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Los dependientes de Castilla-La Mancha llevan los recortes a los tribunales

La plataforma que agrupa a los beneficiarios recurre la última orden de la Junta

La norma reduce las compatibilidades entre servicios y prestaciones

Las personas dependientes de Castilla-La Mancha han llevado al Gobierno regional a los tribunales por los recortes introducidos en el sistema de prestaciones. En concreto, han recurrido la orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales que regula el catálogo de servicios y prestaciones económicas de la dependencia, y que limita las compatibilidades entre las ayudas y el tiempo de atención. Ello se traduce, según denuncia la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en la región, en que a los menores que acuden a un centro de día se les está retirando otros servicios que puedan tener o en que se sustituyan las prestaciones económicas para cuidar a familiares por 20 horas mensuales de ayudas.

La plataforma, que ha impulsado el recurso, sostiene que detrás de la orden del Gobierno regional está el “brutal recorte” que recoge el proyecto de Presupuestos para el año 2014 en el que la partida destinada a la dependencia recoge una reducción de 16 millones de euros, “lo que representa un hachazo de más de 46 millones de euros respecto al año 2012, equivalente a una caída de 32%”.

En un comunicado, la entidad, integrada por usuarios y familiares, sostiene que el recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha supone “la primera” acción judicial en el Estado de este tipo, “ante los desmanes que se están perpetrando con las nuevas legislaciones que en materia de dependencia están publicando los gobiernos del Partido Popular”.

Los dependientes integrados en la plataforma confían en que este nuevo frente judicial sirva para reponer “todos los derechos que se nos han estado hurtando los últimos dos años”, en las distintas iniciativas tomadas para recortar la cobertura del sistema de dependencia.

Tras las primeras medidas introducidas a final de 2011, por ejemplo, la eliminación de la transferencia estatal a las comunidades autónomas —las encargadas de ejecutar la ley—, de 283 millones de euros, el principal paquete de recortes llegó con el Real Decreto de julio de 2012, de “racionalización del sistema”, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En el real decreto se acordó, entre otros servicios, la reducción del nivel mínimo (el dinero que destina el Estado a las regiones correspondiente a la cuota que paga por los dependientes) en un 13%, la minoración del 15% de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras o la reducción de la compatibilidad entre servicios que ahora ha regulado la Junta de Castilla-La Mancha.

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