Los servicios sociales se debilitan a medida que arrecia la crisis

Cuando más imprescindibles son, cuando son más los españoles con graves problemas como consecuencia de la crisis, los servicios sociales empeoran, muestran un débil nivel de desarrollo y una “extraordinaria diversidad de cobertura, esfuerzos y derechos garantizados” en las distintas comunidades autónomas. Seis autonomías suspenden en su cobertura social, dos más que el año pasado, es decir, tienen un índice de desarrollo en servicios sociales irrelevante. El estudio DEC, en el se que comparan las prestaciones de las autonomías en esta materia, y que elabora la  Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales muestra que Galicia y Andalucía se han sumado en esta ocasión a la Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid y Murcia, que ya obtuvieron mala nota el año anterior.

“Resulta muy preocupante este desarrollo tan débil de los servicios sociales cuando son tan necesarios para abordar la gravísima situación en la que se encuentran cientos de miles de personas y familias afectadas por la crisis”, refleja el documento. El informe revela una caída del gasto social en las autonomías de 478 millones de euros entre 2009 y 2012, un 3,78%. "Es una incongruencia que se recorte en políticas sociales en tiempos de crisis; es como si en medio de una epidemia se ahorrara en sanidad", ha comentado José Manuel Ramírez en la presentación del estudio este miércoles en Madrid.

El índice DEC (derechos, economía, cobertura) se elabora a partir de información oficial que proporcionan las comunidades o el Gobierno y se estructura en tres categorías. Por un lado, las leyes de nueva generación que se hayan aprobado, es decir, aquellas que garantizan como derecho subjetivo y reclamable en tribunales una cobertura concreta al ciudadano. Por otro, el gasto consolidado en servicios sociales por habitante y año, y su porcentaje en relación al PIB de cada comunidad.

En tercer lugar (y el que más peso tiene en la calificación final, con 5 de los 10 puntos) se encuentra la cobertura en servicios sociales. Para ello se tiene en cuenta criterios como el número de trabajadores de los centros sociales básicos, el desarrollo de la ley de dependencia, las rentas mínimas de inserción que reciben los ciudadanos más pobres, las plazas de residencia disponibles, la ayuda a domicilio y su intensidad en horas de cuidados, acogimientos familiares para menores en situación de desamparo, plazas en casas de acogida para mujeres maltratadas y en centros para albergar a personas sin hogar.

La Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid, Murcia,  Galicia y Andalucía tienen un nivel irrelevante de desarrollo de los servicios sociales

El informe incorpora análisis detallados por autonomías. A la Comunidad Valenciana (0,6 puntos sobre 10) le penaliza su falta de personal en servicios sociales, su pobre aplicación de la Ley de Dependencia o la baja cobertura en las rentas mínimas de inserción. A Canarias (2 sobre 10) le perjudica especialmente la caída en el gasto social de los últimos años: un retroceso del 18,5% entre 2009 y 2012. En el caso de Madrid (2,75), los malos resultados obedecen a que se encuentra por debajo del gasto medio por habitante y a la necesidad de una nueva ley "que garantice los derechos de los ciudadanos".

Escasamente dotadas, sin un marco estatal que garantice los derechos y sin financiación asegurada por los presupuestos del Estado, la aguda recesión que sufre España ha puesto contra las cuerdas la capacidad de respuesta de la atención social. El documento resume esta descripción con lo sucedido con el sistema de atención a la dependencia: “La crisis económica, con su profunda afectación al gasto público, ha supuesto una súbita paralización del desarrollo de los servicios sociales, particularmente más acusado en su referencia estatal más emblemática: la dependencia”.

El informe apunta distintos ejemplos para ilustrar las desigualdades de atención entre autonomías, que puede llegar a ser abismal. Mientras en Navarra hay un trabajador social municipal por cada 814 habitantes, en Madrid hay uno por 6.557 vecinos. En La Rioja hay 2,44 plazas en una residencia de mayores pública por cada 100 mayores, frente a 0,57 en Galicia. Respecto a la Ley de Dependencia, su cobertura es del 2,28% de la población en La Rioja y del 0,83 en la Comunidad Valenciana.

¿A qué se deben estas diferencias tan extremas? En buena parte a la disparidad en el gasto, unas diferencias “que se van incrementando”. La brecha entre quien más gasta en servicios sociales por habitante y año (País Vasco, 796 euros ) y quien menos (Baleares, 76 euros) representa un escalón de 10 veces más. “¿Qué igualdad puede existir en esta materia entre quienes habitan en uno u otro territorio?”, se preguntan los autores del trabajo.

En todo caso, el documento pone el acento en que el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo depende del dinero que se destine a potenciar estos recursos. Ni Navarra ni La Rioja destacan por destinar un elevado porcentaje de su PIB a esta parcela, y sin embargo, sus resultados son destacados. En el otro extremo, Extremadura es la segunda autonomía que destina más dinero a los servicios sociales (un 2,2% de su PIB)  y, sin embargo, está por detrás de Castilla y León (1,28% del PIB) o Asturias (1,59%) en atención social

La clave de la eficacia y la eficiencia, más allá de contar con una suficiente dotación presupuestaria, está “en la descentralización y el protagonismo local” en la gestión de los servicios sociales. Ello, concluyen los autores del estudio, desmonta el mito de que centralizar el control de los servicios -hacia donde apunta la reforma de la Ley de Régimen Local- o considerar la mayor parte de estas prestaciones impropias de la gestión municipal es erróneo.