Gobierno, médicos y enfermeros firman un pacto sanitario sin las comunidades

La ministra de Sanidad, Ana Mato, escenificó ayer en presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el acuerdo alcanzado con médicos y enfermeros para la “sostenibilidad y calidad del sistema nacional de salud”. Los textos, uno con cada grupo profesional, tienen una parte común y otra específica.

Esta primera parte, titulada Pacto por la sanidad, establece que la sanidad será “pública, gratuita, universal, equitativa, de calidad” y “financiada mediante impuestos”. Justo lo que ha dejado de ser tras el real decreto de abril del año pasado, cuando quedaron fuera los inmigrantes en situación irregular (aunque pagan impuestos como el IVA) y el acceso quedó vinculado a la cotización a la Seguridad Social.

También pide que se evite que “la sanidad sea objeto de confrontación partidaria”. Algo fácil de cumplir entre los firmantes (colegios profesionales, estudiantes de medicina, sociedades científicas y sindicatos, aparte del ministerio), ya que el único partido político representado era el del Gobierno. Esta idea ya estaba en los intentos de un pacto de Estado por la Sanidad que han fracasado en la anterior legislatura —por el boicoteo del PP y CiU— y en esta —por la negativa de PSOE e IU—.

Otro punto clave, que pertenece a este primer apartado del acuerdo, es el de “definir un nuevo modelo de financiación estable”. Esta ha sido la base de los intentos fallidos de llegar a un acuerdo por la sostenibilidad en el Congreso, pero para médicos y enfermeros se trata de algo muy fácil de asumir, entre otras cosas porque, al menos hasta ahora, el dinero que las comunidades han dedicado a financiar la sanidad venía definido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ellos no están representados. En la misma línea, se establece que harán falta unas reformas en las comunidades autónomas para “que sus presupuestos garanticen un gasto sanitario per cápita adecuado para la cartera de servicios del sistema nacional de salud”. Este punto afecta también a las autonomías, que no han estado presentes ni en la negociación ni en la firma.

El pacto toca tres áreas: pacto por la sanidad, recursos humanos y gestión clínica

Esta especie de declaración general de intenciones ha sido asumida por los colectivos profesionales, pese a que tienen poco que decidir sobre ello. Pero sí están concernidas en otros puntos del acuerdo, donde se recogen muchas de sus demandas. Por ejemplo, los médicos destacaron ayer que ahora “tendrán un estatuto jurídico propio e interlocución directa con la Administración”, y que “el acuerdo firmado en La Moncloa promueve su liderazgo en la gestión sanitaria y garantiza que no habrá más recortes a nivel estatal”. Los enfermeros, por su parte, valoran que “el documento establece el desarrollo inmediato de la prescripción enfermera y de las especialidades de enfermería”, y que “otros temas prioritarios son el desarrollo de políticas activas de promoción de empleo” y el establecimiento de una directiva europea “para minimizar la exposición a enfermedades como VIH/sida o hepatitis como consecuencia de pinchazos accidentales”.

El acuerdo ha sido criticado por los ausentes, como el PSOE, cuyo portavoz de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, ha dicho que no cree que el acuerdo suponga un “compromiso real de una sanidad pública, universal y gratuita” y que para ello habría que revocar el decreto de abril de 2012.

El consejero de Salud de Asturias, Faustino Blanco, ha criticado que no se contara con las comunidades y ha dicho que “la mayoría de un partido no es suficiente para imponer políticas propias; se requieren pactos y acuerdos”.