Espiar al mensajero

Sistemas de escucha a los periodistas y leyes mordaza son el sueño de cualquier Estado que considere una molestia la libertad de información. Por eso cuando la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) reveló, hace unos días, que el Gobierno de EE UU había accedido al historial de llamadas de algunos de sus reporteros, se encendieron todas las alarmas. Los medios de comunicación y las organizaciones por los derechos civiles lo condenaron como una intolerable intromisión en la labor de la prensa. A este lado del Atlántico, Reporteros sin Fronteras (RSF) calificaba las escuchas también como “una grave violación de la libertad de información” y lamentaba que actuaciones como la vivida por los periodistas de AP ponen de manifiesto que el Gobierno de Obama no ha roto “las nefastas prácticas” llevadas a cabo durante el mandato de George W. Bush, en el que se sacrificaron la protección de datos y el derecho de los ciudadanos a ser informados, garantizado por la Primera Enmienda.

El episodio de AP ha reabierto el siempre intenso debate sobre el control que pueden ejercer las autoridades sobre los medios bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. “Los periodistas no deberían enfrentarse a problemas legales simplemente por hacer su trabajo”, aseguró Obama este jueves, durante su discurso sobre la nueva política antiterrorista de EE UU.

Sin embargo, desde su llegada a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia ha abierto hasta seis casos contra empleados del Gobierno por filtrar información clasificada. Ninguno de ellos estaba dirigido específicamente contra periodistas, pero estos sí se han visto afectados por las investigaciones, al ser el paso intermedio que facilita que una fuente oficial revele al público esa información.

Para el director de AP, la estrategia del Gobierno, que obtuvo la lista de llamadas de una veintena de líneas de teléfono de la agencia, entre ellas la de las oficinas de Washington, Nueva York y el Capitolio, es anticonstitucional. “Si restringen el aparato mediático, los ciudadanos de EE UU solo sabrán lo que el Gobierno quiere que sepan”, ha defendido Gary Pruitt, presidente de la agencia, en el programa Face the nation, de la cadena de televisión CBS. “Y eso no es precisamente lo que los creadores de la Constitución tenían en mente cuando redactaron la Primera Enmienda”.

Obama ha abierto seis causas por filtraciones de datos clasificados

“Consideramos muy grave que la lista de llamadas abarque un periodo de dos meses, donde se puede encontrar una cantidad de información significativa”, afirma Gabe Rottman, asesor legal de la organización American Civil Liberties Union. “Y es también grave que el Departamento de Justicia decidiera retrasar el aviso a AP hasta después de que se hubiera recopilado esa información, para que la agencia no pudiera recurrir a un juez e intentar así bloquear la solicitud”.

Los periodistas de AP no son los únicos investigados. La cadena de televisión Fox se ha declarado escandalizada al saber que su corresponsal jefe en Washington fue espiado, en 2010, por publicar datos facilitados por una fuente del Departamento de Estado. “Fue tratado”, dijo la Fox, “como un conspirador delincuente simplemente por hacer su trabajo”.

A la vista de estos casos, la presidenta de la sección española de RSF, Malén Aznárez, considera preocupante, la frecuencia inédita con la que el Gobierno de EE UU emprende procesos legales por casos de filtración de información, apoyándose en la Ley de Espionaje de 1917. Recuerda que, antes de Obama, solo se usó esta norma en tres ocasiones por asuntos relacionados con la filtración de información: en 1973 (con los famosos papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam), 1985 y 2005.

Es cierto que EE UU cuenta con las mayores protecciones a la libertad de prensa. Sin embargo, algunos expertos apuntan a que la legislación que limita hasta dónde puede llegar el Gobierno para conocer la fuente de una información se ha quedado obsoleta y que el nuevo contexto mediático exige revisarla. Ahora, el Departamento de Justicia debe presentar una citación judicial cuando quiera que un medio o un periodista le facilite una información determinada. “Las dos partes suelen negociar cuánta información se acaba entregando al Gobierno hasta llegar a un pacto y si el medio no está de acuerdo, pueden recurrir a un juez”, explica Rottman. Aunque en el caso de AP no presentó la orden judicial, sino que avisó a la agencia una vez que ya tenía la información que le hubiera exigido ante un juez.

Para Richard Fallon, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, el Tribunal Supremo ha mantenido durante las últimas décadas que la libertad de expresión afecta por igual a los ciudadanos y a los periodistas, a pesar de que muchos pensaran que los medios tengan una protección especial. “La mayoría de las reacciones han acusado al Gobierno de cometer un acto anticonstitucional, pero no ha hecho nada ilegal”, sostiene Fallon. “La prensa es especial y el Departamento de Justicia lo reconoce, de ahí que se haya establecido esa regulación específica que exige avisar por adelantado”, añade Rottman.

