Destituidos tres directores de instituto en Baleares por objetar al plan lingüístico

La consejería de Educación de Baleares ha destituido a tres directores de institutos de secundaria de la isla de Menorca y les ha suspendido el sueldo por objetar su plan de reforma del modelo educativo. El Gobierno de Baleares, del PP, obra con mano dura con los equipos directivos de los centros que objetan su acción “estratégica”, el proyecto de aplicación de la enseñanza trilingüe en las aulas. La oposición nace porque se diluye el peso en la enseñanza del catalán, lengua propia y cooficial junto al castellano. La autoridad gubernamental dice que actúa ante funcionarios "por desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior".

Aun en vacaciones, el sector de la educación balear está movilizado, en las redes y en una asamblea a la que anoche acudieron 150 profesionales. El PP dice que es una respuesta minoritaria y reivindica su mayoría social absoluta. La asamblea de profesores y los sindicatos progresistas plantean una posible huelga al comienzo del curso pero exigen a la consejería que negocie esta cuestión y otras relativas. Sobre la mesa de la reivindicación están la eliminación de los recortes de plantillas y salarios, así como la ley de símbolos que veta la exhibición de banderas catalanas cuatribarradas en las fachadas de los centros.

El Gobierno balear pone en marcha, de manera urgente, la aplicación del nuevo marco legal y normativo, el ya citado decreto del tratamiento integrado de lenguas (Til), que marca la introducción de la lengua inglesa, con reducción, en general, de las horas dedicadas al catalán y en menor medida al castellano. El anterior decreto de mínimos definía un equilibrio entre los dos idiomas oficiales desde hacía más de dos décadas.

Los directores de los institutos Joan Ramis i Ramis, Cap de Llevant y Pasqual Calbó i Caldès, los tres de Mahón, rechazaron, con el consejo escolar, las correcciones que Inspección educativa les exigía en sus respectivos “proyectos lingüísticos” que remitieron a la consejería. La autoridad política castiga a los directores y dicta que se aplicarán los proyectos “corregidos” por Inspección, que no han sido aprobados por los consejos escolares.

Educación afirma que busca "preservar la estabilidad del sistema educativo" y velar por los alumnos que "en ningún caso se pueden ver afectados por una situación generada por una minoría del profesorado". Su nueva política educativa pretende "dar garantías suficientes para afrontar las exigencias de un mundo extremadamente competitivo". Desde la consejería del PP se culpa a la izquierda de querer imponer “un modelo monolingüe" frente al suyo que es de libertad y multilingüe. El Gobierno de José Ramón Bauzá resalta que su "línea política fue aprobada mayoritariamente en las urnas y apuesta por una educación trilingüe".