Ecuador abre la reserva de Yasuní a las petroleras ante la falta de apoyo
Quito había ofrecido mantenerla intacta a cambio de 2.700 millones de euros de la comunidad internacional En ella vive una tribu voluntariamente aislada
Las petroleras podrán entrar en el Parque de Yasuní, una joya medioambiental del Ecuador amazónico que fue declarada reserva mundial de la biosfera por la ONU en 2008. La decisión, tomada por el presidente del país, Rafael Correa, se ha adoptado ante la falta de apoyo de la comunidad internacional. El Plan del Buen Vivir o Sumak Kawsay, en lengua kichwa, que el presidente de Ecuador cita en cada discurso, incluía el compromiso de respetar el medioambiente y no tocar las reservas de crudo que hay en los campos petroleros del Yasuní. A cambio, Ecuador pedía un fondo internacional de 2.700 millones para compensar la pérdida de ingresos y gratificar el papel de sumidero de CO2 del parque nacional.
La propuesta del mandatario ecuatoriano para evitar la explotación de los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) ha resultado un fracaso: en lugar de los 3.600 millones de dólares que pedía (2.700 millones de euros, el equivalente al 50% de lo que el Estado percibiría si extraía los casi mil millones de barriles que se calcula que hay en el parque), hasta la fecha solo se han reunido 13,3 millones de dólares (poco más de 10 millones de euros). Dos de esos millones están en el país y 11,3 en el Fideicomiso Internacional administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. España es uno de los donantes, y ahora podría recuperar su aportación. “El factor fundamental del fracaso (del proyecto) es que el mundo es una gran hipocresía”, dijo Correa.
Con ello corren peligro todos los objetivos del plan. Dejar el petróleo bajo tierra significaba no emitir más de 400 millones de toneladas de CO2 (similar a las emisiones de España en un año), según una publicación de 2011 de académicos ecuatorianos. A ello hay que sumar el peligro para la biodiversidad existente (100.000 especies de insectos, 150 de anfibios, 121 de reptiles, 598 de aves y unas 200 de mamíferos, aparte de unas 3.000 de flora) y la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas que habitan en la zona, principalmente los waorani, que tienen dos clanes (los tagaeri y los taromenane) que se internaron voluntariamente en la selva virgen a inicios de los setenta, justo cuando arrancaba la exploración y futura explotación petrolera en el Ecuador.
Correa usó este jueves el Plan del Buen Vivir para justificar la explotación, pues el país necesita inversiones superiores a los 70.000 millones de dólares (52.900 millones de euros) para erradicar la pobreza y extender el bienestar a las comunidades menos favorecidas. Por eso volvió a citar en su discurso una de sus frases predilectas: “No me gusta la minería, no me gusta el petróleo, pero mucho menos me gusta la pobreza y la miseria”.
El presidente no convenció a sus conciudadanos, sobre todo porque hay un 92,7% de la población que apoya la iniciativa de mantener el petróleo bajo tierra, según una encuesta realizada en junio del 2013. Los síntomas de rechazo se hicieron palpables la misma noche del jueves, cuando centenares de jóvenes se autoconvocaron en la sede del Gobierno en Quito para expresar su desacuerdo.
Las organizaciones sociales e indígenas también han hecho público su malestar y este viernes comunicaron que pedirán una consulta popular para que los ciudadanos expresen su rechazo. “Si hay un tema en el que Ecuador nos ha puesto de acuerdo es el Yasuní”, dijo Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, quien además cuenta que la iniciativa de no extraer el crudo nació de la sociedad civil.
El exasesor de Correa Decio Machado señala lo paradójico que resulta que ahora haya que convencer a la opinión pública de las bondades de la explotación. “Hemos estado durante meses vendiendo la idea de la no explotación a los países y ahora hay que convencer a los ecuatorianos de que la explotación es buena”, dice. La campaña de propaganda del Yasuní ITT, solo en el 2011, tuvo un gasto de tres millones de dólares, según el diario El Comercio.
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