Padres, alumnos y docentes van a la huelga contra la ‘ley Wert’ y los recortes

Centenares de protestas, de encierros, vigilias y todo tipo de movilizaciones se han sucedido durante las dos últimas semanas por toda España contra la reforma educativa que impulsa el Gobierno y contra unos recortes en enseñanza que ascienden a 6.700 millones de euros desde 2010. Toda esa movilización culmina hoy con una huelga general en todos los niveles educativos, desde la guardería a la Universidad. Convocados por la Plataforma por la Escuela Pública (formada por los sindicatos CC OO, FETE-UGT y STES, la confederación de padres CEAPA y el Sindicato de Estudiantes), están llamados hoy al paro en torno a 6,8 millones de estudiantes y cerca de 600.000 docentes, es decir, absolutamente toda la enseñanza pública.

También lo están los casi dos millones de alumnos de la escuela concertada (aunque la principal asociación de padres del sector, Concapa, rechaza el paro) y sus 130.000 profesores. Habrá manifestaciones en una treintena de ciudades.

Después de varios años de ajustes acompañados de protestas dispersas, las medidas de recorte fijadas el año pasado por el ministro José Ignacio Wert y una reforma legislativa a la que se opone frontalmente buena parte de la comunidad educativa unirán hoy por segunda vez en un año la protesta en toda España y en todos los niveles educativos.

Por un lado esas medidas de ajuste (se permitió aumentar el máximo de alumnos por aula, se incrementaron las horas mínimas de clase de los profesores y se prohibió cubrir las bajas de los docentes hasta pasadas dos semanas) se han traducido en la pérdida de plantillas (unos 60.000 profesionales, calcula CC OO, en los colegios e institutos públicos) y, con ellos, de todo tipo de apoyos y refuerzos para los alumnos con dificultades.

En la Universidad, se han endurecido los requisitos académicos para conseguir y mantener las becas y se ha aumentado de manera importante el precio de las matrículas, sobre todo, para los repetidores y en los másteres.

A la vez, el Gobierno impulsa una nueva ley educativa con la que asegura que disminuirá el fracaso escolar adelantando los itinerarios distintos para los alumnos, reforzando las materias instrumentales y estableciendo evaluaciones externas, que al final de la ESO y bachillerato serán reválidas: si no se aprueban, no se podrá seguir estudiando.

Sin embargo, para buena parte de la comunidad educativa, esa norma es la otra cara de los recortes para hacer un sistema educativo más barato, elitista y que segregue a los alumnos que van peor. Además, se quejan del apoyo a la escuela privada-concertada, a la asignatura de Religión o a las escuelas que separan por sexo.