Hasta 2005, la ley de espionaje de 1917 solo se había aplicado tres veces

Gene Policinski, director del Centro para la Primera Enmienda, considera que este reconocimiento también obliga al Gobierno a garantizar que solo intentará acceder a información relativa a las actividades de los medios como último recurso, que siempre avisará y que los datos que busque deben ser absolutamente esenciales para el caso que investigan. “Nada de eso se ha cumplido en el caso de AP”, asegura. “No avisaron, los datos que buscan son exageradamente amplios y no dieron la oportunidad a la agencia de disputar al Gobierno ante un juez”.

En Europa el secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental, cualquiera que sea su contenido. Y solo por una resolución judicial se pueden interceptar, como apunta el profesor de Derecho Administrativo y de Derecho de la Comunicación de la Universidad de Sevilla Emilio Guichot. Recuerda que el Tribunal Constitucional viene exigiendo que la intervención de las comunicaciones se realice “en el marco de la investigación de una infracción grave, para la que de modo patente sea necesaria y adecuada la adopción de esta medida respecto de personas presuntamente implicadas”. Pero el juez no puede actuar arbitrariamente sino que, para decidir pinchar las comunicaciones, debe justificarlo. Y, además, debe hacerlo “con indicios reales y no por meras sospechas”, añade Guichot. Solo en situaciones de urgencia, cuando se investiguen delitos relacionados con bandas armadas o terrorismo puede dar la orden el Ministerio del Interior o el director de la Seguridad del Estado, y comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al juez competente.

La ley castiga los pinchazos y el uso de artificios de escucha, transmisión, grabación o reproducción de sonidos con penas que pueden llegar a los cinco años de prisión. “Si hacemos la proyección del caso de AP y cuál sería la respuesta legal en España”, plantea Guichot, “el Código Penal prevé que si la conducta es llevada a cabo por una autoridad o funcionario público, fuera de los casos permitidos por la ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, se prevé además pena de inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 12 años. En España, pues, hay una protección contundente, basada en la autorización judicial y con penas graves en caso de infracción”.

Todo apunta a que en el asunto de las escuchas a AP el objetivo era investigar la filtración de datos sobre una operación de la CIA que impidió un ataque en Yemen el año pasado. Rottman asegura que el escándalo está servido siempre que la prensa se convierta en el objetivo de pesquisas oficiales, pero en esta ocasión se ha visto agravado por “el alcance —en tiempo y profundidad— de la intromisión del Gobierno”.

Bajo la capa de la seguridad nacional, lo que se esconde es lo que Aznárez denomina una “caza de fuentes”, una actividad que afecta directamente al trabajo de los periodistas, sobre los que recae la sospecha de atentar contra la seguridad nacional, cuando lo que han hecho ha sido cumplir con su deber profesional. “Sin la protección de las fuentes, un pilar básico del periodismo, no se puede hablar de libertad de información. Y espiar a los periodistas viola todos los principios democráticos”.

El nuevo contexto mediático ha dejado obsoletas las normativas

¿Se podría dar en España un caso similar al de la agencia AP? Las opiniones están divididas. El profesor de Derecho Constitucional Víctor J. Vázquez sostiene que es difícilmente imaginable porque la ley es clara: cualquier control de las comunicaciones exigiría autorización judicial. Pero hay más filtros. “El juez no es libre a la hora de justificar este tipo de intervenciones, sino que ha de fundamentar su decisión haciendo referencia a qué bienes jurídicos quiere proteger a través de esa intervención del secreto de las comunicaciones, y también por qué esa medida es proporcional para el fin que quiere conseguir”, dice Vázquez.

Esto en términos generales. Cuando se trata de pinchar las conversaciones de los periodistas la situación es aún más grave porque entra en juego el derecho de la información. “En estos casos”, argumenta Vázquez, “se ha de ser más exigente con la motivación del juez para considerar que la misma no vulnera el secreto de las comunicaciones, que es un derecho constitucional”. Por eso sostiene que intervenciones preventivas y basadas en indicios, como las que ha sufrido la agencia AP, no tienen cabida en nuestro ordenamiento. “Vulneran la Constitución si no se llevan a cabo con autorización judicial”, insiste.

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología, Manuel Núñez Encabo, cree que en España se podrían reproducir fácilmente casos como el que ha afectado a la agencia de noticias estadounidense. Pese a estar prohibida la interceptación de las comunicaciones, el problema es qué juez podría llegar a autorizarlo. Cuando entran en juego la libertad de expresión, la seguridad nacional y el derecho de los ciudadanos a recibir información, pinchar un teléfono o entrar en un ordenador de un periodista solo debería permitirlo el Tribunal Constitucional, expone Núñez Encabo. “No puede ser un juez cualquiera, sino uno que vele por los derechos fundamentales”, asegura. El catedrático de la Universidad Complutense echa en falta una ley que regule en España el secreto profesional, reconocido en la Constitución, pero que duerme aletargado. Los legisladores desarrollaron la cláusula de conciencia pero el secreto profesional y la relación del periodista con las fuentes está en el limbo.

