La OCDE y la Comisión Europea, preocupadas por los cuidados a ancianos

No bastan las normas que garantizan la atención a los mayores de 80 años, que ya representan el 4,7% de la población de los 27 miembros de la Unión Europea y que serán el 11,3% en 2050. Ni las leyes dirigidas a combatir el abuso sobre estas personas. También es preciso desarrollar instrumentos destinados a garantizar y a medir de forma sistemática la seguridad y eficacia de estas herramientas. Sobre todo, aquellas relativas a medir la calidad de los servicios que se ofrecen, ya sea en centros especializados o en el hogar. Estas son algunas de las principales conclusiones del documento Una buena vida en la vejez?, elaborado por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la organización internacional que reúne a los 34 países más industrializados del mundo. El informe destaca la necesidad de poner en marcha “grandes reformas para mejorar los servicios prestados a las personas mayores en estado de fragilidad y protegerlos contra servicios de baja calidad”.

Entre los ejemplos que el informe plantea como medidas para monitorizar la atención a los mayores se encuentra la propuesta de elaborar estadísticas sobre fracturas óseas, una de las mayores causas de fallecimiento entre los mayores. Esta iniciativa está ya vigente en un tercio de los países de la OCDE. El estudio también sugiere adoptar programas similares con las lesiones por escaras -producidas por cuidados inadecuados en las personas con falta de movilidad- o estrechar el seguimiento de las depresiones entre personas dependientes ancianas.  

El informe sitúa a España en una modesta posición (en el puesto 18º de una clasificación de 27) en el gasto público destinado a cuidados de larga duración. Con datos de 2010, el gasto no alcanza el 1% del producto interior bruto, frente a la media de la OCDE, que rebasa el 1,5%. Sin embargo, el documento advierte de que en el caso de España, únicamente se han recogido datos relativo a las atenciones hospitalarias, por lo que quedarían sin registrar atenciones, por ejemplo, relativas al sistema de atención a la dependencia. Los primeros puestos de la tabla los ocupan Holanda y Suecia, ambos destacados y con un gasto superior al 3,5% del PIB.

El informe sitúa a España en el puesto 18º (de 27) en gasto público destinado a cuidados de larga duración, aunque advierte de que no se han incluido recursos sociosanitarios

Bastante mejor parada sale España en lo que respecta al incremento en gasto público en cuidados de larga duración en el plazo 2000-2010: un 22% anual en términos reales. Gracias a ello ocupa el tercer lugar (en este caso la lista de países de la OCDE es de 25) por detrás de Corea del Sur (52%) y Estonia (24%). La media es del 9%.

El informe alerta sobre las deficiencias de comunicación y coordinación existentes entre los servicios sanitarios y sociales, lo que redunda en ingresos hospitalarios por complicaciones de enfermedades de base evitables. Las diferencias entre países en este ámbito son muy amplias. En Alemania, apenas hay 20 ingresos prevenibles por esta enfermedad respiratoria por 100.000 habitantes, mientras que en Corea son 650 el número de episodios registrados. En España, situada en la parte baja de la tabla, no llegan a 200.