154.000 inmuebles se benefician de la rebaja en la protección del litoral

Más de 154.000 inmuebles levantados a pie de costa se beneficiarán de la rebaja en la protección del litoral que implica la nueva Ley de Costas, aprobada ayer en el Congreso con la mayoría del PP. Esta norma, denominada de Protección y Uso Sostenible del Litoral, ha sido severamente criticada por la oposición y ONG, por presumir justo de lo que carece: protección y uso sostenible del litoral.

En la cuenta de beneficiados hecha pública ayer por el PP, se incluyen 12 núcleos en los que se amnistían graciosamente 3.400 viviendas levantadas en la misma playa, concesiones de hasta 75 años para 24.000 inmuebles cercanos al mar, y permiso para hacer obras en más de 125.000 construcciones que ocupan zona de servidumbre —una especie de segunda línea de playa de los desmanes urbanísticos— y que hasta ahora estaban sujetas a múltiples controles para hacer modificaciones.

Con respecto a las empresas, unas 1.700 instalaciones industriales, “que suponen 17.000 empleos”, podrán seguir operando aunque estén casi encima del mar. Según el PP, esos negocios deberán contar con un informe ambiental específico de la comunidad autónoma para que se les prorrogue la concesión y la actividad.

El grupo de beneficiados más numeroso —más de 125.000— se ha incorporado con los cambios introducidos a la ley en el Senado. Aunque el PP insiste en que estas construcciones “no podrán aumentar el volumen, ni la altura, ni la superficie de las construcciones existentes”, los urbanistas creen que se han creado las condiciones idóneas para seguir construyendo en los pocos huecos que quedan libres en el litoral español.

Los 12 núcleos amnistiados en toda España suman 3.400 viviendas

“Se les permiten obras de reparación, mejora, consolidación y modernización, y deberán incluir actuaciones de ahorro y eficiencia energética y de ahorro de agua”, explicó la diputada popular María Teresa de Lara en el Congreso.

Los cambios en esas 125.000 construcciones se verán en dos años. En ese tiempo, los ayuntamientos deben solicitar a Medio Ambiente que se las catalogue como zona urbana y acreditar que cumplen con uno de estos dos requisitos: que tuvieran servicios como abastecimiento de agua o alcantarillado antes de 1998 o que dos tercios de su superficie estuviera consolidada en aquella época, entre otros. Si pasados 18 meses no tienen respuesta del ministerio, su petición se considerará aprobada.

PSOE e Izquierda Plural estudian llevar la norma al Constitucional

En la ampliación a 75 años de las concesiones de 24.000 propiedades en zona pública se dividen en dos tipos. Unas 12.800 viviendas construidas en primerísima línea de costa y unos 11.200 inmuebles (en los que hay instalaciones de todo tipo, según el Ministerio de Medio Ambiente). Todos podrán vender o legar la concesión.

Con el grupo de los 12 núcleos costeros amnistiados en toda España se salvarán otras 3.400 viviendas, según cálculos del Partido Popular. Esas barriadas, “sencillas y populares, no de ricos”, según el PP, son las siguientes: Rocafel y Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava y Platja d’Aro (Girona), la ría de Punta Umbría, el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga), Oliva (Valencia), Xilxes (Castellón) y Moaña (Pontevedra).

Para los populares, el deslinde de dominio público impulsado por la Ley de Costas de 1988, que ahora quedará derogada en parte, estaba incompleto y se había hecho de forma arbitraria. Los expertos estiman que ronda el 96% y los tribunales lo han respetado en una proporción muy alta. Tras la publicación de la nueva Ley en el Boletín Oficial del Estado, comenzarán de nuevo a revisarse los deslindes.

Otro de los cambios impulsados afecta a los negocios playeros, como chiringuitos playeros, cuyas concesiones se ampliarán de uno a cuatro años.

Se abre la posibilidad de celebrar eventos en playas urbanas en función de su “interés turístico” y en cuanto a los efectos del cambio climático, se permite que las construcciones cercanas a la playa se mantengan, “siempre que el mar no les alcance o haya riesgo de que lo haga”.

La portavoz popular pretendió desmontar en el Congreso las “falacias” de la oposición, a los que acusó de desconocer la nueva norma. La diputada Laia Ortiz, de Izquierda Plural, insistió en que el planeta y la costa tienen límites. “Si no rectifican y dejan de jugar con el patrimonio de todos, ni turistas, ni playas, ni dunas, ni rías. No nos va a quedar nada”. PSOE e Izquierda Plural avanzaron que su grupo trabajará para recurrir la norma al Constitucional.