Pese a todo, Vázquez subraya que se ha entendido mayoritariamente por la doctrina y por los propios jueces que es un derecho que ampara al periodista a no revelar la identidad de sus fuentes. Y puesto que la confianza de los periodistas y sus fuentes depende de la garantía del anonimato, RSF considera que violar la confidencialidad de las fuentes periodísticas debe de estar penalizado. “Y como violación entendemos cualquier intento de tratar de identificar a una fuente, usar cualquier información sobre ella, o revelar su identidad, especialmente haciéndola pública”, especifica Aznárez.

Internet ha contribuido a que cada vez sea más fácil compartir información, y que esta viaje más rápido por todo el mundo. Pero también ha borrado los límites a la definición de quién es un periodista, provocando que la definición actual —que establece quién está protegido por la libertad de prensa y quién no— deba ser revisada cuanto antes. EE UU ha apostado por investigar, perseguir y encarcelar a quienes compartan información clasificada con periodistas (por primera vez, a un exagente de la CIA). Según Policinski, esta actuación se debe a la percepción de que esas filtraciones son aún más peligrosas en un mundo de comunicaciones digitales porque se reduce a cero el tiempo que las fuerzas de seguridad tienen para abandonar una situación de peligro.

Rottman explica que la protección a la prensa, a pesar de todos los límites, disfruta de un amplio consenso, pero los medios necesitan de las fuentes anónimas que en los últimos años han revelado la existencia de interrogatorios con métodos de tortura en el Ejército estadounidense, las cárceles secretas o el programa de aviones no tripulados para asesinar a combatientes enemigos. “El área de la seguridad nacional es donde las fuentes deben mantener sus identidades en secreto, precisamente para garantizar el trabajo de la prensa en el ámbito donde el Gobierno tiene más facilidades para actuar en secreto”, asegura.

En España solo un juez puede ordenar el pinchazo de las comunicaciones

En otras ocasiones, los medios estadounidenses han accedido a mantener información en secreto después de que el Gobierno alegara que pondría en peligro la seguridad nacional. El pasado febrero, cuando salía a la luz un documento del Departamento de Justicia que legitimaba los ataques con drones (aviones no tripulados), el diario The New York Times reveló que conocía hacía más de un año de la existencia de una base secreta en Arabia Saudí. “Si el medio accede a hacer esto o no es una cuestión de conciencia. Como ciudadanos deberíamos sentirnos incómodos si un medio no publica todo lo que sabe, pero todos estamos de acuerdo en que no se ponga en peligro a quienes nos protegen”, dice Policinski, para quien esa es una decisión que debería depender siempre del medio de comunicación y nunca del Gobierno.

Ante esta cooperación, los defensores de las libertades civiles lamentan que la actuación del Gobierno de Obama pueda dificultar aún más el trabajo de la prensa. “Si hay fuentes que teman ser descubiertas, ahora van a cooperar todavía menos”, reconoce Fallon. La esperanza, a partir de ahora, es que salga adelante una nueva legislación para la protección de los medios, conocida como ley escudo, y que podría haber evitado una intromisión como la que ha afectado a los informadores de AP.

Al margen de cómo los periodistas hayan encajado la intromisión del Estado en su tarea, es la libertad de información la que ha salido tocada. Porque, como apunta el profesor Víctor J. Vázquez, el derecho a la libertad de información puede comprenderse como un derecho de contenido dinámico que protege tanto la elaboración como la transmisión de la información. “Obviamente, en este caso no se ha visto afectado el derecho a transmitir libremente información veraz, pero sí que ha podido verse afectada esa primera fase de elaboración de la información, donde se presupone que el periodista es también libre de cualquier injerencia, en este caso estatal”.

Desde Harvard, Fallon añade que si la legislación está bien redactada, se podría evitar una investigación como la de AP porque daría a la prensa protecciones que no le reconoce la Constitución. Aun así, reivindica: “Muchos están escandalizados por la decisión de la Administración de Obama, pero muy pocos reclaman que haya hecho algo ilegal”.

Reporteros sin Fronteras responde que, mientras el presidente de EE UU dice que no cree que los periodistas deban ser juzgados por el ejercicio de su profesión, parece que todavía existe una gran contradicción “entre su deseo de impulsar una legislación federal para proteger las fuentes y esta especie de paranoia conspirativa que ha llevado a las autoridades federales a espiarlos para identificar las fuentes”. Como casi siempre: la culpa, del mensajero.