Bruselas podrá sancionar a las nucleares que suspendan su inspección

La Comisión Europea ha propuesto una nueva norma para que se examine la seguridad de los 132 reactores operativos en la Unión Europea (ocho en España) cada seis años. Tiene especial relevancia porque supondría dar cierta capacidad de actuación a Bruselas, que podrá sancionar a los Estados miembros que suspendan esta inspección. En aras de una mayor transparencia, los resultados deberán hacerse públicos.

Otra de las novedades que plantea el Ejecutivo comunitario es reforzar la independencia de las autoridades reguladoras nacionales para que no se vean influenciadas por intereses políticos, económicos o sociales, y para que cuenten con "fondos suficientes y personal especializado".

A pesar de esto, buscan "europeizar" la seguridad nuclear. "Queremos que los controles europeos sean los importantes, que no sean solo nacionales, sino que haya expertos internacionales y que hagan exámenes en profundidad", ha explicado en una rueda de prensa el comisario de Energía, Günter Oettinger.

El año pasado, la Unión Europea ya sometió a unas pruebas de estrés a sus centrales para evaluar su seguridad ante situaciones extremas, a raíz de la tragedia de Fukishima, en Japón, en 2011. Sin embargo, esas inspecciones fueron exámenes voluntarios.

A diferencia de los criterios técnicos tenidos en cuenta en las pruebas de 2012, la Comisión propone ahora que se fijen "objetivos de seguridad", con tres niveles de calidad, con los que asegurar que, si se produce un accidente, "la radiactividad liberada en el entorno sea prácticamente nula".

Los servicios del comisario Oettinger confían en que la propuesta logre el apoyo de los Estados miembros y se apruebe en 2014, lo que permitiría que se empezara a aplicar un año y medio después, tiempo que tendrían los Gobiernos para trasladar la norma a su legislación nacional.

Los ecologistas han acogido con decepción la propuesta de Bruselas porque la consideran insuficiente, mientras que el sector nuclear ha expresado su "preocupación", porque considera que la nueva norma es "demasiado detallada" y "mina la autoridad de los reguladores de seguridad nacionales".