¿Es necesario un pacto europeo sobre sanidad? ¿Es posible?

Una de las grandes paradojas de la construcción del espacio común europeo es la práctica ausencia del sector sanitario en tal desarrollo. Y ello resulta paradójico tanto desde la perspectiva económica como política y social. Por lo que a la primera se refiere, la sanidad constituye uno de los sectores de actividad con mayor impacto en la economía. Los datos revelan que la actividad sanitaria supera con creces en muchos Estados de la UE el 10% del PIB (en España se sitúa en el entorno próximo al 10%) y que su crecimiento no parará en el futuro pese a que la actual crisis pueda ralentizarlo algo. Así, parece que quisiera construirse un espacio común económico dejando al margen uno de los sectores más importantes. Además, en el contexto económico actual, ¿cómo puede lucharse desde Europa frente a la crisis si no tenemos una verdadera política común en sanidad? La relación entre la sanidad y la crisis económica es claramente bidireccional. La crisis económica parece poner en serio peligro la sostenibilidad del sistema sanitario de los diferentes Estados miembros y el propio incremento del gasto sanitario parece también dificultar una salida fácil a la crisis. De este modo, difícilmente podrá salvarse la situación actual si la sanidad queda al margen.

En segundo lugar, la sanidad constituye, según la percepción de los ciudadanos europeos, uno de los mayores logros de nuestro Estado social, de manera que en las últimas décadas se considera que se trata ya de una conquista social irrenunciable (véase a este respecto cuál es la reacción que se aprecia en todos los Estados cuando el gobierno de turno propone limitar o ajustar las prestaciones sanitarias). La propia UE es consciente desde hace tiempo de que el avance en la creación de lo que se denominó hace muchos años los Estados Unidos de Europa, es decir, la creación de un auténtico marco común no sólo económico sino también político y social pasa ineludiblemente porque los ciudadanos europeos perciban que ello ha de ir en mejora de su salud.

Por tanto, no parece aceptable, al menos desde la pretensión de crear un verdadero espacio político común, que el hecho sanitario no sea abordado de manera singular, de modo que los recortes impuestos a las diferentes Estados, hayan sido formalmente rescatados o no, no partan de un previo análisis y de determinación de qué sanidad se quiere para la Europa común, como cuestión que incide directamente en la creación de una sociedad más justa y democrática (véase, la magnífica conexión entre derecho a la asistencia sanitaria y derecho a la participación política que efectúa Norman Daniels). La UE es consciente de que los recortes que ahora se imponen han de afectar al sistema sanitario de los diferentes Estados miembros, pero parece que ello no le inquieta mucho ¿No sería más correcto diseñar un mínimo común o unos principios comunes que hubieran de inspirar el sistema sanitario que se quiere para los europeos y luego establecer los recortes que se consideran política y éticamente aceptables? Y ello es especialmente importante si no se olvida que los Estados miembros de la UE han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo comentario general número 14 del año 2000 establece que el derecho a la salud es un derecho fundamental indispensable para el ejercicio de otros derechos y que todos han de disfrutar del más alto nivel de asistencia sanitaria disponible para poder vivir dignamente.

Cierto es que algo se avanzado y, en gran parte, gracias a la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE sobre la asistencia transfronteriza en virtud de la cual se ha promovido un verdadero derecho a la asistencia sanitaria en todo el espacio común europeo. También, en materia de salud pública las amenazas que provocaron hace unos años grandes epidemias que no entendían de fronteras políticas obligaron a la UE a promover diferentes políticas comunes en este ámbito. Sin embargo, ¿qué nos ofrece la UE desde el prisma de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios europeos y de la garantía del más alto nivel de asistencia sanitaria disponible?

La ausencia de previsiones normativas sobre salud en los Tratados dificultan la tarea, ya que a UE asume, en la materia sanitaria, una mera competencia de promoción de la cooperación entre los Estados miembros, lo que, en parte, es motivado por la existencia de modelos sanitarios muy dispares en los diferentes Estados (modelo Bismarck y Beveridge, sustancialmente). Pese a ello, existen instrumentos suficientes al amparo del principio de subsidiariedad para que la UE asuma el papel que entendemos que le toca ocupar en este momento cuando en juego se encuentra algo tan importante como es la protección de la salud de los europeos.

En definitiva, no se trata sólo de avanzar en campos concretos que son sin duda importantes como la regulación y verdadero desarrollo de un espacio común en la asistencia transfronteriza o en la salud pública, en los que hay que reconocerle un gran esfuerzo a la UE, sino también promover un verdadero pacto europeo acerca de qué salud y sistema de protección sanitaria queremos y cuáles son los límites infranqueables.

Federico de Montalvo es miembro del Comité de Bioética Español.