El ministro compara las protestas por la Lomce con una “fiesta de cumpleaños”

“Comparado con otros países de nuestro entorno cultural que están embarcados en reformas educativas, como México o Chile, el nivel de discrepancia en España se puede considerar una fiesta de cumpleaños”, ha declarado la mañana de hoy jueves el ministro de  Educación, José Ignacio Wert,  en Los desayunos de TVE. Estas declaraciones han indignado a los sindicatos, los padres y los estudiantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública  que hoy mismo habían convocado una rueda de prensa para presentar su calendario de movilizaciones en un "otoño caliente". "Que el ministro esté en la fiesta que le dé la gana. Nosotros estaremos en la calle luchando por la igualdad de oportunidades en la educación pública", le ha contestado Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.

Carlos López Cortiñas, secretario general de FETE_UGT, lamenta el carácter "provocador nato" del ministro que, a su juicio, debe de dimitir "por no buscar nunca el consenso". Partidos, sindicatos y otras asociaciones consultadas durante la elaboración de la reforma educativa han criticado en numerosas ocasiones la "falta de interés" del ministro en estos encuentros en los que, según ellos, ni siquiera tomaba notas. Wert tampoco guarda una buen recuerdo. "He tenido conversaciones con los grupos dignas de los Hermanos Marx", declaró en junio en un desayuno informativo en el que reconoció tener cierta "soberbia intelectual". " Es posible. Si la gente lo piensa será porque es así. No soy el mejor juez de mis defectos".

En México DF la acampada de los maestros en el Zócalo amenaza la celebración del Día de la Independencia. Los docentes llevan allí desde abril para protestar por una reforma educativa promulgada esta semana. En Chile, desde 2011, los universitarios reclaman una educación gratuita.

 Mientras que en España la marea verde tomó fuerza a principios de 2012 con los primeros recortes. El presupuesto se ha reducido 6.400 millones en los próximos tres años. Los manifestantes consideran que se está premiando la enseñanza concertada en detrimento de la pública, que los nuevos itinerarios y reválidas frenan la formación de los más humildes y que se ha favorecido a la Iglesia al incluir una alternativa a la materia de Religión.

 La estrategia de los sindicatos es parecida a la del año pasado e incluye una huelga general de todo el sector educativo (de infantil a Universidad) que tendrá lugar el 24 de octubre contra la reforma educativa y los recortes en la enseñanza. "No tememos no tener el éxito de la huelga del 9 de mayo. Si no luchásemos por los derechos de nuestros hijos, no mereceríamos ser llamados padres", ha señalado José Luis Pazos, de la asociación de padres CEAPA.

Y como novedad han presentado una consulta ciudadana. Su intención es abrumar al Gobierno con el apoyo de miles de personas a su rechazo a la Lomce y a los recortes en el sector y pretenden hacer entrega de todas las respuestas al presidente en el palacio de la Moncloa. La Plataforma tiene en mente el éxito conseguido anteriormente por otras consultas populares. En noviembre Sanidad en lucha presentó ante la consejería del ramo casi un millón de firmas en contra de la privatización de los hospitales de Madrid. A la polémica ayudó que la ex presidenta Esperanza Aguirre firmara en contra del desmantelamiento de la Princesa que se ha parado. Revuelo mediático tuvo también la consulta sobre la privatización del Canal de Isabel II que recibió 30.000 apoyos. Finalmente no se ha privatizado.

A estas protestas se suma también la apuesta personal de CCOO que  denunció el martes tres principios de la Lomce ante Bruselas.Consideran que la reforma vulnera el derecho comunitario en los artículos referentes a la segregación por sexo en las aulas, la falta de estudio de principios cívicos de los que estudian Religión y la contratación de profesorado foráneo para impartir lengua extranjera pese a no haber aprobado las oposiciones pertinentes. Si la Unión Europea admite a trámite la demanda tiene 15 días para pedir explicaciones al Gobierno. Y si su resolución es positiva el Gobierno no podría incluir estos artículos en el texto, y por tanto aplicarlos.