El Gobierno balear exige pasar una lista de los alumnos que falten a clase

Llueve sobre mojado en el conflicto educativo y social de Baleares. Primero un diputado del PP de Menorca, Antoni Camps, advirtió en un artículo publicado en prensa de que gracias a la huelga de docentes se conocería la identidad “con nombres y apellidos” de los profesores participantes, aquellos que objetan o se oponen al proyecto y las normas de Educación. Camps encendió más el conflicto en Menorca y ha sido objeto de una querella por parte de profesores. Este jueves, además, ha estallado una crisis interna en la inspección educativa de la consejería de Educación por la orden, transmitida verbalmente desde el Gobierno del PP a los inspectores, de que en todos los colegios se “pase lista” de los alumnos que faltan a clase durante la huelga. Se pretende que el tutor de cada clase controle quién acude al aula, centro a centro. Con más de 400 colegios, son más de 100.000 alumnos a listar.

El Gobierno instó a los padres a llevar a sus hijos a los colegios, después emplazó a los docentes a que no fueran huelguistas e impartieran clase, a que avanzaran en las materias del currículo “aunque solo hubiera un niño en clase”. Ahora el Gobierno de Bauzá pretende elaborar una relación de quienes se abstienen de ir a la escuela, aquellos que, de acuerdo con sus familias, secundan indirectamente la huelga de docentes que este viernes cumple tres semanas. Este jueves se cerró la negociación sin acuerdo entre las partes. El viernes hay nueva cita.

La noticia de las listas de alumnos, denunciada por dos sindicatos Stei y Comisiones, provocó un escándalo en parte de la comunidad educativa. Los inspectores aseguraron que identificar en una relación a los escolares absentistas vulneraría la ley de protección de datos y las leyes de protección de menores. El jefe de la inspección, Antonio González, presentó su renuncia. El secretario autonómico, Guillem Estarellas, lo negó y dijo que seguía en su cargo. El Facebook de la Ser Radio Mallorca publicó la misiva de la dimisión. Estarellas admitió “algunas discrepancias” que se cerraron con “un entendimiento en conversaciones”. González permanece en su despacho.

La diputada del grupo Més en el Parlamento, Fina Santiago, pidió la comparecencia de la consejera de Educación, Joana Maria Camps. Educación señala que el ordenamiento jurídico ampara su instrucción verbal. El Instituto de Política Familiar, antiabortista y a la derecha del PP, criticó abiertamente la orden. La exconsejera de Bienestar Social y parlamentaria de Més Fina Santiago dijo que se dirigirá a la Fiscalía de Menores para que investigue la "injerencia" gubernamental en los derechos de las familias y los menores.