La reforma de régimen local deja en el aire 70.800 empleos sociales

Unos 70.800 empleos en servicios sociales, 2,6 millones de beneficiarios de prestaciones (en ayuda a domicilio, apoyo a la familia, inserción social, albergues para inmigrantes, comedores) o 30.000 plazas en residencias de mayores están en el aire como consecuencia de la reforma de la Administración local, una ley que el Gobierno prevé aprobar en breve. El sector ya venía avisando de que esta reforma aboca a la privatización o cierre de estos servicios que prestan los Ayuntamientos. Ahora, un sencillo pero exhaustivo cálculo, basado en documentos oficiales sobre presupuestos, plazas residenciales, empleo y usuarios, viene a poner cifras a ese riesgo aún incierto.

La norma contempla retirar las competencias en servicios sociales a las entidades locales —las que conocen más a fondo las necesidades de los vecinos y prestan una atención más cercana— y trasladar la responsabilidad de la asistencia a las autonomías.

Ese tránsito de titularidad se producirá en un momento económico especialmente delicado para las comunidades autónomas, que ya han visto reducidos sus recursos para servicios sociales, así que difícilmente podrán encargarse de otros. Además, se desconoce cuáles asumirán finalmente las autonomías, que tendrán que hacerse cargo del coste de las prestaciones en plena asfixia financiera, y cuáles decidirán cerrar o privatizar. A esta incertidumbre no ayuda que el recorte en el gasto público sea uno de los principios que han inspirado la nueva ley.

“Las consecuencias no pueden ser más graves”, advierte José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que teme “el abandono de las personas y familias más afectadas por la crisis, en unos momentos de auténtica emergencia ciudadana” por un posible retroceso en las prestaciones. La asociación apunta que entre los distintos planes de asistencia municipal (que suponen 1.000 millones de euros al año, según los datos del Plan Concertado) y los 800 millones que cuestan las residencias de ámbito local, hay 1.800 millones de euros destinados a servicios sociales bajo la amenaza de la tijera.

En la Secretaría de Estado de Servicios Sociales prefieren no pronunciarse sobre los efectos de la ley hasta que “no esté aprobada y entre en vigor”, según trasladó un portavoz a este diario.

Hasta ahora, los municipios de más de 20.000 habitantes tenían la responsabilidad de prestar servicios sociales. Y así lo han venido haciendo desde mitad de los ochenta. Las localidades han ido desplegando servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de apoyo a la familia, de prevención e inserción social, comedores, servicios de atención a la mujer, albergues de inmigrantes o cualquier otro recurso que consideraran necesario.

La última versión de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con fecha de 15 de julio, elimina la responsabilidad de la prestación de servicios sociales a los municipios, más allá de los estrechos márgenes de la “evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Es decir, a poco más que una ventanilla de derivación. Aunque se deja la puerta abierta a delegar los servicios sociales a los municipios a criterio de la comunidad autónoma.

Se trata, con todo ello, de “evitar duplicidades administrativas” o “contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos”, una terminología que casi siempre anuncia recortes. El ahorro vendría del cierre de servicios que ahora prestan Ayuntamientos y que las comunidades autónomas no consideraran necesarios.

La ley concede un año para transferir estas competencias. A partir de ese momento, la titularidad de los servicios sociales municipales “corresponde a las comunidades autónomas, que podrán establecer las medidas necesarias para la racionalización del servicio”. Es decir, la decisión de qué servicios mantener dependerá de unas autonomías obligadas a no rebasar el listón de déficit público establecido.

A partir de datos públicos, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha puesto números al impacto de la norma. Por ejemplo, los 70.817 puestos de trabajo en juego. O los dos grandes grupos de prestaciones municipales que están en peligro: la ayuda a domicilio (un programa de apoyo a actividades diarias en el hogar que atiende a 648.738 personas) y el servicio de apoyo a la familia (un recurso que cuenta con 519.046 beneficiarios). Con el resto de actividades de prevención e inserción social que desarrollan las entidades locales afectadas por el cambio legal se atiende a 1,4 millones de personas. A estos datos, que responden a la evaluación del Plan Concertado de Servicios Sociales de 2011, habría que añadir las prestaciones de Navarra y País Vasco, que no están incluidas en este documento. Y otros servicios, como las residencias de mayores y los pisos tutelados gestionados por entidades locales, que ascienden a 32.440 plazas, según el registro de centros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Los gerentes de servicios sociales reclaman que la nueva ley de la Administración local respete el peso de los municipios en la acción social. Y recuerdan que las autonomías con un sistema más descentralizado son las que cuentan con una mayor eficiencia y eficacia en su oferta de prestaciones.