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El Constitucional entierra el trato de favor a los campus católicos

Un fallo exige que los Parlamentos autónomos autoricen estas universidades

Murcia. Universidad Católica de Murcia. © G. N.
Murcia. Universidad Católica de Murcia. © G. N. EL PAÍS

Una sentencia del Tribunal Constitucional obliga a las universidades católicas a dotarse de una ley de creación que deberá ser aprobada por los Parlamentos autónomos. Hasta ahora, bastaba con la autorización de la Conferencia Episcopal para levantar un nuevo campus, pero la sentencia del alto tribunal equipara el proceso con el que ha de pasar cualquier universidad privada.

El proyecto de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) de levantar un nuevo campus en la provincia vecina de Alicante (en Sant Joan, una población de 22.000 habitantes), con 10 nuevas titulaciones anunciadas para el próximo curso, será el primero en verse afectado por esta sentencia. El fallo responde a un recurso de inconstitucionalidad presentado por PSOE, IU y Grupo Mixto hace 11 años, al entender que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) introducía un régimen discriminatorio que favorecía a las universidades católicas en relación con el resto de universidades privadas en lo que respecta al reconocimiento de las mismas.

Para la puesta en marcha de universidades privadas católicas, los Gobiernos regionales se limitaban a autorizar y supervisar el profesorado e instalaciones de cada título oficial. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) contemplaba que las católicas, merced a los acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Vaticano, no necesitaban una ley de reconocimiento. “La Iglesia católica podrá establecer centros universitarios sin perjuicio de que los mismos se acomodaran a la legislación con carácter general”, reza el acuerdo internacional que el Constitucional dejó en junio sin efecto.

La ley de 2001 les eximía expresamente de la tramitación legal

Sin debate parlamentario y sin ley de reconocimiento se crearon las universidades Santa Teresa, de Ávila, San Antonio, de Murcia y San Vicente, de Valencia. La ley anterior (la LRU, de 1983) era mucho más ambigua en este sentido, simplemente decía que la aplicación de la norma a “las universidades de la Iglesia católica se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede”.

El tribunal entiende que el trato que les confiere la LOU es “discriminatorio e inconstitucional”, porque supone un “trato diferenciado” entre las universidades católicas y el resto de las privadas. Una diferencia que “carece de justificación objetiva y razonable”.
La sentencia afecta a las universidades católicas “de nueva creación cuyos procedimientos administrativos y judiciales no hayan recaído”, y no afecta a los centros en funcionamiento. La Conferencia Episcopal evita hacer declaraciones y remite a un artículo del director de su servicio jurídico, Silverio Nieto, que cuestiona los “débiles argumentos” de la sentencia, y recuerda que la Universidad es “hija de la cristiandad medieval” y la Iglesia católica es “mundialmente la institución con mayor dedicación universitaria”.

El tribunal cree que el trato diferenciado no tiene justificación “objetiva y razonable”

El auto ya ha enfrentado al Gobierno del PP, que preside Alberto Fabra, con la UCAM de Murcia, que no se da por aludida al considerar que el nuevo campus se constituyó el año pasado por los acuerdos de la Santa Sede, y “el proyecto sigue adelante”, según fuentes de la UCAM.
El proceso de reconocimiento de una universidad privada es largo, “como mínimo, de un año”, explica Enrique Fernández, rector de la Universidad Europea de Valencia, uno de los campus privados más jóvenes de España. Primero, la universidad aspirante presenta un proyecto ante la consejería de Educación que debe incluir garantías económicas (apoyos, avales) y educativas (las titulaciones que se van a implantar, con qué profesorado y personal de administración, en qué instalaciones).

Sobre ese proyecto hacen informes (y en su caso, se piden mejoras) la Conferencia General de Política Universitaria (órgano que reúne a las comunidades y el Ministerio de Educación), el Consejo de Universidades y la agencia de calidad autonómicos, y el servicio jurídico de la comunidad. Después, el proyecto de ley de reconocimiento se tramita, se discute y se vota. Se puede decir que en este proceso se estudia la solvencia del proyecto global de universidad (y a este no se sometían las de la Iglesia), mientras que el otro, el de reconocimiento de títulos, el de cada carrera en particular (a este sí se sometían).
Un informe de la Abogacía de la Generalitat deja claro que esta universidad no está reconocida y su creación se debatirá en las Cortes. No obstante, la mayoría absoluta de la que dispone el PP en el Parlamento valenciano no pondrá ningún obstáculo a su tramitación y aprobación, pese al malestar manifestado por los rectores. Fuentes de la consejería confirmaron que el proyecto tiene toda la documentación “en regla” y en noviembre será estudiado por el Consejo Valenciano de Universidades.

La sentencia del Constitucional supondrá un retraso de cuatro o cinco meses en su puesta en marcha.Con esta nueva universidad católica, y otra privada que también se proyecta en El Campello, otra localidad del área metropolitana de Alicante, la Comunidad Valenciana tendrá más universidades privadas, seis, que públicas, cinco.

En España existen universidades católicas en Ávila, Murcia y Valencia en las que estudian 19.177 alumnos, según datos facilitados por la Conferencia Episcopal. El número de matriculados supone un 1,4% de los alumnos universitarios en toda España. Y en principio no está prevista la creación de ninguna otra nueva universidad en los próximos años.

Sombras en la calidad docente

La calidad de la docencia que imparte la UCAM en Murcia está en tela de juicio. Al menos en el máster de ingeniero de Caminos que acumula dos informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que concluyen que “no garantiza” ejercer la profesión. Precisamente la principal objeción que manifiestan los rectores valencianos es la falta de garantías de calidad.

El rector de Alicante, Manuel Palomar, y portavoz de la Conferencia de Rectores de las Universidades Valencianas (CRUV), aclara que no tienen nada en contra de los centros privados, “siempre y cuando no reciban un trato diferenciado y preferente” por parte de las Administraciones. Palomar exige que los nuevos campus “se ajusten en calidad docente e investigadora al resto de centros públicos”. Las dos nuevas universidades privadas previstas en Alicante impartirán títulos en el área de Ciencias de la Salud, y la Universidad Miguel Hernández, la última pública valenciana que se creó, tiene una Facultad de Medicina en Sant Joan. Su rector, Jesús Pastor, denuncia la falta de “orden y criterio” en la oferta. “Las universidades se pueden duplicar, pero los hospitales no”, concluye Pastor. Y es que de las 10 titulaciones previstas en la UCAM solo una es nueva (Odontología), el resto ya se imparten en las dos públicas.