no tener criterios para poder contestar”. Así se interesó por lo que estaba pasando en su país con “la gente más vulnerable”.

Estudió en la universidad pública, donde la matrícula costaba 5 quetzales (0,46 euros). “Lo mínimo que podía hacer era devolver algo, hacer algo por quien más lo necesita, que son los campesinos”. Se interesó por cada denuncia de masacres, cada detalle de horror. Hasta que, hacia el cambio de siglo, aquellos familiares habían acumulado tantas denuncias que “el sistema judicial de Guatemala [políticamente] no lo iba a resistir”. Por eso, decidieron denunciar al exjefe del Estado por un crimen imprescriptible. Esa sería la justicia de todos.

A estas alturas ha batallado contra todas las instancias de la justicia de su país. Y aún no ha terminado. La fuerza, explica, no sale de él.

“Lo formidable es la resistencia de las víctimas. A pesar de que el sistema les niega el acceso a la justicia, siguen creyendo en el sistema judicial. Siguen creyendo que, un día, les va a responder”.