Una pareja entrega a sus hijos a un Consistorio por no poder atenderlos

No lloraban, los dos pequeños varones, rubios, de 11 y 22 meses, estaban tranquilos. La situación, sin embargo, no podía ser más dramática. Sus padres, transeúntes, originarios él de Vitoria y ella de Ucrania, les acababan de dejar en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) porque, según dijeron, no se podían hacer cargo económicamente de ellos. Pidieron que les cuidaran lo mejor posible. Pocos más detalles se conocen de lo sucedido el pasado martes a mediodía en las dependencias locales, salvo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se hizo cargo de los niños y, como marca el protocolo de actuación, ese mismo día fueron trasladados a un centro de menores en Toledo.

La concejala de Servicios Sociales del consistorio talaverano, Ana Santamaría, y la Secretaria General de Asuntos Sociales de la Junta, Paloma Leis, coinciden en señalar que se trata de un abandono. El Ayuntamiento puso una denuncia ante la Policía Nacional al considerar que se había cometido un delito, explicó ayer Santamaría. “Desde el momento en que los dejan allí, es un abandono. Esta no es la manera de abordar una situación así cuando existen unos itinerarios para atender este tipo de casos”, considera Leis. “Aunque al final tendrá que ser un juez el que decida”, añade.

El procedimiento que estos padres, y otros en situación similar, deberían seguir es solicitar a los servicios sociales autonómicos la guarda de sus hijos, explica Manuel Martín Domenech, trabajador de los servicios sociales andaluces. Este mecanismo permite que, por razones excepcionales “como la falta de recursos”, aclara el experto, la Administración se haga cargo de los niños durante un tiempo pactado entre ambas partes de máximo seis meses. En su opinión, los motivos económicos no causan desamparo del menor, en cuyo caso la tutela pasa al organismo público. “El desamparo se produce cuando hay indicadores de riesgo como maltrato físico o emocional”, puntualiza. Martín reconoce, sin embargo, que no todo el mundo conoce estas pautas correctas de actuación.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, subraya sin embargo que los itinerarios de actuación y los planes de protección de la infancia carecen de sentido si no se les dota económicamente. “El Gobierno ha reducido las ayudas de emergencia sociales un 65%”, alerta. Este tipo de auxilio se da en los casos de extrema necesidad. Y a tenor de los datos del incremento de la pobreza en España, sobre todo infantil —el 27% de menores la sufre, según UNICEF y Save the Children— situaciones como la sucedida en Talavera de la Reina “irán en aumento de continuar la senda de los recortes”, vaticina Ramírez.

El Ayuntamiento lo considera abandono y ha denunciado a los padres

En sus 30 años de experiencia como trabajador social, el presidente de la asociación de Gerentes sociales, asegura que “nunca había visto los casos dramáticos” que está observando en los dos últimos años. En un período de pocos meses se ha encontrado con varios. “Una chica fue en Murcia a Servicios Sociales y dejó a su bebé en la mesa de la trabajadora. Dijo que no se podía hacer cargo económicamente y se marchó”, recuerda. “Hay demasiadas familias al borde del precipicio de la exclusión social y se recortan los servicios sociales que son los que hacen de parapeto para que no se hundan”, denuncia.

Por mucho que las comunidades sigan el protocolo que es “inmediato y garantista con la protección del menor”, dice Ramírez, para él no es casualidad o anecdótico lo acontecido en la ciudad toledana, sino una “peligrosa” tendencia. Con los 60 millones que se han recortado en ayuda de emergencia en los dos últimos años, el experto ha calculado que se podría haber asistido a 200.000 menores. “Y cuando las dan llegan con mucho retraso”, alerta. En Castilla-La Mancha, el presupuesto que atiende las prestaciones asistenciales, entre ellas, las ayudas de emergencia, ha caído un 74% desde 2011. Ha pasado de 74 millones de euros ese año, a 20 millones en 2013. La comunidad acumula una demora de ocho meses en la entrega de la ayuda desde que se aprueba. Un tiempo vital en casos de extrema necesidad, alertan desde la oposición socialista.

Las prestaciones sociales han caído en Castilla-La Mancha un 74% desde 2011

Leis apunta, sin embargo, que su departamento no tiene constancia de que los padres hubieran pedido ayuda previa. Y destaca que la red asistencial de menores en la comunidad no ha sufrido recortes. “Atendemos a 1.100 niños y no hemos notado un incremento”, asegura. De momento, tienen dos pequeños más a su cargo en un centro de acogida, donde podrán estar un máximo de seis meses, explica la secretaria general regional de Asuntos Sociales. Pasado ese tiempo, será un juez el que decida si los padres siguen siendo sus tutores (deciden sobre la vida del niño) o la Junta asume esas funciones. “Lo ideal es el reagrupamiento familiar. Intentar el reagrupamiento familiar porque no hay nada más dramático que separar a unos padres de sus hijos”, considera Leis. No confirma si en este caso la primera opción será posible. Todavía es pronto.