Una madre soltera marroquí vendió a su bebé por 3.000 euros

El comprador, que vive en Málaga, quiso inscribir al niño como suyo en 2011

Un matrimonio domiciliado en Málaga ha sido condenado por la juez de lo Penal 1 de Ceuta, Lidia León Chaparro, tras haber intentado comprar en el verano de 2011 a dos bebés marroquíes con intención de inscribirlos en el Registro Civil como hijos suyos. Los hechos apuntan la existencia de un posible tráfico de recién nacidos, en el que se ven involucradas madres solteras de Marruecos, una situación que en este país tiene un fuerte reproche social.

Antonio G. F., de 39 años, sevillano residente en Benalmádena (Málaga), ha sido condenado a 18 meses de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad por dos delitos contra las relaciones familiares. Su esposa, Vanesa E. M., de 32 años, ha aceptado una pena de seis meses de prisión que, como a su marido, al no tener ninguno antecedentes penales, ha sido conmutada por una multa de 3.240 euros.

Antonio y Vanesa llevaban mucho tiempo deseando ser padres, pero no lo conseguían. Él, que había trabajado de albañil en Marruecos, contactó con una mujer de ese país y le comentó sus deseos de adquirir un niño al margen de los procedimientos legalmente establecidos. A fines de agosto de 2011, la ceutí Sara P. M., que hoy tiene 22 años y está en busca y captura, entregó su bebé a Antonio a cambio de 1.000 euros. El matrimonio malagueño se llevó al niño a su casa y lo tuvo consigo durante cinco días, según la sentencia de la juez León. El objetivo era supuestamente inscribir al recién nacido como si Antonio fuera su padre biológico, pero no lo consiguió, sin que se sepa por qué, así que lo devolvió.

En septiembre de 2011, es decir, unos días después, la pareja malagueña llegó hasta una marroquí de 29 años, Mounia H., que estaba en Ceuta a punto de dar a luz. Concertaron con ella que les entregase a la criatura a cambio de 3.000 euros. Después, Antonio inscribiría al niño como si fuera hijo suyo, fruto de una relación extramatrimonial, según explica el abogado Mario Gil Pacheco, defensor de la pareja malagueña. Sin embargo, la entrega del bebé no llegó a producirse porque, días antes del parto, una vecina de Mounia le comentó el caso a un familiar suyo, que era policía en prácticas, y este animó a la embarazada a denunciar los hechos. En efecto, ella fue a comisaria y confesó sus planes.

Los hechos apuntan a un posible tráfico con embarazadas del país africano

Sabedora del proyecto en ciernes, la policía montó en los primeros días de septiembre de 2011 una operación en el Hospital Universitario de Ceuta. Allí detuvo a Antonio G., a su mujer Vanesa y a la parturienta. El bebé que trajo al mundo quedó bajo la guarda y custodia del Gobierno de la ciudad autónoma. Junto a Sara P. M., en este entremado actuaron también como mediadoras, intermediarias y traductora, la madre de la embarazada (Safia M., declarada en rebeldía) y otra ceutí de 26 años, Uarda H. M., que además se comprometieron a hacerse cargo de la gestante en territorio español hasta que diese a luz. Uarda, según la sentencia, no fue intermediaria, “sino que ejerció exclusivamente funciones de intérprete entre las partes” implicadas.

Mounia, la joven madre de Tetuán que se arrepintió de vender a su hijo, ha sido condenada a mes y medio de multa a razón de tres euros al día, al haber apreciado la juez “la circunstancia atenuante muy cualificada” de que denunciase la trama. Vanesa, la malagueña que tanto deseaba ser madre, logró quedarse finalmente embarazada tras un largo tratamiento médico. El embarazo y el parto resultaron complicados hasta tal punto que la mujer pasó recientemente dos meses en la unidad de vigilancia intensiva de un hospital, según informa el abogado Gil Pacheco.

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