Las comunidades se encargarán de los servicios sociales sin más financiación

Con la reforma de los Ayuntamientos que impulsa el Gobierno no habrá, según el secretario de Estado de Hacienda, “ningún problema” a la hora de garantizar la financiación de los servicios sociales. Antonio Beteta aseguró esta mañana que son las Comunidades Autónomas las que tendrán que financiar a los Ayuntamientos si quieren delegar en ellos las competencias. Si una autonomía argumenta que no tiene fondos, Hacienda detraerá ese dinero de su participación en los ingresos del Estado (PIE) y lo pondrá en manos de las corporaciones locales. La reforma tiene como objetivo un ahorro de 8.000 millones de euros.

Los municipios que tengan superávit en sus cuentas también podrán optar por prestar cualquier servicio social con la autorización de la comunidad si no se producen duplicidades. Sin embargo la norma no explica cómo se asegurarán estos servicios si impera la máxima de que "no aumentará el gasto de las administraciones", algo que el ministerio quiere hacer cumplir a rajatabla.

El mecanismo, que para Hacienda es muy simple, para las autonomías acarrea serios problemas. La Junta de Castilla y León ya ha advertido que transferir las políticas sociales costará 200 millones de euros. Milagros Marcos, su consejera de Familia, recuerda que la atención social “necesita personal de proximidad”, que está en los municipios.

La reforma local, que ha soliviantado a más de 2.000 alcaldes, muchos de ellos del propio Partido Popular, y a varias comunidades autónomas es, para el secretario de Estado de Hacienda, profundamente “municipalista”. Beteta desmiente que se vayan a perder 100.000 empleos, como denuncia el secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías: “Eso es falso, parte de un supuestos falsos”, argumenta, en referencia a la privatización sistemática de los servicios que, según la oposición, llevarán a cabo las Diputaciones provinciales. De hecho, pone como ejemplo de buen funcionamiento de algunas diputaciones, como la de Ourense, en técnicas de gestión, factura electrónica, y austeridad. El expresidente de ese organismo y padre del actual presidente, José Luis Baltar (que abandonó el cargo el año pasado) está imputado por prevaricación en la contratación de 104 personas, la mayoría familiares de cargos del PP en la provincia.

Otro de los puntos clave de la reforma que este jueves el PP defenderá en el Congreso, donde se debatirán las enmiendas a la totalidad, está en el llamado “coste efectivo”. Cada año a partir de 2014, los municipios tendrán que publicar lo que les cuesta prestar cada servicio. Este baremo de “eficiencia”, se conocerá justo antes de las elecciones municipales de 2015.